Restitución de tierras no permite el retorno de las víctimas por concesiones de proyectos mineroenergéticos

Como Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, reiteramos nuestra solicitud para que la Ley de Víctimas se desarrolle en favor de los derechos de las víctimas y nos preocupan profundamente las irregularidades denunciadas por la Contraloría frente a los procesos administrativos de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, las falencias se extienden a los procesos de restitución de tierras, que impiden el retorno al territorio con dignidad y garantías para el desarrollo de los proyectos de vida de los que fueron despojados hace décadas las víctimas.

 

Desde que se inició la restitución en el 2012, los fallos judiciales muestran una  tendencia que restringe el derecho de las víctimas y comunidades despojadas: está prevaleciendo la protección de los intereses de las empresas dedicada a la explotación minera específicamente donde coinciden los predios de restitución con los proyectos mineros o petroleros. A pesar de que los fallos permiten restituir las tierras, en el 91 % de las  sentencias falladas por los tribunales de restitución aprueban la continuidad de los proyectos extractivos.

 

Los desplazamientos analizados, que se cometieron entre 1992 a 2012, afectan a 7.550 víctimas, que representan 1.653 núcleos familiares, de las cuales  fueron asesinadas 99 víctimas durante y después del desplazamiento en 24 municipios ubicados en 11 departamentos de Colombia.

 

Estos desplazamientos, que en todos los casos tuvieron como consecuencia un beneficio –directo o indirecto– en el desarrollo de proyectos mineros y petroleros, fueron cometidos en un 69 % por paramilitares, en un 2,7 % en conjunto entre paramilitares y el Ejército Nacional, un 17,2 % por grupos armados no identificados, y en 11 % ocasionado por grupos guerrilleros.

 

En el 95% de los casos, las víctimas de despojo u abandono forzado llevan más de una década en desplazamiento. De esta manera los proyectos extractivistas se solicitaron o aprobaron sin que las familias directamente afectadas pudieran participar o eventualmente oponerse a los mismos. Situación que podría extender su desplazamiento hasta 30 años, a pesar de ser dueños, mientras finaliza la conseción realizada.

 

Otros datos clave

 

  • No se impuso una condena directa a las personas a pesar de que no se declaró la buena fe exenta de culpa en 53,6 % de los casos (es decir, presuntos tenedores de mala fe) y solo en 23 de dichos casos se ordena explícitamente la compulsa de copias.
  • En el 62 % la Unidad de Restitución de Tierras no solicitó la cancelación de los títulos mineros o concesiones a las empresas de extractivismo.
  • La Fiscalía General de la Nación, solo en dos casos solicitó la cancelación de los títulos o concesiones de extractivismo y en una expresamente solicitó la no cancelación: una titulación colectiva de 50.000 ha.
  • Para el 2016, había 68.255 efectivos de la fuerza pública dedicados a la protección del sector mineroenergético9 de los 20 Batallones estaban accionando dentro de los predios de propiedad de las empresas directamente beneficiadas.
  • Solo un 1,4 % (609) de las investigaciones habían sido abiertas hasta febrero del 2017 frente a las 43.100 compulsas de copias de casos que tienen que ver con el delito de desplazamiento y despojo.

 

El Movice publicará la investigación ‘Tensiones entre la Política extractivista y la Restitución de Tierras y los Derechos Territoriales’ el 1 de mayo a las 2 pm en la Feria Internacional del Libro de Bogotá*.  En el libro se analizan las tensiones que surgen entre la política de restitución en el marco de la reparación a las víctimas y la aplicación de la política mineroenergética y el impulso de grandes proyectos agroindustriales, elementos claves del desarrollo impulsado desde el Gobierno Nacional.

 

La investigación realizada toma como muestra 110 de las 144 sentencias de restitución emitidas donde se superponen los proyectos o concesiones mineroenergéticas  con el territorio a restituir.

 

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