La vigencia de estructuras paramilitares es la principal causa de desapariciones forzadas en el Valle del Cauca

El IV Encuentro Departamental de Familiares de Víctimas De Desaparición Forzada, se llevó a cabo entre el 27 y 28 de junio en Cali. Este espacio se convirtió en un momento de reflexión sobre este grave delito, las oportunidades que traerá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y las exigencias al Estado para sacar de la impunidad los casos de miles de víctimas.

La Desaparición Forzada es usada hace décadas en nuestro país como práctica criminal que obedece a múltiples razones de carácter político, económico y social. En el Valle del Cauca, principalmente en la ciudad de Cali, Buenaventura y Norte del departamento, el delito de desaparición de personas se configura de manera más regular en razón a la vigencia de las Estructuras paramilitares.

Junto a las masacres colectivas, asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, reclutamiento forzado, la Desaparición Forzada de personas se convierte en una práctica que continúa perpetrándose en el departamento del Valle del Cauca como crimen que acentúa la impunidad en nuestro país dejando miles de víctimas directas y miles de familiares en las calles reclamando sus derechos a la verdad y la justicia. La complejidad de este crimen, los modus operandi que se utilizan, las distintas causas, han generado altos niveles de impunidad dado que, al no haber cuerpo del delito, no es fácil develar la autoría material e intelectual del crimen.

En nuestro departamento la Desaparición Forzada de personas alcanza cifras alarmantes. Uno de los municipios donde se evidencia con mayor fuerza este fenómeno es Buenaventura, donde los testimonios de familiares y comunidad en general dan cuenta de la grave situación que se ha mantenido por la comisión de este crimen contra la población Bonaverense como una manera de implantar terror y ocultar el alcance real de la violencia. Según cifras oficiales del RND (Sistema de Información, red de personas desaparecidas y cadáveres- SIRDEC) desde 1998 en Colombia han desaparecido 122.814 personas, a mayo de 2017 de ese total 9.114 personas desaparecidas son del Valle y 7877 han sido documentados en la ciudad de Cali.

Pese a que desde el año 2000 con la entrada en vigencia de la ley 589 se tipificó el delito de Desaparición Forzada y se incorporaron herramientas como el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la respuesta del Estado ha sido ineficiente respecto a la satisfacción de los derechos de las víctimas de Desaparición Forzada lo que ha consolidado la impunidad en la gran mayoría de los casos de Desaparición Forzada.

Las Víctimas de Crímenes de Estado en el Valle del Cauca saludamos la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco de la implementación de acuerdos de paz entre las Farc y el Estado colombiano, por representar para miles de familias una posibilidad de encontrar a sus familiares; insistimos en la necesidad de darle carácter territorial que garantice la participación activa de víctimas y organizaciones de víctimas al interior de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para alcanzar el reto de encontrar a los miles de desaparecidos.

Los familiares de Víctimas de Desaparición Forzada en el Valle del Cauca exigimos:

  • Garantías de participación en la creación e implementación de los mecanismos y protocolos que den desarrollo a la normatividad existente, particularmente en la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
  • Que el Estado colombiano tome las medidas necesarias para la articulación entre los diferentes entes estatales, víctimas y organizaciones de víctimas para consolidar un registro único nacional que lleve a determinar el universo de víctimas de Desaparición Forzada.
  • Fortalecimiento del Banco de perfiles genéticos y demás instrumentos de investigación que permitan los cotejos científicos con los familiares de las víctimas, garantizando el acceso digno de las víctimas.
  • Garantías para la denuncia y la investigación que permitan superar el subregistro de víctimas
  • Desmonte del paramilitarismo y de la participación criminal de agentes del Estado en la práctica de la Desaparición Forzada que sigue siendo un arma de control y persecución contra líderes del movimiento social y popular
  • Realización de campañas visibilización y sensibilización frente al flagelo de la Desaparición Forzada que permitan deslegitimar socialmente y prevenir esta práctica criminal. 

 

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