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Decreto que suspende órdenes de captura a fuerza pública es inconstitucional

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (1) junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017

Bogotá, Colombia. 31 de julio de 2017. Las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos abajo firmantes, recibimos con beneplácito la captura de la FISCAL MARÍA BERNARDA PUENTES LÓPEZ ocurrida el 28 de julio de 2017, investigada por hechos de corrupción que favorecen a miembros de grupos paramilitares en el departamento de Bolívar.
 

MARIA BERNARDA PUENTES LOPEZ, fue la fiscal 3ª. especializada de Cartagena quien el 22 de marzo de 2017 ordenó injustamente la captura de pobladores y líderes sociales en el Sur de Bolívar y solicitó la medida de aseguramiento con componente de destierro en contra de la lideresa afrodescendiente y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar MILENA QUIROZ JIMENEZ, quien además es integrante del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre campesina, agraria, étnica y popular, por considerarla un peligro para
la sociedad por su pertenencia a estas organizaciones sociales y por organizar marchas y movilizaciones en el sur del departamento de Bolívar.
 

La reciente misión internacional de investigación realizada por el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en Colombia ha dejado serias observaciones sobre la situación de seguridad que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos en el país.

 

Los investigadores encontraron inicialmente cuatro grandes causas estructurales que explican los fenómenos de violencia contra defensores de derechos humanos, que ayudarían a explicar el asesinato de entre 59 y 134 defensores, según la fuente que se elija, en 2016.

 

La misión que visitó varios puntos del país en Bogotá, Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca, estuvo en territorio nacional entre el 11 y 19 de julio de este año. Se espera, según ha informado el Observatorio, que los resultados a profundidad de esta visita sean publicados en los próximos meses.

 

“La construcción de una paz estable y duradera pasa por el reconocimiento de responsabilidad de los crímenes cometidos por los agentes del Estado en el marco de la violencia política y el conflicto armado”, expresó Soraya Gutiérrez Argüello, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Esto en la audiencia pública sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 (que revisó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-) realizada en la mañana del 6 de junio frente a la Corte Constitucional.

 

La intervención del Movice se centró en pedir a los magistrados de la Corte precisar varios puntos del Acto Legislativo y que preocupan a las organizaciones defensoras de derechos humanos, se teme que puedan ser una puerta a la impunidad en varios crímenes cometidos durante el conflicto. Es necesario “descubrir los patrones, planes, políticas y diseños institucionales para la comisión de estos crímenes, y adoptar medidas estructurales para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir”, fue la conclusión de Soraya Gutiérrez.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y responsabilidad de terceros en Colombia en el marco del conflicto armado interno. Este periodo de sesiones, en donde participaron organizaciones defensoras de derechos humanos y el Estado colombiano, se está realizando en Lima, Perú entre el 3 y el 7 de julio.

 

La principal queja que las organizaciones presentaron en la sesión fue la lentitud en las investigaciones adelantadas por los órganos de control del Estado, que no han permitido esclarecer la magnitud de la relación entre empresarios, políticos y grupos armados ilegales. “Al día de hoy no existen avances importantes en la investigación, judicialización y juzgamiento de estos actores.  Esta es otra deuda que la Fiscalía General de la Nación tiene con la sociedad y con las víctimas”, expresaron en la introducción de la audiencia representantes del movimiento social.

 

Para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de defensores de Derechos Humanos de Antioquia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y Marcha Patriótica Antioquia, la paz estable y duradera es una condición inaplazable para el país y la construcción de una mejor democracia en la que hemos invertido nuestros históricos esfuerzos.

En tal sentido, compartimos la preocupación de Alcaldes y Gobernadores que han denunciado el avance de los grupos paramilitares en los territorios dejados por la FARC- EP en el país, especialmente Antioquia.

Sin embargo, hemos analizado en detalle la figura de las Vicealcaldías propuestas por el Gobernador de Antioquia Luís Pérez y consideramos que dicha iniciativa va en contravía de la naturaleza propia del Estado Social de Derecho.

El Encuentro Regional de Refugiados/as, Exiliados/as y/o Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en América Latina y el Caribe, que se realizó del 12 al 14 de junio en Quito, Ecuador, tuvo como resultado la conformación de la “Red de Víctimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe. Constructoras de paz”. Este espacio permite no solo compartir experiencias, sino la posibilidad de asumir posiciones colectivas en el desarrollo de la agenda programática de la defensa de derechos humanos, sobre todo en los casos de desplazamiento forzado y exilio.

La Red es una muestra más de que víctimas en el exterior, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, se vienen organizando para visibilizarse como sujetos de especial protección constitucional. Las reivindicaciones fundamentales son visibilizar la situación de los exiliados y “demandar unas medidas por parte del Estado de reconocimiento y satisfacción de los derechos de las víctimas” según declaraciones de Carolina López Giraldo, secretaria técnica del Capítulo Caldas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

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