Comunicados

Víctimas y organizaciones de derechos humanos piden reconocer el origen estatal del paramilitarismo

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Fcspp, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu, que agrupa a más de 200 organizaciones a nivel nacional, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitarle que declare constitucional el Acto Legislativo 05 de 2017 que prohíbe la creación, favorecimiento, apoyo y financiación de grupos paramilitares, así como sus redes de apoyo.

 

Páginas

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Fcspp, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu, que agrupa a más de 200 organizaciones a nivel nacional, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para solicitarle que declare constitucional el Acto Legislativo 05 de 2017 que prohíbe la creación, favorecimiento, apoyo y financiación de grupos paramilitares, así como sus redes de apoyo.

 

Asimismo, solicitan a la Corte que reconozca el origen estatal del paramilitarismo y como expresión de la violencia política.

 

Quienes firmamos esta carta, somos víctimas de la violencia sociopolítica y del conflicto que no ha cesado en más de 60 años. Nosotras hemos vivido diariamente el sufrimiento que genera el asesinato, el secuestro y la desaparición forzada de un ser querido. Hemos sufrido los vejámenes de una guerra degradada que hace uso del cuerpo como si fuera un botín. Somos desplazadas, despojadas de nuestros territorios, obligadas al exilio y, blanco de atentados, amenazas, montajes judiciales y detenciones arbitrarias. Nuestras organizaciones han sido violentadas e incluso desarticuladas.

 

A pesar de los profundos dolores que estos hechos han dejado en nuestras vidas, hoy sentimos que el fin del conflicto, la reconciliación y la convivencia pacífica del pueblo colombiano pueden ser una realidad, si existe voluntad política del próximo gobierno para construir una paz completa con justicia social. Esto sólo se ve reflejado en el programa de gobierno de Gustavo Petro y Ángela María Robledo.

 

24 organizaciones con presencia en el territorio y 6 víctimas suscribieron una carta dirigida a Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la misiva, se expresan las expectativas de las víctimas del departamento y se solicita un espacio de participación para que escuche las solicitudes, necesidades y expectativas de las víctimas en pro de la Reparación Integral, la memoria de las víctimas y la verdad del Conflicto en el departamento del Atlántico. 

 

Washington D.C. – Bogotá D.C., 30 de mayo de 2018. Hoy, 73 congresistas estadounidenses remitieron una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresando su preocupación respecto a la grave situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, en el contexto de la implementación de un histórico Acuerdo de Paz.

 

  • La medida obedece a que 222 líderes, lideresas y defensores de DD.HH han sido asesinados tras la firma de paz en el Colón.
  • Se denuncia constante intimidación, persecución y altos niveles de impunidad.
  • Según la Defensoría del Pueblo, a  pesar del reconocimiento de la gravedad de la situación el Estado ha sido incapaz de implementar políticas públicas para su protección.
  • A la fecha, la solicitud de esta medida colectiva es la más importante a nivel  internacional,  equiparable al caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en México

 

Como Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, reiteramos nuestra solicitud para que la Ley de Víctimas se desarrolle en favor de los derechos de las víctimas y nos preocupan profundamente las irregularidades denunciadas por la Contraloría frente a los procesos administrativos de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, las falencias se extienden a los procesos de restitución de tierras, que impiden el retorno al territorio con dignidad y garantías para el desarrollo de los proyectos de vida de los que fueron despojados hace décadas las víctimas.

 

Desde que se inició la restitución en el 2012, los fallos judiciales muestran una  tendencia que restringe el derecho de las víctimas y comunidades despojadas: está prevaleciendo la protección de los intereses de las empresas dedicada a la explotación minera específicamente donde coinciden los predios de restitución con los proyectos mineros o petroleros. A pesar de que los fallos permiten restituir las tierras, en el 91 % de las  sentencias falladas por los tribunales de restitución aprueban la continuidad de los proyectos extractivos.

 

Páginas

Suscribirse a RSS - Comunicados