Grave situación de derechos humanos en Norte de Santander por accionar paramilitar

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) capítulo Norte de Santander manifiesta su preocupación y denuncia ante la comunidad nacional e internacional la grave situación de derechos humanos que se registra en esta región del país por la presencia de estructuras paramilitares.

El día de ayer Aristides Hernández, director de Anthoc en Norte de Santander,  organización que hace parte del Movice en esa región, recibió un mensaje de texto a su celular en el que el ‘Clan Úsuga’ lo declara objetivo militar y señala textualmente:
“A PARTIR DE ESTE MOMENTO LO DECLARAMOS OBJETIVO MILITAR LO TENEMOS VIGILADO LAS 24 HORAS EN EL TRABAJO Y LLASABEMOS A DONDE VIVE A NOMBRE DEL CLAN USUGA Y NO METANMAS LAS NARICES EN LAS DENUNCAS QUE ESTAN HACIENDO”

Es de recordar que el pasado 7 de abril de 2016 las 11:20 de la mañana Orangel Galvis, destacado líder de ASCAMCAT en el municipio de Hacarí, recibió una llamada amenazante por parte de un hombre que se identificó como comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde lo amenazaban de muerte a él y a su familia.

Este hecho se suma a un grave panorama de derechos humanos en el Norte de Santander. En las últimas semanas en varias zonas del departamento han circulado panfletos amenazantes firmados por grupos paramilitares, donde se incluyen listas de personas a quienes se declaran ‘objetivo militar’ y sólo en Tibú, La Playa y el Zulia en el pasado fin de semana se registraron siete asesinatos. Todo esto ocurre sin que haya una acción decidida de la fuerza pública. Entre las víctimas mortales se encuentra una joven de 20 años de edad que recibió más de 20 impactos de bala.

La población ha denunciado la presencia constante de hombres de civil armados y las amenazas han obligado a varios líderes sociales, defensores de derechos humanos y población en general a desplazarse forzosamente de su territorio.   
En entrevista dada al periódico La Opinión de Cúcuta, el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, aseguró que ha podido documentar 22 amenazas directas contra las y los defensores de la región.

Antecedentes 

En la mañana del pasado lunes 11 de abril fueron encontrados en las oficinas en Cali de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y del Movice capítulo Valle del Cauca panfletos amenazantes firmados por el autodenominado grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En los panfletos se amenaza de muerte a 15 personas de manera específica: Walter Agredo, Rodrigo Vargas, Hernán Arciniegas, Wilson Sáenz, Julián Lozano, José Milciades Sánchez, Martha Giraldo, Ariel Díaz, Edinson Méndez, Carlos Murcia, Ismael Hurtado, Henry Domínguez, Jorge Iván Vélez, Albert Quintero y Antonio Gutiérrez. Al tiempo que indica: entre otras. Sin embargo, es claro que es una amenaza contra todo el movimiento social y organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

La última semana de marzo se registró en el país un paro armado que duró dos días y que fue decretado por la estructura autodenominada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que involucraron asesinatos, quemas de buses y paralización de la movilidad de las personas en varios departamentos del norte del país, específicamente Antioquia, Córdoba, Sucre, Chocó.  

En marzo las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitamos el acompañamiento y seguimiento ante el inminente riesgo que puede  presentar  la comunidad del municipio de El Tambo, en el Cauca, por la presencia de grupos que se identifican como paramilitares y denunciamos amenazas y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos en 14 regiones del país. 

Tras consolidar y depurar la información de distintas organizaciones y fuentes señalamos que existe un aumento en el accionar paramilitar en todo el país, que del 15 de febrero al 15 de marzo produjo 28 personas asesinadas, 13 de ellas eran defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas de movimientos y organizaciones sociales; las 15 personas restantes fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como parte de una estrategia de generar terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia estos grupos. En total se han registrado 54 agresiones contra defensores. 

Exigimos 

•    Que las autoridades competentes investiguen, individualicen y judicialicen a los responsables de estos hechos. 
•    Que el Estado brinde medidas de protección políticas y materiales idóneas para la vida e integridad y de defensores y defensoras de los derechos humanos en el departamento de Norte de Santander  y en todo el territorio nacional.  
•    Que el Estado colombiano reconozca la continuidad del paramilitarismo y lo enfrente de manera decidida con mecanismos que conduzcan hacia el real desmonte de estas estructuras criminales

Norte de Santander