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Víctimas de crímenes de Estado presentan constancia con sus aportes a la JEP

Ante el rechazo del Gobierno a la proposición que formalizaba la participación de las víctimas de crímenes de Estado en los debates de implementación del Acuerdo de Paz, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentamos el día de ayer una constancia con las consideraciones y aportes al proyecto de Acto Legislativo Especial para la Paz 02 y 03, cuyo debate continuó este miércoles 22 de febrero, tras su inicio el día anterior.

 

El Encuentro Regional de Refugiados/as, Exiliados/as y/o Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en América Latina y el Caribe, que se realizó del 12 al 14 de junio en Quito, Ecuador, tuvo como resultado la conformación de la “Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe. Constructoras de paz”. Este espacio permite no solo compartir experiencias, sino la posibilidad de asumir posiciones colectivas en el desarrollo de la agenda programática de la defensa de derechos humanos, sobre todo en los casos de desplazamiento forzado y exilio.

La Red es una muestra más de que víctimas en el exterior, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, se vienen organizando para visibilizarse como sujetos de especial protección constitucional. Las reivindicaciones fundamentales son visibilizar la situación de los exiliados y “demandar unas medidas por parte del Estado de reconocimiento y satisfacción de los derechos de las víctimas” según declaraciones de Carolina López Giraldo, secretaria técnica del Capítulo Caldas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

“El árbol del limón es el único que no se ha secado, sigue dando frutos con alegría. Esperando que algún día se sepa quién arrebató tus sueños”, decían los versos con los que Blanca Díaz, integrante del Capítulo Bogotá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), iniciaba la conmemoración de su hija, Irina del Carmen Villero Díaz.

 

Irina fue violada, torturada y desaparecida por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La enterraron como NN en una fosa común del Cementerio Central de Riohacha. Blanca tardó más de cuatro meses en encontrarla. El caso, que ha estado bajo investigación desde que ocurrió en 2001, no ha logrado avances que lleven a los responsables del crimen frente a la justicia.

 

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos1 junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017 que ordena la suspensión de órdenes de captura y medidas de aseguramiento contra agentes de la fuerza pública como parte de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para implementar el Acuerdo de Paz suscrito con las Farc.

 

Las organizaciones que presentaron la intervención ciudadana ante la Corte, le solicitan examinar la conexidad y necesidad, o relación directa, estricta y suficiente de tramitar este Decreto por vía del procedimiento legislativo especial o Fast Track, al considerar que desborda todos los límites del Acuerdo de Paz, y de las competencias asignadas al Gobierno Nacional, y que vulnera los derechos de las víctimas.

 

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe ser de alto nivel  y sus hallazgos deben ser públicos

 

En el marco del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional, pidiendo que se declare constitucional el decreto 589 de 2017 que crea la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, creada por el Acuerdo de Paz, y que se establezcan condiciones que refuercen los derechos de las víctimas en varios aspectos. 

 

“¿Y cuándo vuelve el desaparecido?”, cantaba por primera vez Rubén Blades en 1984, “Cada vez que los trae el pensamiento”. Así, familiares y compañeros de nueve víctimas de crímenes de Estado -desaparecidos, asesinados, torturados- han decidido traer consigo a sus seres queridos: recordándolos y homenajeando la memoria de quiénes fueron y qué hicieron. Esto, por medio de un libro titulado “Recuerdo y Memoria” que recientemente fue publicado.

 

“Estas memorias son el resultado de la composición libre de textos escritos para el evento de conmemoración a la partida y a la ausencia de Pedro Nel Osorno Ospina. Nacen de los recuerdos y memorias, y sin ninguna intención de estudio, ni pretensión de recoger toda la historia, se agrupan aquí como una muestra de palabras y sentires que deambulan desde su desaparición. Como un compartir, se publican sabiendo que otras palabras y sentimientos quedan por decir”, así se lee en el prefacio del libro, cuya principal impulsora fue Lucía Osorno, hermana de Pedro Nel y miembro del Capítulo Bogotá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

 

El 1 de mayo de 2005 fue la última vez que el padre de Nicolás Neira vio sano y salvo a su hijo -en ese momento un niño de no más de 15 años-. Durante la marcha que se adelantaba conmemorando el Día de las y los trabajadores y que avanzaba por la Carrera 7ma, hacia la 1:30 de la tarde, varios agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) agredieron físicamente a Nico -como le dicen sus familiares- y causaron que, el 6 de mayo de ese mismo año, falleciera.

 

Aunque en ese momento se iniciaron investigaciones por parte de la Procuraduría y los entes de control para determinar quiénes fueron los miembros del ESMAD responsables de la tragedia, 12 años después, no ha habido resultados que lleven a la judicialización de los responsables del crimen y le permitan decir a la familia de Nicolás que se está haciendo justicia. Por este motivo su padre, Yuri Enrique Neira, ha interpuesto un derecho de petición ante el Fiscal General Néstor Humberto Martínez con el fin de obtener información que dé cuenta de los avances en la investigación.

 

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