[FORO]: Fuerza Pública para la Paz como Garantía de NO Repetición

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana De Derechos Humanos, Democracia Y Desarrollo y la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular tienen el placer de invitarlo al lanzamiento de la de la campaña Por una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición.

 

En el marco de la 5ta semana “PensArte por la paz, los derechos humanos y las garantías de no repetición”, el próximo 7 de septiembre realizaremos el Foro por una Fuerza pública para la paz como garantía de no repetición, el cual esperamos que abra un espacio de debate alrededor de la reforma estructural a la Doctrina de Seguridad Nacional y el papel de nuestra Fuerza Pública en un contexto de posconflicto, con el objetivo de evitar la vulneración y perpetración de más crímenes de Estado.

 

Esperamos poder contar con tu participación. Inscríbete en el siguiente enlace y confirma tu asistencia: goo.gl/r2hS4H

 

Día: Miércoles 7 de septiembre

Hora: 08.00 am - 18.00 pm

Lugar: Universidad Autónoma de Colombia. Calle 12B #4-31. Salón Azul

Entrada libre

 

 

Propuesta Por una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición para alcanzar una paz estable, sostenible y duradera

 

 

La firma del acuerdo final entre las FARC y el Gobierno es un hecho histórico que deja sentadas las bases para la construcción de un nuevo país y cimienta el camino para la paz. Sin embargo, para que sea estable, duradera y sostenible deberá contar pronto con el inicio y culminación exitosa de una negociación con el ELN y una serie de reformas que ataquen las causas estructurales que dieron origen y desarrollo a la violencia estatal y al conflicto armado. Los acuerdos por una política de desarrollo agrario integral, la solución al problema de las drogas ilícitas, la participación política, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y el acuerdo sobre fin del conflicto son una hoja de ruta en la que deberá avanzar el país. De su cumplimento dependerá que se logre una paz con justicia social.

 

El periodo del postconflicto armado supone la obligación del Estado de proveer garantías de no repetición a las graves violaciones de derechos humanos. Esto implica la adecuación de las instituciones, legislación y prácticas para garantizar el pleno y efectivo goce de los mismos. Una de las primeras reformas a desarrollar es la del sector defensa y seguridad, para que rinda cuentas, respete plenamente los derechos humanos, prevenga conflictos y respete el Estado social de derecho, tal y como lo han expresado órganos interestatales de protección, como Naciones Unidas.

 

Para abordar este tema se propuso la conformación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición (CANGNR), que fue presentada el 15 de marzo de 2016 a las partes de la mesa de conversaciones en La Habana y al conjunto de la sociedad, en aras de construir propuestas para que no se repita la violencia sociopolítica en Colombia, en especial, la violencia desatada por el Estado contra el movimiento social y popular. Pese a ello, esta iniciativa no fue tenida en cuenta en la mesa de conversaciones, debido al conocido veto impuesto por el Estado a cualquier propuesta que versara sobre un cambio a la política de seguridad y la función de la Fuerza Pública.

 

Las organizaciones que impulsamos esta propuesta reconocemos los importantes avances en materia de derechos de las víctimas, alcanzados en el punto 5, y consideramos que la implementación de esta comisión complementará lo acordado y permitirá darle mayor fuerza y seguridad a las medidas tomadas frente a los derechos de las víctimas, especialmente el de la no repetición. Por tanto, proponemos que la CANGNR:

 

  • Funcione de manera paralela y complementaria al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición.

 

  • Sea imparcial, independiente y goce de plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones.

 

  • Tenga una composición mixta y cuente con expertas y expertos internacionales y nacionales comprometidos con los derechos humanos, delegados y delegadas de organizaciones sociales y políticas, así como con entidades del Estado que tengan directa responsabilidad en los temas que aborda la comisión. (Ministerio de Defensa, Ejército de Colombia, Policía Nacional, Fiscalía General, entre otros).

 

  • Cuente con un enfoque territorial, diferencial y de género.

 

  • Sus recomendaciones sean vinculantes y establezcan un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las mismas.

 

  • Esté habilitada para acceder sin reserva legal o de otra índole a los archivos y documentos del Estado que versen sobre el cumplimiento de su función.

 

 

La CANGNR pretende dar discusiones y diseñar lineamientos de políticas sobre los siguientes  seis objetivos:

 

1. Políticas de seguridad y garantía de derechos humanos

 

  • Revisar la Doctrina de Seguridad del Estado y la legislación que la desarrolla. Identificar los manuales, reglamentos e instructivos militares incompatibles con las obligaciones internacionales y adecuarlos al respeto de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los límites constitucionales.
  • Recomendar políticas públicas y legislación que garanticen el cumplimento de los derechos humanos, el reconocimiento y la reparación a las víctimas.
  • Para el cumplimiento de dichos principios, la Comisión podrá crear una subcomisión con amplias facultades  para la revisión de la Doctrina de Seguridad.

 

 

2. Revisión de antecedentes y renovación de funcionarios

  • Promover una política de revisión de antecedentes de funcionarios públicos que hayan, por acción u omisión, actuado contra los fines constitucionales del Estado, a partir de sus vínculos con grupos paramilitares.
  • Impulsar un proceso de reestructuración y renovación de personal de las instituciones de seguridad.
  • Establecer un mecanismo de evaluación permanente del desempeño de los funcionarios públicos, para evitar que se repitan alianzas con actores armados o empresas criminales.

 

 

3. Organización de archivos estatales para preservar la memoria y la verdad

  • Formular recomendaciones y realizar seguimiento a la depuración de archivos de inteligencia del Estado, con el objetivo de excluir de las bases de las Fuerzas Armadas los archivos que incriminen de manera infundada a defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, populares y de la oposición, o que ordenen operaciones que conduzcan a la violación de derechos humanos.
  • Preservar los archivos que considere necesarios para contribuir a la verdad, la memoria histórica y la reparación, y como prueba para impulsar procesos judiciales y disciplinarios.
  • Buscar y recuperar archivos ocultos.

 

 

4. Reducción de las Fuerzas Militares

  • Formular lineamientos para el ajuste del tamaño y los recursos de las Fuerzas Militares de acuerdo con el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y en un periodo de tiempo determinado.
  • Disponer de facultades para proponer medidas legislativas que regulen el número de integrantes de la Fuerza Pública, tales como la definitiva eliminación del servicio militar obligatorio y la aprobación del Servicio Social Para la Paz.

 

 

5. Reforma a la Policía Nacional

  • Con el objetivo de desmilitarizar su doctrina y su práctica, tomar las medidas necesarias para que la Policía esté supeditada al poder civil. En consecuencia, implementar acciones para trasladarla al Ministerio del Interior y fortalecer el papel de la rama ejecutiva en el ejercicio de autoridad sobre esta institución. Así mismo, en la rendición de cuentas al conjunto de la sociedad.
  • Las  funciones de la Policía Nacional deberán ser el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el respeto y garantía al ejercicio de derechos y libertades públicas.
  • Establecer mecanismos efectivos para la supervisión de sus funciones.
  • Implementar una política de desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) y diseñar protocolos que permitan que los cuerpos policiales garanticen y protejan los derechos sociales a la movilización y a la protesta pacífica.

 

 

6. Revisión  y  evaluación de la Justicia penal militar y su compatibilidad con los derechos humanos y el derecho internacional  humanitario