Organizaciones de la sociedad civil internacional alertan sobre nueva ola de asesinatos y agresiones contra defensores/as de DD.HH. tras el cese al fuego bilateral y definitivo entre Gobierno y FARC

Las Organizaciones de Sociedad Civil Internacional que suscribimos el presente comunicado vemos con profunda preocupación la persistencia y recrudecimiento de asesinatos, amenazas y graves agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en varios lugares del país, luego de la declaratoria de cese al fuego bilateral en el marco del Acuerdo Final, integral y definitivo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, anunciado el pasado 27 de agosto de 2016.

 

En el transcurso del último mes, hemos tenido conocimiento de los siguientes hechos:

 

 

1. ASESINATOS (22)

Nariño (4 personas). Tumaco: Roberto Taicus Bisbicus (agosto 26), Luciano Pascal García (agosto 29), Alberto Pascal García (agosto 29); Barbacoas: Diego Alfredo Chirán Nastacuas ( agosto 26).

 

Cauca (8 personas). Corinto: Cecilia Coicué (agosto 29); Almaguer: Nereo Meneses Guzmán (agosto 29), Ariel Sotelo (agosto 29), Joel Meneses (agosto 29); Sucre: Martha Pipicano (sept. 1), Libio Antonio Álvarez (sept.1), Simón Álvarez Soscué (sept. 5), Salvador Acosta (sept.5).

 

Caquetá (3 personas). San Vicente del Caguán: Jhon Fredy Medina Perdomo (sept.7), Pablo Romero (sept.16), José Aldrual Macías Lavao (sept.16).

 

Antioquia (2) personas. Barbosa: María Fabiola Jiménez de Cifuentes (sept.8); Medellín: William García Cartagena (sept.16).

 

Bolívar (1 persona). Municipio de San Pablo: Álvaro Rincón Galán (sept.11).

 

Cesar (1 persona). Zona rural de la Sierrita: Néstor Iván Martínez (sept.11).

 

Córdoba (1 persona). Corregimiento Acadillo: Armando Bedolla Fabra (sept.10).

 

Tolima (1 persona). Municipio de Coyaima: Ramiro Culma Capera (sept.17).

 

Arauca (1 persona): Anderson Antonio Martínez Arrieta (agosto 25).

 

 

2. AMENAZAS (13) Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar (agosto 25), Judith Maldonado, Leonard Martin Rentería Valecilla4, Noralba Daza Alarcón, Antonio Santofimio, Carlos Arturo Salazar, Javier Guependo, Cristian Obdulio Trujillo y Diafanol Borrero, mototaxistas en el casco urbano de Arauquita (agosto 25) y contra un joven desmovilizado de un grupo armado ilegal de solo 19 años de edad (agosto 26), la lideresa e integrante del Movice Bogotá, Blanca Nubia Díaz (sept.2), y el 19 de septiembre circuló en el Magdalena Medio panfleto amenazante contra gremios, partidos políticos, transportadores, mineros, entre otros.

 

 

3. DESPLAZAMIENTO FORZADO (1). 18 familias del municipio del municipio de Puerto Gaitán, predios de El Porvenir, Departamento del Meta (agosto 27).

 

4. CRISIS HUMANITARIA (1). Municipio El Bagre, Antioquia, denunciada por la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua) por actos como masacres, homicidios, mutilaciones, amenazas y desplazamiento forzado, ejecutados tanto en las zonas rurales como urbanas presuntamente perpetrados por la organización paramilitar “el clan del golfo”.

 

Avanzar hacia una paz sostenible y duradera implica abrir escenarios donde la transformación de los conflictos sea posible, mediante la adopción de las reformas institucionales y estructurales necesarias, basadas en el respeto y garantía de los Derechos Humanos. En ese sentido, instamos a las autoridades colombianas competentes a:

1. Investigar prontamente estos hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales, y sancionarlos.

 

2. En el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y de la Unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales previstas por el Acuerdo, establecer e implementar medidas encaminadas al desmantelamiento efectivo y sostenible de los grupos paramilitares y bandas criminales en todas las regiones del país, y de las estructuras económicas y políticas que los sustentan.

 

3. Crear una Comisión de Alto Nivel para las Garantías de No-Repetición, que tenga como funciones revisar las políticas de seguridad del Estado, así como asegurar la puesta en marcha de reformas institucionales, en particular de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Invitamos a la Comunidad Internacional con delegación permanente en Colombia y a los organismos internacionales encargados de velar por los DDHH a hacer seguimiento a estos graves hechos, pronunciarse públicamente en el marco de sus mandatos, y mantener su labor de incidencia y monitoreo de la situación de DDHH en Colombia después de la firma del Acuerdo Final, integral y definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Manifestamos nuestra solidaridad con las familias y organizaciones víctimas de estos hechos, reiteramos nuestro compromiso con el respeto y protección de los DD.HH., requisito indispensable para avanzar en la construcción de la paz sostenible y duradera.

 

 

ESPACIO DE COOPERACION PARA LA PAZ

 

Bogotá, septiembre 22 de 2016 Mayores informes Cooppaz2016@gmail.com