En memoria y solidaridad con las víctimas de Colombia

 Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo:

 los llamamos a despertar

Las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos que participamos de una iniciativa de trabajo conjunto, intercambio de experiencias y trayectorias organizativas, en perspectiva de democratizar la participación de las víctimas en el municipio de Manizales, hemos decidido pronunciarnos en el marco del 9 de abril, fecha instituida a través de la ley 1448 de 2011 como el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas en Colombia.

 

Hoy, en nombre de los ausentes, los presentes y aquellos que aún no nacen, en nombre de a quienes ustedes han llamado los nadie, los hijos de la noche, la tiniebla y el conflicto, en nombre de aquellos cuerpos, pensamientos y sentires condenados al silencio y la indiferencia Estatal, nos pronunciamos ante el olvido, la amnesia y desesperanza social.  Ocho años han transcurrido desde que en nuestro país tenemos la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, millones de declaraciones se han entregado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad de Restitución de Tierras. En estos años la experiencia ha dado sus lecciones históricas y tras décadas de conflicto armado y violencia socio-política, las heridas del cuerpo y el alma aún no cicatrizan. Ser víctimas, es la identidad que una y otra vez determina en el pasado y en el presente las maneras como hemos aprendido a afrontarla y vivirla. Acciones como estas nos permiten conmemorar la vida y la lucha que millones de víctimas libran cotidianamente en todos los rincones de esta patria adolorida.

 

Esperamos para nuestra vida un futuro mejor después del conflicto. El alcance y la satisfacción de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, se han constituido en la evidencia histórica de que el futuro no fue mejor, y una vez más el Estado colombiano nos ha negado y desconocido en nuestros derechos como ciudadanos. Después de vivir un conflicto armado que no era nuestro, y después de poner en el nuestra cuota de dolor, sangre y ausencias, hemos tenido que aprender a visitar oficinas, pedir ayudas humanitarias, exigir el cumplimiento de las instituciones de nuestros derechos, no como favores, sino como deberes; nada ha sido suficiente… hemos aprendido a presentar tutelas, derechos de petición y documentos elaborados conjuntamente con el Ministerio Público para que nuestros derechos sean garantizados y exigidos por parte de instituciones que son ciegas, sordas y mudas a la condición de vulnerabilidad que persiste en millones de víctimas en el país. Ocho millones trescientas siete mil víctimas están reportadas en el Registro Único de Víctimas, sólo 342.392 son reportadas con sentencias emitidas por parte de jueces que han fallado exigiendo las medidas necesarias para el restablecimiento de sus derechos.

 

Ocho años de Ley para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ocho millones de víctimas, y menos de medio millón que han tenido una respuesta efectiva con decisiones judiciales para la salvaguarda, protección y garantía de restablecimiento de derechos. El futuro de las víctimas nunca mejoro, y en esta fecha del 9 de Abril descubrimos los intereses agenciados desde la UARIV, que intenta modificar vía decreto reglamentario el componente de reparación administrativa a víctimas del conflicto, este decreto regresivo y lesivo a los derechos de las víctimas pretende marcar nuevamente un punto cero para que las millones de víctimas del país vuelvan a iniciar este tortuoso proceso de presentar toda la documentación para la presentación y tramite de “solicitudes de reparación administrativa”, ahora resulta que no solo no hay respuesta tras años de espera, sino que hay que volver a iniciar de nuevo…

 

Hoy 9 de Abril de 2018 hacemos memoria de los múltiples y reiterados incumplimientos de la institucionalidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y hacemos un llamamiento para que la academia, la sociedad civil, y de manera especial el Ministerio Público –Defensoría del Pueblo, Personería; Contraloría y Procuraduría- nos acompañen para que nuestros derechos dejen de ser una promesa incumplida, burlada y pisoteada, y se conviertan en realidad.

 

Hoy nos pronunciamos y nos resistimos a seguir siendo una cifra. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, nuestra lucha es por un trabajo justo, nuestra lucha es por la vida ante un país que nos ha condenado a la muerte y a la segregación social, nuestra lucha es por la justicia, nuestra lucha es por la paz, la libertad, la reconciliación, pero también nuestra lucha es por construir un camino hacia la solidaridad y la memoria, nuestra lucha es por la reivindicación de nuestros derechos y la dignificación de nuestra existencia.

 

 

Caldas