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UNA TUTELA PARA SALVAR LA PAZ

Con el fin de garantizar la obligación histórica que tiene el Congreso de la República con la implementación normativa del Acuerdo de Paz, y agotados todos los mecanismos que desde la ciudadanía tenemos a nuestro alcance, 59 organizaciones de víctimas, políticas, sociales y defensoras de derechos humanos; y 60 líderes sociales y víctimas interpusimos una acción de tutela en contra del máximo órgano del poder legislativo y el Presidente de la República para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la implementación legislativa de lo pactado. 

[Comunicado Antioquia] Las organizaciones que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por lo acontecido el día 15 de noviembre del presente año en la plenaria del Senado, cuando se incorporaron cambios sustanciales a varios artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), entre ellos al artículo 104, el cual hace referencia a los requisitos para ser elegido como magistrado de las Salas de la JEP.

Con el fin de garantizar la obligación histórica que tiene el Congreso de la República con la implementación normativa del Acuerdo de Paz, y agotados todos los mecanismos que desde la ciudadanía tenemos a nuestro alcance, 59 organizaciones de víctimas, políticas, sociales y defensoras de derechos humanos; y 60 líderes sociales y víctimas interpusimos una acción de tutela en contra del máximo órgano del poder legislativo y el Presidente de la República para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la implementación legislativa de lo pactado. 

 

Ante los graves crímenes denunciados por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el asesinato de nueve campesinos y 18 heridos en Alto Mira y Frontera, Tumaco; y los ataques a la misión de verificación, denunciados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) manifiesta su rechazo por las explicaciones dadas desde la fuerza pública que justifican los ataques contra la población civil.

 

El General Luis Fernando Rojas Espinoza, comandante de la Tercera División del Ejército, manifestó en una entrevista a la W Radio: “Nosotros vemos que la persona responsable de estos hechos es alias Guacho, quien obliga a los campesinos de diferentes veredas, a participar de la protesta”. Esta afirmación es falsa, además, las presiones ejercidas por actores armados ilegales, no pueden convertirse en una justificación para disparar contra la población civil, atentar contra sus vidas y violar el derecho a la protesta pacífica.

 

Las organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares de víctimas que hacemos parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Valle nos pronunciamos frente a los últimos acontecimientos ocurridos en Tumaco Nariño y resguardo Kokonuko en el Cauca.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Atlántico, se solidariza con las víctimas y los familiares, producto de las agresiones y abusos de la autoridad por parte de las fuerzas conjuntas de policía y ejército. Hechos que han cobrado la vida de 6 campesinos y herido a varias decenas en las comunidades manifestantes en la zona de Alto Mira y frontera del Corregimiento de Llorente del Municipio de Tumaco, hecho ocurridos el 05 de octubre de 2017.

 

El Congreso de la República tiene el compromiso de cumplir un papel trascendental en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Una parte importante de sus integrantes ha respondido al clamor de las víctimas y de la sociedad de aprobar las reformas necesarias para la terminación del conflicto armado interno, ejemplo de ello, fue la creación el pasado mes de marzo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como elemento esencial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

 

Esta misma corporación tiene hoy en sus manos el proyecto de ley que dará viabilidad al funcionamiento de dicha jurisdicción la cual se propone hacer justicia para las víctimas de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, honrando la obligación trascendental que tiene con el pueblo colombiano de tramitar los proyectos de ley necesarios para luchar contra la impunidad y alcanzar la paz.

 

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