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Restitución de tierras no permite el retorno de las víctimas por concesiones de proyectos mineroenergéticos

Como Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, reiteramos nuestra solicitud para que la Ley de Víctimas se desarrolle en favor de los derechos de las víctimas y nos preocupan profundamente las irregularidades denunciadas por la Contraloría frente a los procesos administrativos de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, las falencias se extienden a los procesos de restitución de tierras, que impiden el retorno al territorio con dignidad y garantías para el desarrollo de los proyectos de vida de los que fueron despojados hace décadas las víctimas.

 

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A un año del Acuerdo de Paz, manifestamos a instancias internacionales que el Estado Colombiano no está respetando lo Pactado y, al contrario, ha generado un manto de impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.

 

Los tres poderes públicos del Estado Colombiano a lo largo de este año han modificado el Acuerdo Final de Paz atendiendo a los intereses de sectores políticos, económicos y militares, principalmente de alto rango. Ante este panorama, 142 organizaciones de víctimas y DDHH; y 44 personalidades, nacionales e internacionales, enviamos esta carta y se anuncia la conformación de un equipo de litigio internacional para presentar ante sus instancias los casos de los máximos responsables y solicitar que se abra de manera formal las investigaciones correspondientes. Creemos que, ante la inactividad de la justicia ordinaria y la exclusión de responsables de la justicia transicional, el único camino que nos queda para alcanzar la justicia son los estrados internacionales.

 

 En el marco del debate de la discusión de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Senado de la República aprobó anoche una disposición según la cual no podrán tomar posesión en cargos de la JEP: “quienes hayan gestionado o representado acciones en contra del Estado en materia de reclamaciones a los derechos humanos, al derechos internacional humanitario o al derecho penal internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido dicha representación [y tampoco] quienes hayan tramitado acciones ante Sistemas o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos o litigado contra el Estado Colombiano ante dichas instancias o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal actividad ”(artículos 100 y 104).

 

Frente a la aprobación en sede de Senado, las redes de derechos humanos, de mujeres, de paz y de víctimas firmantes nos permitimos señalar que:

 

[Comunicado Antioquia] Las organizaciones que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por lo acontecido el día 15 de noviembre del presente año en la plenaria del Senado, cuando se incorporaron cambios sustanciales a varios artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), entre ellos al artículo 104, el cual hace referencia a los requisitos para ser elegido como magistrado de las Salas de la JEP.

Con el fin de garantizar la obligación histórica que tiene el Congreso de la República con la implementación normativa del Acuerdo de Paz, y agotados todos los mecanismos que desde la ciudadanía tenemos a nuestro alcance, 59 organizaciones de víctimas, políticas, sociales y defensoras de derechos humanos; y 60 líderes sociales y víctimas interpusimos una acción de tutela en contra del máximo órgano del poder legislativo y el Presidente de la República para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la implementación legislativa de lo pactado. 

 

Ante los graves crímenes denunciados por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el asesinato de nueve campesinos y 18 heridos en Alto Mira y Frontera, Tumaco; y los ataques a la misión de verificación, denunciados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) manifiesta su rechazo por las explicaciones dadas desde la fuerza pública que justifican los ataques contra la población civil.

 

El General Luis Fernando Rojas Espinoza, comandante de la Tercera División del Ejército, manifestó en una entrevista a la W Radio: “Nosotros vemos que la persona responsable de estos hechos es alias Guacho, quien obliga a los campesinos de diferentes veredas, a participar de la protesta”. Esta afirmación es falsa, además, las presiones ejercidas por actores armados ilegales, no pueden convertirse en una justificación para disparar contra la población civil, atentar contra sus vidas y violar el derecho a la protesta pacífica.

 

Las organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares de víctimas que hacemos parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Valle nos pronunciamos frente a los últimos acontecimientos ocurridos en Tumaco Nariño y resguardo Kokonuko en el Cauca.

 

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