Organizaciones de DD.HH. denuncian graves situaciones en la implementación del Acuerdo de Paz ante la CIDH

En la mañana del 23 de octubre, se llevaron a cabo dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la participación de diferentes organizaciones defensoras de DD.HH. Durante la sesión, se denunció la falta de garantías frente a las investigaciones y sanciones en contra de los máximos responsables de la Fuerza Pública, así como la falta de acciones contundentes contra el paramilitarismo por parte de la Fiscalía. Además, se expuso la gravedad de los múltiples y recientes hechos que involucran amenazas a la seguridad y la vida de los defensores/as de DD.HH.  y líderes/as sociales en el país.

 

Falta de avances y retrocesos en investigaciones a miembros de la Fuerza Pública

 

Según información de la Fiscalía, de las 787 condenas contra integrantes de las Fuerzas Militares, solo se han proferido 10 a mayores y 11 a coroneles. “Sin embargo, no existen investigaciones avanzadas ni condenas en contra de generales, comandantes de brigadas, divisiones o comandantes conjuntos ni contra integrantes de la cúpula de las instituciones de seguridad que operaron entre los años 2002 a 2010, en los que la práctica de los ‘falsos positivos’ se convirtió en una práctica masiva y sistemática”, se lee en la intervención de la segunda audiencia, que inició a las 9am.

 

La falta en el avance de las investigaciones fue notoria para Fatou Besouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI): “En reciente visita que la Fiscal de la CPI hiciera a nuestro país manifestó, al final del encuentro con las autoridades, su preocupación por la falta de juzgamiento de los máximos responsables de las ejecuciones extrajudiciales  y por la negativa de las autoridades de entregar la información solicitada para conocer los avances en las investigaciones”, se explicó en la intervención. 

 

En la tercera sección del discurso, las organizaciones se refirieron a las libertades otorgadas a integrantes de la Fuerza Pública. En mayo del presente año, fue aprobado un decreto sin soporte o sustento del Proceso de Paz en el cual, por disposición del Fiscal General, cualquier miembro de la fuerza pública investigado puede solicitar el levantamiento de la orden de captura o de la medida de aseguramiento. Aunque la “Corte Suprema de Justicia aclaró que el beneficio aplicaba para detenidos, ya se habían otorgado cientos de libertades y no contamos con información sobre recapturas”, se expresa en el texto.

 

Insuficientes acciones contra el paramilitarismo

 

Durante esta audiencia, convocada por algunas de las organizaciones pertenecientes al Movice, se denunció además la falta de acción por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien es garante del cumplimiento del Acuerdo de Paz y no ha desplegado investigaciones para esclarecer los vínculos de terceros con grupos paramilitares. “La propia fiscalía ordenó 15.743 compulsas de copias para que se investigaran actores militares, políticos y económicos, sin resultado alguno.  Esta nula actuación además de generar impunidad, dificultará la posibilidad de que ‘terceros’, es decir, empresarios comprometidos en violaciones a derechos humanos, comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz”, se reveló en la intervención.

 

Igualmente se denunció la existencia de grupos paramilitares en muchas zonas rurales del país, más exactamente en 275 municipios de ocho departamentos en los cuales se siguen presentando y registrando ataques contra líderes/as sociales y población civil. Existe una “falta de investigación de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales”, se afirmó en la intervención.

 

En el transcurso de la primera audiencia, se hizo referencia a la grave situación contra la vida de defensores/as de DD.HH. y líderes/as sociales. En lo trascurrido del 2017, se han asesinado más de 83 de estas personas sin que el gobierno tome medidas al respecto  y más de la mitad de estos casos no tienen proceso legal en curso. Más recientemente, en lo transcurrido de este mes, se ha asesinado en promedio un líder/esa social o defensor/a de DD.HH. cada dos días.

 

Vea el texto completo de la intervención [PDF]