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Víctimas y organizaciones de derechos humanos piden reconocer el origen estatal del paramilitarismo

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Fcspp, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu, que agrupa a más de 200 organizaciones a nivel nacional, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitarle que declare constitucional el Acto Legislativo 05 de 2017 que prohíbe la creación, favorecimiento, apoyo y financiación de grupos paramilitares, así como sus redes de apoyo.

 

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Las organizaciones que suscribimos este comunicado celebramos la adopción del Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica, firmado el día de hoy por representantes del gobierno nacional y la sociedad civil tras un proceso de varios años de discusión. Confiamos en que la implementación de este mecanismo permitirá generar condiciones para la convivencia pacífica en el territorio, así como el respeto y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos.

 

Durante más de tres años se convocaron varias mesas de trabajo en las cuales se estudiaron y analizaron experiencias similares en Colombia y en el exterior, se presentaron intervenciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio Público y de la sociedad civil, a partir de lo cual se construyó una hoja de ruta, también analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Por tanto, afirmamos ante la opinión pública que no fue un proceso de última hora, como algunas voces de asociaciones petroleras han asegurado. Nosotros como sociedad civil seríamos los primeros en rechazar un documento que no haya sido debidamente concertado.

Las 130 organizaciones de víctimas y de derechos humanos enviamos una carta a Iván Duque esperando que, desde el inicio de su mandato, tome todas las medidas necesarias para que la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) sea liderada por una persona que represente transparencia, idoneidad y compromiso con la paz y los derechos de todas las víctimas, especialmente de aquellas que aún no han sido reconocidas.

 

Bogotá, 27 de junio de 2018

Señor

IVÁN DUQUE

Presidente electo de la República de Colombia

Ciudad

 

Ref.: Nombramiento dirección de la Unidad para las víctimas

 

Señor Iván Duque,

 

Las organizaciones sociales, de DD.HH. y de víctimas, y los defensores y las defensoras de Derechos Humanos abajo firmantes solicitamos al Congreso de la República y al Gobierno Nacional que cumplan con todo lo pactado, discutan y aprueben las Reglas de Procedimiento de la JEP dentro del actual periodo legislativo[1]. La presente carta fue enviada a Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia; Efraín José Cepeda Sarabia, Presidente del Congreso de la República de Colombia; Iván Duque Márquez, Presidente Electo de la República de Colombia; y Alejandro Linares Cantillo, Presidente de la Corte Constitucional de Colombia. 

 

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Fcspp, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu, que agrupa a más de 200 organizaciones a nivel nacional, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitarle que declare constitucional el Acto Legislativo 05 de 2017 que prohíbe la creación, favorecimiento, apoyo y financiación de grupos paramilitares, así como sus redes de apoyo.

 

Asimismo, solicitan a la Corte que reconozca el origen estatal del paramilitarismo y como expresión de la violencia política.

 

Quienes firmamos esta carta, somos víctimas de la violencia sociopolítica y del conflicto que no ha cesado en más de 60 años. Nosotras hemos vivido diariamente el sufrimiento que genera el asesinato, el secuestro y la desaparición forzada de un ser querido. Hemos sufrido los vejámenes de una guerra degradada que hace uso del cuerpo como si fuera un botín. Somos desplazadas, despojadas de nuestros territorios, obligadas al exilio y, blanco de atentados, amenazas, montajes judiciales y detenciones arbitrarias. Nuestras organizaciones han sido violentadas e incluso desarticuladas.

 

A pesar de los profundos dolores que estos hechos han dejado en nuestras vidas, hoy sentimos que el fin del conflicto, la reconciliación y la convivencia pacífica del pueblo colombiano pueden ser una realidad, si existe voluntad política del próximo gobierno para construir una paz completa con justicia social. Esto sólo se ve reflejado en el programa de gobierno de Gustavo Petro y Ángela María Robledo.

 

24 organizaciones con presencia en el territorio y 6 víctimas suscribieron una carta dirigida a Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la misiva, se expresan las expectativas de las víctimas del departamento y se solicita un espacio de participación para que escuche las solicitudes, necesidades y expectativas de las víctimas en pro de la Reparación Integral, la memoria de las víctimas y la verdad del Conflicto en el departamento del Atlántico. 

 

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