LAS MUJERES TAMBIÉN HEMOS SIDO VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

En Colombia existen miles de víctimas de crímenes de estado. Si bien un alto porcentaje de las víctimas directas son hombres, han sido muchas las mujeres, de las cuales poca información se tiene, debido no solo al subregistro que siempre ha existido, sino a las dinámicas propias que impiden a las mujeres denunciar.  Solo en 30 años, al menos 9.775 mujeres han sufrido estas victimizaciones a nivel directo. Es decir que han sido víctimas de violencia sexual, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos, de acuerdo a la base de datos del Colombia Nunca Más (CNM).

 

Adentrándonos en los casos de violencia sexual, los paramilitares – y sus grupos pos-desmovilizados en convivencia con agentes del Estado, han sido responsables de 5.993 casos de violencia sexual, de los cuales 206 han sido cometidos de manera directa por agentes del Estado[1].

 

No sólo existen formas de violencia específicamente dirigidas a vulnerar a la mujer por su condición de género, sino por su actuar en la sociedad. El primer registro de desaparición forzada que se tiene en Colombia es de Omaira Montoya,  era bacterióloga y formaba parte de las milicias urbanas del ELN, y el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla, fue detenida junto a Mauricio Trujillo Uribe por miembros del Servicio de Inteligencia (Sipec) – conocido como F2.

 

Así como Omaira, en el país se encuentran desaparecidas 1.079 mujeres colombianas, de las cuales la mitad están reportada como no identificadas. En otros crímenes de lesa humanidad cometidos contra las mujeres, 16 fueron ejecutadas extrajudicialmente y 1.574 fueron torturadas (según la base de datos CNM).

 

En el caso de las mujeres que asumen participar en política, estas son penalizadas por haberse alejado del canon tradicional que la sociedad les ha impuesto, y en consecuencia por adherirse a afiliaciones ideológicas. Así, tampoco hemos escapado al genocidio: 403 mujeres asesinadas y 14. 955 casos de allanamientos relacionados con militancia política. A esto se suman los 226 atentados de los que hemos sido víctimas.

 

Durante el año 2017, más de 145 defensoras de derechos humanos fueron agredidas, de estas, 16 fueron asesinadas. Nos preocupa no sólo el aumento de agresiones a mujeres, sino la extrema violencia usada, pues se han registrado actos de tortura, violencia sexual y sevicia[2]. En el último año, las voceras del Movice han sufrido victimizaciones por su labor en la defensa de los derechos de las victimas de crímenes de Estado en espacios nacionales y regionales. Aun queda mucho por hacer en materia de garantias para que violaciones al domicilio, amenazas, hostigamientos y atentados contra la vida de Alejandra Gaviria, Soraya Gutiérrez, Rocío Campos, Martha Giraldo, Érika Gómez, Martha Ceballos, Ingrid Vergara, Candelaria Barrios y Blanca Díaz no se vuelvan a repetir.  

 

Frente a todas estas cifras insistimos, somos muchas más. Pues impedir la denuncia las mujeres ha sido otra forma de victimización.

 

Pero además de estas mujeres que la violencia estatal nos ha arrebatado, las consecuencias de la pérdida de los seres queridos a manos de esta violencia la vivimos de manera desproporcional las mujeres: madres, hermanas, abuelas, hijas y compañeras que asumimos el compromiso de luchar por la justicia y la verdad. Ejemplo de ello son las madres de los 7.039 jóvenes ejecutados extrajudicialmente, que partieron aun sin cumplir muchos sueños, quienes a la fecha han emprendido una labor titánica para conocer el paradero de sus hijos y las razones que llevaron a una persona que habita el mismo territorio, a engañarlos para luego hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja en combate.

 

Varias mujeres han tenido que atravesar numerosos desplazamientos forzados debido a la ocurrencia reiterada de hechos de violencia en contra de ellas y de sus familias. Las amenazas, la estigmatización, los señalamientos y la ocurrencia de diferentes crímenes, evidencian una serie de estrategias que truncan o torpedean los proyectos de vida y los procesos organizativos.

 

Posterior a las victimizaciones, existen mecanismos de impunidad y revictimización, como la negligencia de los funcionarios públicos o de la Policía a recibir las denuncias realizadas por las mujeres víctimas. En estos escenarios de denuncia se menosprecia la situación de victimización, aludiendo a comentarios sexistas y que estigmatizan el sentir de la víctima, restando seriedad a los hechos ocurridos y los impactos derivados.

 

Esta negligencia también se expresa en las pocas garantías con las que cuentan las mujeres para demostrar que las tierras que tuvieron que abandonar a causa del desplazamiento forzado, les pertenecían. A pesar de que la propiedad está a nombre de su esposo, que en la mayoría de casos se encuentra desaparecido o fue asesinado, no les son entregadas las tierras a la espera de esclarecer los hechos, que muchas veces queda supeditado a la voluntad del victimario.

 

En tiempos de construcción de paz, reiteramos que la verdad integral y la satisfacción de los derechos de las víctimas de la violencia estatal son el único camino para la reconciliación y las garantías de no repetición. Como familiares y mujeres víctimas, seguiremos luchando contra la impunidad y el reconocimiento de los patrones de violencia que nos han afectado para que Nunca Más haya crímenes de Estado en Colombia. Y seguiremos, como lo venimos haciendo hace décadas, aportando a que cese la violencia y florezca la vida.

 

[1] Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. CNMH, Bogotá.

[2] Programa Somos Defensores (2018). Piedra en el zapato. Informe Anual 2017. Sistema de información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DDHH en Colombia. Bogotá, Colombia.