Colombia no ha cumplido con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Organizaciones de DDHH presentan informe alternativo al séptimo informe presentado por el Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

 

[Ver resumen ejecutivo de recomendaciones]

 

La Coordinacion Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) plataforma que agrupa a 269 organizaciones de derechos humanos en el país, en alianza con otras organizaciones, presentó su informe alternativo al séptimo informe presentado por el Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco de su examen periódico que tiene lugar del 19 al 20 de octubre en Ginebra, Suiza.

 

El informe  presentado evidencia el insuficiente cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de Colombia entre los años 2010 y 2015 en 10 temas relevantes:

 

(1) Medidas adoptadas por el Estado en relación con obligaciones en materia de derechos humanos, (2) Persistencia de conflicto armado, (3) Derecho a la vida, (4) Violación al derecho a la integridad personal, (5) Derecho a la libertad y libertad de conciencia y religión; (6) Situación de las personas internamente desplazadas, (7) El derecho a la reparación de las víctimas, (8) Injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familiar, el domicilio o la correspondencia, (9) Libertades de opinión y de expresión, de reunión y de asociación, y (10) Derechos a la igualdad y la no discriminación.

 

El informe alternativo toma como referencia temporal los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos. Durante los cuales, se ha posicionado en la agenda pública el tema de los derechos de las víctimas y el proceso de paz con las guerrillas. Sin embargo, la situación de vulneración a los derechos humanos persiste con fuerza y la normatividad orientada a satisfacer los derechos de las víctimas no ha tenido la implementación adecuada y necesaria.

 

Es importante subrayar que del último examen, realizado por la ONU hace cinco años, las tres recomendaciones priorizadas por el Comité  no han sido suficientemente implementadas. Estas hacen referencia a: la posible impunidad causada por la aplicación de la ley 975 de 2005 también conocida como Ley de Justicia y Paz (recomendación 9); la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública (recomendación 14), y los seguimientos e interceptaciones ilegales a organizaciones sociales, defensoras y defensores de DDHH y periodistas (recomendación 16). Pese al seguimiento que ha efectuado el Comité al cumplimiento de estas recomendaciones, no se existen avances suficientes en estos temas.

 

El examen llega en un momento de incertidumbre para el país ante el triunfo del No en el plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC y poner en marcha su implementación. Ante esta situación, las organizaciones participes de este informe esperamos que el Comité exprese su respaldo al “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” y haga un llamado al Estado para avanzar en una pronta solución que permita iniciar la fase de implementación manteniendo en todo momento a las víctimas y sus derechos en el centro del Acuerdo.

 

Por esta razón, las organizaciones que elaboramos el informe, proponemos al Comité de Derechos Humanos formular al Estado Colombiano una serie de recomendaciones que permitan garantizar el cumplimiento del PICDP articulado a la construcción la paz. Las recomendaciones presentadas al Comité se encuentran en el resumen ejecutivo anexo y se espera que sean tenidas en cuenta por el mismo en las conclusiones y recomendaciones que éste le formule a Colombia, de forma que permitan una mejora sustancial de la situación de derechos humanos y derecho humanitario, además de una contribución a la construcción de una paz estable y duradera.