Las víctimas de crímenes de Estado se movilizan en 10 ciudades del país para exigir su reconocimiento público

[EN IMÁGENES] Jornada Nacional de Movilización

 

Las víctimas de crímenes de Estado se dieron cita el pasado 2 de noviembre en 10 ciudades del país para exigir su reconocimiento público y solicitar a la Fiscalía conocer de primera mano el estado de las investigaciones contra agentes estatales vinculados a la violación de derechos humanos.

 

Víctimas de la criminalidad estatal procedentes de todos los sectores sociales y políticos se concentraron en las distintas sedes de la Fiscalía General de la Nación en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Ibagué, Manizales, Pasto, Popayán, Sincelejo y Villavicencio, en un acto simbólico para señalar y repudiar las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien avaló la propuesta para que la llamada Ley de Justicia y Paz sea la encargada de juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno, en sustitución de la Justicia Transicional planteada en el acuerdo de La Habana.

 

La Ley 975 de Justicia y Paz fue impulsada por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el proceso de desmovilización de los paramilitares. Hoy, después de 10 años de su entrada en vigencia, sólo se conocen 46 sentencias, cifra que indica la ineficacia de dicho marco jurídico.

 

Colombia ocupa el escandaloso tercer lugar en la lista de países con mayor impunidad del mundo, sólo por detrás de Filipinas y México, según el Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (México), que mide de manera comparativa los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos de varios países del mundo. La impunidad supera el 98 %, cuando se trata de crímenes cometidos por agentes del Estado.

 

Diversas investigaciones indican la dimensión de los crímenes de responsabilidad estatal. El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la Fuerza Pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la Fuerza Pública en el 84 % de los casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales [1]. Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y Fuerza Pública son responsables del 69% de los casos; o con 1.982 masacres, cuya responsabilidad en el 56 % de los casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la Fuerza Pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto. 

 

Es por ello que en la sede principal en Bogotá, las víctimas presentaron un derecho de petición para que la Fiscalía aclare las investigaciones contra agentes estatales vinculados a violaciones de los derechos humanos.

 

El encuentro fue también una forma de alzar la voz para exigir que la Fiscalía nombre al equipo de apoyo de la Unidad de investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales, a cargo de Alexandra Valencia, para garantizar cuanto antes la no repetición del fenómeno paramilitar. Más allá de lo que pase con los acuerdos, el Estado debe investigar y desmontar las estructurales criminales y sus vínculos con actores políticos, económicos y militares.

 

Finalmente, las víctimas reiteraron su respaldo a los mínimos considerados en el punto 5 del acuerdo final de La Habana y mostraron su actitud decidida de participar activamente en el proceso de diálogos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

 

[1] Fiscalía Investiga más de 5.000 casos de falsos positivos. Disponible en: https://goo.gl/7rwWgo