[REPORTAJE MOVICE] Recordar no es vivir en el pasado, es pensar en el futuro

Por Juan Sebastián Rivera, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad de La Sabana

 

Desde que inició el evento, Alejandra Gaviria no podía evitar frotar sus labios con fuerza. Estaba nerviosa. Ese era un día clave en el que había depositado muchas esperanzas tras años de esfuerzo y trabajo de base. No fue hasta que empezó a subir las escaleras del escenario que sintió como ese sentimiento desaparecía para dar paso a otro de dignidad. Sabía que no iba a hablar sólo de ella, sino que esa era una oportunidad robada para hacerlo en nombre de las millones de víctimas de crímenes de Estado que ese día, como ya era habitual, sintieron que el Gobierno las excluyó de un día clave para Colombia.

 

Con la seguridad y firmeza que la caracteriza, se acercó al micrófono y con convicción, mirando al público y al presidente Juan Manuel Santos, pronunció un discurso que había construido en su mente y en su corazón durante años, pero que no pudo preparar para la ocasión porque su intervención no estaba programada.

 

“¿Por qué es importante que estemos hoy aquí?”, cuestionó al presidente. “Porque con nuestra presencia usted nos hace un compromiso. Usted se compromete, no con una parte de la verdad, sino con toda la verdad. Con la verdad para todas las víctimas”, expresó ante el silencio de un auditorio que no esperaba verla ahí ese día. Era 5 de abril y, sobre el escenario del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá, el mandatario llevaba a cabo el acto de firma del decreto presidencial que da vida a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

 

Alejandra todavía era una niña cuando su padre Francisco, un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Antioquia, militante del partido Comunista y dirigente de la Unión Patriótica, pasó a engrosar la lista de las millones de víctimas del Estado colombiano. Lo desaparecieron, torturaron y asesinaron un 10 de diciembre de 1987, Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, el recuerdo y el dolor de ese día Alejandra los reconvirtió en una lucha personal por la memoria de su país.

 

Fue así como se graduó en Historia y entró a participar en Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), una iniciativa que concibe la construcción de memoria como un proceso colectivo en el que todos los colombianos y colombianas son hijos de sus compatriotas asesinados y desaparecidos, fruto de la violencia sociopolítica y el conflicto armado interno. Actualmente es, además, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

 

“La memoria histórica es un concepto que las personas relacionan con el pasado, pero para mí está sobre todo relacionado con el futuro”, reflexiona Alejandra. “Es trabajar con la posibilidad de transformar aquellas dinámicas históricas que se han repetido para construir futuros distintos”, agrega.

 

Y precisamente ese será el reto de la CEV, tratar de explicar de manera extrajudicial las razones estructurales del conflicto y las responsabilidades de los distintos actores que en él confluyeron. Dado que tendrá la capacidad de emitir conclusiones que serán importantes para la Jurisdicción Especial para la Paz, su puesta en marcha marca un debate clave sobre la importancia de la memoria histórica en nuestro país y cómo y quién debe revivirla. Y es que la memoria no se limita a recopilar sensibilidades del pasado, sino que se vuelve una narrativa que hilvana el pasado, el presente y el futuro.

 

“La memoria histórica es un ejercicio que reconstruye sentidos sobre lo que ha sucedido desde distintas voces, sobre lo que ha sucedido en nuestro caso, en particular en el marco del conflicto armado, para poder contribuir a su comprensión, a su esclarecimiento, pero también a la dignificación de las víctimas”, considera por su parte Camila Medina, cabeza de la Dirección de Construcción de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

 

El organismo, surgido por mandato de la Ley de Víctimas 1448 de 2011, busca “contribuir a la reconstrucción de memoria histórica de lo que ha ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia. Con un horizonte de dignificación, de contribuir al derecho a la verdad, el deber de la memoria del Estado”, agrega Medina.

 

Aunque la gran mayoría de acciones e iniciativas encaminadas a la construcción de la memoria histórica tienen su origen en la sociedad civil, el Estado colombiano ha venido jugando un papel cada vez más grande en estos aspectos desde la creación del CNMH en 2011.

 

Hasta finales del año pasado, el CNMH daba cuenta de más de 340 iniciativas o acciones de memoria. Las hay de varios tipos: investigativas, espacios de memoria, prácticas expresivas, intervenciones públicas, archivistas, de comunicación, pedagógicas, etc., aunque no son las únicas: “La memoria no es potestad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Los grupos de víctimas, comunidades, regiones, pueblos indígenas, de género, los afros, han hecho memoria histórica durante muchos años”, aclara Medina. Para apoyar estas iniciativas, este año el CNMH cuenta con un presupuesto total de 45.072 millones de pesos, un incremento del 3,7 % respecto a 2016, según informó la misma institución.

 

Pero a pesar de esta apuesta económica del Estado por apoyar la labor del CNMH, son muchas las organizaciones que se cuestionan el papel que puede llegar a jugar esta entidad, después de que el Ministerio de Defensa entrara a formar parte del Consejo Directivo del centro, mediante el Decreto 502 del 27 de marzo de 2017.

 

“Me parece que es completamente riesgoso en términos de que puede incidir en una mirada sesgada para la CEV. Por ejemplo, en la invisibilización o en un trato desigual y asimétrico a las víctimas de crímenes de Estado”, valora Diana Gómez Correal, integrante de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad y vocera del Movice. La firmeza en su voz contrasta con la tranquilidad y la amabilidad con la que habla: “si bien las víctimas son centrales en la CEV, también hay que abrir espacios sin que las revictimicen, para que los victimarios expliquen qué ocurrió”.

 

Sus palabras surgen no solo del peso que le dan sus títulos académicos, un Ph.D. en Antropología, de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) y su Magister en Historia de la Universidad Nacional, sino de su propia experiencia. Es hija de Jaime Enrique Gómez Velásquez, asesor de Piedad Córdoba, quien, como el padre de Alejandra, fue desaparecido durante 34 días y hallado muerto el 23 de abril de 2006 en las laderas del Parque Nacional de Bogotá.

 

Para responder a dichas preocupaciones de la sociedad civil sobre la injerencia del Ministerio de Defensa, el departamento de comunicaciones del CNMH explicó que no daría ningún comentario adicional a lo expresado en el comunicado oficial publicado el 19 de abril, en el que se justificaba que “la construcción social y política de la paz, requiere de la participación de todos”.

 

Por su parte, el coronel (r) del Ejército y docente de la Universidad de La Sabana, Carlos Alfonso Velásquez, considera que la inclusión, aunque tiene unos riesgos asociados dependiendo del talante del ministro, es positiva si es “para que el país conozca la verdad de la manera más completa posible”. Así, parte de la “terminación del conflicto, parte de la aclimatación de la paz, es eso, es no ver con recelo a ninguno de los actores del conflicto, tratar de confiar en ellos”, explica. “La verdad tiene su propia fuerza, (...) y el riesgo de que no salga es cada vez menor”, agrega.

 

Ante estas posiciones encontradas, Camila Medina insiste en resaltar la autonomía del CNMH: “la puesta en marcha del Centro de Memoria Histórica no implica la construcción de una memoria oficial (...) porque justamente un ejercicio de memoria histórica parte del reconocimiento de la pluralidad. No puede haber una única memoria, una única verdad”, aclara.

 

Pero el debate sigue abierto. Aún después de creado el CNMH, la crítica de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, en especial de aquellas que agrupan víctimas de criminalidad estatal, es que persiste una tendencia de negacionismo a su condición. Hay una “invisibilización de lo que nos ha sucedido durante cincuenta años. Eso ha sido una estrategia hecha por los medios de comunicación, ha sido una estrategia hecha y promovida por organizaciones del Estado”, explica Alejandra Gaviria.

 

Nutrirse de experiencias pasadas e internacionales es siempre un mecanismo pedagógico y de intercambio, con el fin de no repetir errores. En ese sentido, la CEV puede recopilar experiencias procedentes de las comisiones de la verdad en Argentina (1983), Chile (1990), El Salvador (1992-1993), Guatemala (1997-1999) o Perú (2001-2003).

 

Y es que la memoria no se queda en algo simbólico, sino que restaura sentidos a través de una narrativa que debe pasar de lo textual a lo social. Aunque hay que tener cuidado ya que, como detalla Diana Gómez, “en general, en este contexto, las CEV funcionaron para relegitimar a los Estados. En ese sentido, un gran reto que tiene esta CEV es poder desnudar cómo ha funcionado aquí el Estado colombiano y qué cambios se deben hacer para que no vuelva a suceder”.

 

En algo en que sí hay consenso entre los distintos actores que a diario trabajan la memoria histórica en Colombia es que la memoria es de las víctimas. Con esta idea central trabajan distintas iniciativas como las Cartas de la Memoria promovidas por H.I.J.O.S., una especia de baraja de póquer realizada con los rostros de víctimas de la criminalidad estatal; o las Galerías de la Memoria, promovidas por varias organizaciones sociales como la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (Asfaddes), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), las cuales sacan a la calle las fotografías de sus víctimas para recordar a los transeúntes los deudas de Colombia en materia de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

 

“Son una forma de recordar. Son fundamentalmente las imágenes de nuestros seres queridos de distintas formas: murales, fotos u objetos que recuerdan a las personas”, que se ubican de manera itinerante en distintos lugares de la ciudad y que el Capítulo Bogotá del Movice lleva haciendo desde hace más o menos 9 años, explica Luz Marina Hache, integrante del capítulo y compañera de vida de Eduardo Loffsner Torres, activista político y sindical, desaparecido el 20 de noviembre de 1986.

 

En definitiva, son iniciativas que tratan de humanizar las cifras del conflicto -más de ocho millones de víctimas registradas históricamente por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)-. Cifras que se mantienen vigentes y crecientes, aun con el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, que ha tenido lugar en los últimos años.

 

Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de iniciativas que existen a lo largo y ancho del país –e incluso en el exterior-, donde las personas que vivieron el conflicto recrean sus propias historias y evitan que la oscuridad de la indiferencia nuble sus recuerdos. Como en el Epitafio de Borges, escapan de la sentencia de que “Ya somos el olvido que seremos” y piensan con esperanza en hacer conocer su historia, en ser recordados por la sociedad que, de otra manera, no sabría quiénes fueron sobre esta tierra.