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Las víctimas de crímenes de Estado exigimos la implementación inmediata del acuerdo final como garantía de NO REPETICIÓN

Bogotá, 25 de noviembre de 2016.- El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional y las FARC-EP por lograr un nuevo acuerdo de paz, después de los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre. Esta apuesta decidida de todos aquellos que creemos en una solución política al conflicto armado es un gran logro que debe ser definitivo y no dilatar más su puesta en marcha. 

 

Los abajo firmantes representantes de organizaciones, movimientos políticos y sociales estamos convencidos. Con el fin de la guerra ganamos todos los colombianos. Hemos vivido el dolor de un conflicto que ha dejado más de seis millones de desplazados y doscientos veinte mil muertos, en su memoria, conscientes de que no podemos repetir esta historia ni perpetuarla en el futuro, llamamos a todas las organizaciones campesinas, ambientalistas, de mujeres, afrocolombianos, los artistas, de los sectores LGBTI, sindicalistas, animalistas, jóvenes y estudiantes a que unidos ratifiquemos el indiscutible apoyo de la sociedad colombiana al final de la guerra.

Dejamos a un lado los intereses partidarios por el interés supremo de la nación, que es vivir después de más de 50 años de guerra, en paz, por eso celebramos el anuncio realizado el día de hoy entre las comisiones de paz del gobierno y FARC-EP, con el cual da inicio al final del conflicto armado.

El caso de los desaparecidos de la vereda La Esperanza del municipio El Carmen de Viboral, en Antioquia, llegó a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual realizará audiencia este martes 21 y miércoles 22 de junio del presente año en Costa Rica.

Los hechos por los que será juzgado el Estado colombiano son los ocurridos entre junio y diciembre del año 1996 en esta vereda, donde de manera sistemática fueron desaparecidos doce campesinos habitantes de la misma y asesinado uno más.

Este jueves 2 de junio se realizó en el Congreso de la República la Audiencia Pública El deber de memoria del Estado y el derecho a la memoria de los pueblos desde las 8:00 a.m. y con la intervención de organizaciones de víctimas y de derechos humanos del país. 

El objetivo de la Audiencia fue “poner en debate público el papel que jugarán los lugares de memoria y conciencia que existen en Colombia en un escenario de posacuerdos de paz, sobre las fuentes de financiación y la autonomía que garantizarán su existencia.

Margarita Ruiz Silva, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) señaló que el deber del Estado frente a la reconstrucción de la memoria histórica debe ser una prioridad en la construcción de la paz e insistió en que las víctimas exigen la garantía de no repetición de los crímenes, pero que esto solo es posible desde una resistencia a olvidar, desde la fuerza de recordar para lograr comprender los verdaderos motivos del conflicto interno y de la violencia sociopolítica en el país y para analizar los hechos coyunturales como prácticas sistemáticas con objetivos específicos de defender una idea de Estado.

La defensora de derechos humanos y secretaria técnica del capítulo Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Ingrid Vergara Chávez, fue reconocida en el ámbito internacional por su lucha por la justicia para víctimas de crímenes del Estado y fue mencionada como una de las seis finalistas al Premio Front Line Defenders 2016 para las y los defensores de derechos humanos en riesgo. 

Tras haber recibido 126 nominaciones de 53 países, los integrantes del jurado eligieron a defensores y defensoras de Azerbaiyán, Birmania/Myanmar, Colombia, Honduras, Palestina y Tanzania. El premio se entrega anualmente a un/a defensor/a de derechos humanos que, corriendo enormes riesgos personales, contribuyó de manera excepcional a la protección y promoción de los derechos de su comunidad.

Miles de familiares de personas dadas por desaparecidas siguen esperando avances en la implementación de las MEDIDAS INMEDIATAS DE CONSTRUCCION DE CONFIANZA QUE CONTRIBUYAN A LA BÚSQUEDA, UBICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DIGNA DE RESTOS DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN DEL CONFLICTO ARMADO (Acuerdo Humanitario sobre personas desaparecidas, suscrito por las delegaciones de paz en La Habana, el 17 de octubre de 2015).

En el marco de dicho Acuerdo Humanitario, se realizaron nuevas exhumaciones en el cementerio municipal de La Macarena-Meta los últimos 15 días de febrero, nuevas familias están esperando que confirmen la identidad de sus seres queridos y nuevas entregas dignas de cuerpos de víctimas del conflicto son anunciadas para marzo, al tiempo que el próximo 12 de marzo, en La Habana, serán entregadas cerca de 300 recomendaciones sobre la implementación del Acuerdo Humanitario, elaboradas por 90 organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, forenses y psicosociales de la Mesa de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas de la Coeuropa.

A sabiendas que en Colombia hemos vivido por más de 50 años inmersos en un conflicto sociopolítico, presentadopor la disputa y control del territorio, entre los diferentes actores armados y el estado,  lo que ha generado la desapropiación y  enajenación de los recursos materiales, naturales y energéticos en las diferentes regiones; situación que ha causado millones de víctimas por afectación de diferentes hechos victimizantes: Desplazamiento Forzado, Secuestro, Desaparición Forzada, Violaciones Sexuales, Minas Antipersonas, Reclutamiento Forzado de Menores, Homicidios, Masacres, Actos Terroristas, Hostigamientos, Amenazas y Ejecuciones Extrajudiciales. Conllevando a la descomposición social, empobrecimiento, afectaciones a la salud física y emocional de las comunidades en general.

Producto del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, movimiento de víctimas, plataformas de paz, movimiento social de mujeres y redes, se creó la ley 1448 del 2011(ley de víctimas y restitución de tierras), esta ley con un objeto muy concreto de:

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