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El MOVICE celebra el acuerdo final de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP

Bogotá, 25 de agosto de 2016.- El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) celebra el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, como un hecho histórico que deja sentadas las bases para la construcción de un nuevo país con justicia social y cimienta el camino para una paz estable, duradera y sostenible.

 

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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) radicó hoy solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que la investigación por el caso de desaparición y asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza sea asumida de forma inmediata por la Unidad de Derechos Humanos.

El Movice ya había hecho esta solicitud en denuncia pública, así como en reunión sostenida con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

En la solicitud, el Movimiento pide también que las acciones de policía judicial sean asumidas por el cuerpo técnico de investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Esto, en aras de poder garantizar una investigación adecuada y acorde con la situación  que se presenta y que contribuya al esclarecimiento de los hechos. En este momento la investigación viene siendo adelantada por la Fiscalía Seccional de Zipaquirá.

El Movice reitera que los recientes hechos dan cuenta del recrudecimiento  de las acciones de agresión contra miembros del sector social colombiano y de defensores y defensoras de derechos humanos.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, (Movice) celebra la entrega del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas como un paso fundamental hacia la verdad que necesita ser conocida por el país para entender la complejidad del conflicto colombiano.

Vemos en este documento una oportunidad para abrir el debate de ideas, las concepciones de país y las bases fundamentales para encaminar aún más el proceso de paz. Estaremos atentos y atentas a desarrollar nuestros propios análisis y perspectivas para seguir aportando desde la mirada de las víctimas de crímenes de estado, por nuestra verdad, así como para la comprensión y superación del conflicto armado.

Una de las principales propuestas de las víctimas de crímenes de Estado, en el camino hacia la paz con justicia social, ha sido afirmar la necesidad de la Verdad como garante de la negociación y de los derechos de las víctimas. Celebramos, entonces, que este informe haya sido definido por la mesa de diálogos en La Habana como un insumo básico para una futura comisión de la verdad.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige que la investigación que se adelanta sobre las ‘chuzadas del DAS’ entregue prontos resultados y que se produzcan condenas ejemplarizantes contra los autores intelectuales, se esclarezcan las motivaciones políticas, así como a las personas que se beneficiaron de estos actos criminales.

Por nuestro derecho legítimo a la verdad, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se impida que personas involucradas en las investigaciones huyan del país y que las indagaciones se amplíen más allá de las interceptaciones para lograr el esclarecimiento de otros hechos criminales como amenazas, torturas y homicidios, en los que presuntamente también habría estado involucrada esta entidad.

Para las víctimas de crímenes de Estado, como afectadas directas de la “Operación Estímulo” del DAS y de otros aparatos criminales del Estado, es fundamental que se garantice la idónea conservación de las pruebas para que se permita establecer toda la verdad sobre estos hechos.

Las organizaciones sociales y de Derechos humanos del departamento del Valle del Cauca, abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el trato irrespetuoso que hemos recibido del Estado colombiano.
El día 29 de enero, del año en curso, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos asistimos al “Acto de reconocimiento a Defensoras y defensores de Derechos Humanos” convocado por el Estado colombiano, a través del Ministerio del Interior en cabeza del señor Ministro Juan Fernando Cristo, en el marco del Proceso Nacional de Garantías, evento que ya había sido aplazado en noviembre del año 2013.

El gesto de hoy expresa una vez más la falta de voluntad política del Estado colombiano para dar respuesta a la grave situación de violación de derechos humanos que viven los defensores y defensoras en el Valle del Cauca, quienes han tenido que soportar de manera sistemática agresiones contra su vida e integridad.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) radicó hoy solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que la investigación por el caso de desaparición y asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza sea asumida de forma inmediata por la Unidad de Derechos Humanos.

El Movice ya había hecho esta solicitud en denuncia pública, así como en reunión sostenida con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

En la solicitud, el Movimiento pide también que las acciones de policía judicial sean asumidas por el cuerpo técnico de investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Esto, en aras de poder garantizar una investigación adecuada y acorde con la situación que se presenta y que contribuya al esclarecimiento de los hechos. En este momento la investigación viene siendo adelantada por la Fiscalía Seccional de Zipaquirá.

El Movice reitera que los recientes hechos dan cuenta del recrudecimiento de las acciones de agresión contra miembros del sector social colombiano y de defensores y defensoras de derechos humanos.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige al Gobierno Nacional tomar medidas eficaces para impedir que continúen amenazando a víctimas y defensores de derechos humanos e insta a la Fiscalía General para que adelante investigaciones que entreguen resultados sobre los autores de estos hostigamientos y agresiones contra quienes trabajan por la paz en el país.
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La Corporación Nuevo Arcoíris denunció el 23 de octubre pasado que a su correo directo llegó un nuevo mensaje en el que el grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras amenazan de muerte a 99 personas pertenecientes a organizaciones de víctimas, sociales, étnicas, populares y políticas. Al parecer se trata de una reiteración de las amenazas realizadas a 91 defensores de derechos humanos el pasado mes de septiembre, pero con la inclusión de al menos ocho personas más. 

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