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[CARTA AL CONGRESO] La Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas no puede ser el único espacio de representatividad de las víctimas en los debates legislativos

Bogotá D.C., 27 de enero de 2017

 

 

Ref. La Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas no puede ser el único espacio de representatividad de las víctimas en los debates legislativos

 

 

Honorables congresistas,

 

 

Bogotá, 25 de agosto de 2016.- El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) celebra el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, como un hecho histórico que deja sentadas las bases para la construcción de un nuevo país con justicia social y cimienta el camino para una paz estable, duradera y sostenible.

 

Reunidas en el Eje Cafetero víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales de Colombia decidimos de manera colectiva realizar este pronunciamiento que hoy damos a conocer a la opinión pública haciendo un llamado especial a la Mesa de Conversaciones de la Habana-Cuba y al Estado Colombiano en lo que respecta a los siguientes hechos:

“Para 2015, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, registra 2.653 investigaciones por homicidio, de las cuales 167 están cerradas. 7.773 miembros del ejército han sido vinculados a estos casos que involucran 4.392 víctimas, incluyendo 183 mujeres y 223 niños y niñas. Hasta agosto habían sido condenados 838 miembros del ejército (seis coroneles, 99 oficiales, 127 suboficiales, 603 soldados y tres efectivos sin rango registrado) por su participación en 210 casos.” (Informe OACNUDH- UNHCHR 2016 )[1]

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) celebra el anuncio de un cese bilateral entre el Gobierno y las FARC-EP como un hecho histórico que deja sentadas las bases para comenzar a construir un nuevo país con justicia social y que contribuye a cimentar el camino para una paz estable y duradera.

Ha sido uno de nuestros constantes llamados para que el proceso avance sin enfrentamiento y sin hostilidades y para evitar que se produzcan nuevos hechos que victimicen a la población colombiana, así como para que se genere ambiente favorable de cara a la refrendación de los acuerdos. Insistimos en que el cese bilateral debe contar con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por las partes.

Los abajo firmantes representantes de organizaciones, movimientos políticos y sociales estamos convencidos. Con el fin de la guerra ganamos todos los colombianos. Hemos vivido el dolor de un conflicto que ha dejado más de seis millones de desplazados y doscientos veinte mil muertos, en su memoria, conscientes de que no podemos repetir esta historia ni perpetuarla en el futuro, llamamos a todas las organizaciones campesinas, ambientalistas, de mujeres, afrocolombianos, los artistas, de los sectores LGBTI, sindicalistas, animalistas, jóvenes y estudiantes a que unidos ratifiquemos el indiscutible apoyo de la sociedad colombiana al final de la guerra.

Dejamos a un lado los intereses partidarios por el interés supremo de la nación, que es vivir después de más de 50 años de guerra, en paz, por eso celebramos el anuncio realizado el día de hoy entre las comisiones de paz del gobierno y FARC-EP, con el cual da inicio al final del conflicto armado.

El caso de los desaparecidos de la vereda La Esperanza del municipio El Carmen de Viboral, en Antioquia, llegó a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual realizará audiencia este martes 21 y miércoles 22 de junio del presente año en Costa Rica.

Los hechos por los que será juzgado el Estado colombiano son los ocurridos entre junio y diciembre del año 1996 en esta vereda, donde de manera sistemática fueron desaparecidos doce campesinos habitantes de la misma y asesinado uno más.

Este jueves 2 de junio se realizó en el Congreso de la República la Audiencia Pública El deber de memoria del Estado y el derecho a la memoria de los pueblos desde las 8:00 a.m. y con la intervención de organizaciones de víctimas y de derechos humanos del país. 

El objetivo de la Audiencia fue “poner en debate público el papel que jugarán los lugares de memoria y conciencia que existen en Colombia en un escenario de posacuerdos de paz, sobre las fuentes de financiación y la autonomía que garantizarán su existencia.

Margarita Ruiz Silva, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) señaló que el deber del Estado frente a la reconstrucción de la memoria histórica debe ser una prioridad en la construcción de la paz e insistió en que las víctimas exigen la garantía de no repetición de los crímenes, pero que esto solo es posible desde una resistencia a olvidar, desde la fuerza de recordar para lograr comprender los verdaderos motivos del conflicto interno y de la violencia sociopolítica en el país y para analizar los hechos coyunturales como prácticas sistemáticas con objetivos específicos de defender una idea de Estado.

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