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MOVICE Capitulo Atlántico condena el asesinato de compañero Bernardo Cuero Bravo perpetrado por desconocidos

Barranquilla, 9 de junio de 2017

Con profundo dolor nos permitimos denunciar ante la comunidad nacional e internacional el asesinato de Bernardo Cuero Bravo ocurrido en el municipio de Malambo, Atlántico. El día 7 de junio de 2017, desconocidos cegaron la vida de este gran líder de Víctimas, Fiscal Nacional de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados-AFRODES, representante legal de la Asociación de Desplazados por Vivir de Malambo-ADEVIM, delegado de la Junta de Acción Comunal y miembro la Mesa de Víctimas del Municipio de Malambo y del departamento de Atlántico.

Barcelona, 29 de mayo de 2017

Señor Presidente
Juan Manuel Santos Calderón
Bogotá-Colombia

 

El riesgo de la memoria, el riesgo de la verdad

 

De nuestra mayor consideración.

 

Las organizaciones abajo firmantes de refugiadas/os, exiliadas/os y migrantes colombianas/os y población LGTBI víctima del conflicto armado interno, asistentes al Encuentro Internacional de Memoria: Exilio y Género realizado del 15 al 17 de mayo en Barcelona (Catalunya-Estado Español) y las organizaciones acompañantes en los países de acogida, reconocemos la importante labor que ha desarrollado el Centro Nacional de Memoria Histórica para dar voz a las víctimas.

 

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe ser de alto nivel  y sus hallazgos deben ser públicos

 

En el marco del seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, presentaron una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional, pidiendo que se declare constitucional el decreto 589 de 2017 que crea la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, creada por el Acuerdo de Paz, y que se establezcan condiciones que refuercen los derechos de las víctimas en varios aspectos. 

 

En Buenaventura “Desde la madrugada del día 02 de Junio de 2017 se presenta una arremetida brutal por parte de la fuerza pública”, así fue denunciado por la Comisión de Veeduría de Derechos Humanos para el Paro Cívico en su boletín número 6 de seguimiento al Paro Cívico en uno de los principales puertos del país. 

 

Inclusive se ha advertido que hacia las 2:30 de la mañana se empezaron a lanzar gases lacrimógenos desde un helicóptero que sobrevolaba la Comuna 6, a la altura del Barrio Isla de Paz. Esta situación obligó a los habitantes del sector a abandonar sus hogares y trasladarse, buscando refugio, hacia lugares aledaños como el Barrio Cima.  

 

El Comité de Veeduría ha calificado las actuaciones de la fuerza pública como un “tratamiento de guerra a Paro Cívico” tras un incremento en el pie de fuerza en la zona con la llegada de “400 hombres del ESMAD y policía fuertemente armados, más de 6 tanquetas, 20 carros de policía y 50 motos”, según se lee en el Boletín 06 del Comité. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública y a la Corte Constitucional, con el fin de expresar nuestro respaldo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Consideramos que su creación por el Congreso de la República mediante el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2017 y su posterior organización por el Decreto Ley 589 de 2017 es un avance importante en la satisfacción de los derechos de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en la materia, exigidas continuamente por los movimientos sociales y de víctimas.

 

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública y a la Corte Constitucional, con el fin de expresar nuestro respaldo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Consideramos que su creación por el Congreso de la República mediante el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2017 y su posterior organización por el Decreto Ley 588 de 2017 cumple con las expectativas y requerimientos de los diferentes movimientos sociales y de víctimas, y muestra un progreso en el compromiso del Estado, a través de sus diversas ramas del poder, de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto y la sociedad. Varias de las organizaciones firmantes pertenecemos desde hace cerca de dos años a la Mesa por la Verdad, espacio que tiene por objetivo el impulso y la exigibilidad del buen funcionamiento de la CEV.

 

Más de 50 organizaciones de víctimas y de derechos humanos se pronunciaron este viernes 5 de mayo para denunciar la expedición del Decreto 706 de 2017, el cual suspende todas las órdenes de captura contra miembros de la Fuerza Pública procesados que hayan cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, en el marco o con ocasión del conflicto armado, algo intolerable para las víctimas de crímenes de Estado que sienten vulnerados una vez más sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.

 

De esta forma, el trato “diferencial” para agentes del Estado ahora pasa a ser “preferencial”, desconociendo un elemento transversal de la aplicación de medidas diferenciales, como es la posición de garante que ocupan los miembros de la Fuerza Pública respecto de los ciudadanos, lo que implica que, si cometen un delito, la sanción debe ser más drástica.

 

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