Derechos Humanos

“No le debemos nada a la justicia”, consigna de líderes y lideresas sociales

En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación se presentaron, el 12 de junio, alrededor de 25 líderes y lideresas sociales sobre los que pesan investigaciones y, en algunos casos, incluso se habló de órdenes de captura. Estos procesos, según han denunciado varias organizaciones sociales que los acompañaron, hacen parte de una persecución judicial al movimiento social por parte de los organismos estatales.

En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación se presentaron, el 12 de junio, alrededor de 25 líderes y lideresas sociales sobre los que pesan investigaciones y, en algunos casos, incluso se habló de órdenes de captura. Estos procesos, según han denunciado varias organizaciones sociales que los acompañaron, hacen parte de una persecución judicial al movimiento social por parte de los organismos estatales.

“Queremos manifestar que hoy, con nuestra frente en alto, venimos a reivindicar el hecho de ser líder y lideresa social”, expresó Marylen Serna, vocera del Congreso de Los Pueblos y una de las lideresas que se presentó ante al ente investigador. “Justamente la lucha por la vida y la defensa de los derechos humanos es otra de las razones que nos tiene aquí… Nos ha llevado a que los organismos del Estado nos judicialicen, nos amenacen y nos persigan”, afirmó.

La comunidad, principalmente personas desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad, solicita garantías para evitar represiones de la Polícia Militar que hace tres días hace presencia. Desde hace dos años, se oponen a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que afectaría su calidad de vida.

La construcción de casas y apartamentos de interés social se ubica al occidente de la ciudad. En el lote continuo, la administración continúa las obras a pesar de las audiencias y la oposición de los habitantes del sector.

 

Popayán, 13 de junio de 2017

Alerta Temprana

Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos abajo firmantes solicitamos el acompañamiento y seguimiento ante el inminente riesgo que puede presentar a la comunidad del Valle del Ortigal en el municipio de Popayán frente a la presencia excesiva de fuerza pública, Policía.

Hechos:

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos1 junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017 que ordena la suspensión de órdenes de captura y medidas de aseguramiento contra agentes de la fuerza pública como parte de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República para implementar el Acuerdo de Paz suscrito con las Farc.

 

Las organizaciones que presentaron la intervención ciudadana ante la Corte, le solicitan examinar la conexidad y necesidad, o relación directa, estricta y suficiente de tramitar este Decreto por vía del procedimiento legislativo especial o Fast Track, al considerar que desborda todos los límites del Acuerdo de Paz, y de las competencias asignadas al Gobierno Nacional, y que vulnera los derechos de las víctimas.

 

 

COMUNICADO PÚBLICO:

AFRODES CONDENA EL ASESINATO DEL HERMANO BERNARDO CUERO BRAVO, FISCAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 
Con profundo dolor y pesar AFRODES se permite denunciar ante la opinión pública nacional e internacional el vil asesinato del que fue víctima el compañero y hermano Bernardo Cuero Bravo hoy miércoles 7 de junio del 2017. Bernardo se desempeñaba como Fiscal Nacional de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados-AFRODES, representante legal de la Asociación de Desplazados por Vivir de Malambo-ADEVIM, delegado de la Junta de Acción Comunal y miembro la Mesa de Víctimas del Municipio de Malambo y del Departamento del Atlántico. Los hechos ocurrieron siendo aproximadamente las 7:00 pm. en su casa ubicada en el barrio Villa Esperanza de Malambo, Atlántico. Dos hombres llegaron en una moto de color negro mientras que él observaba un partido de fútbol, preguntaron si en el área arrendaban apartamento, cuando Bernardo se acercó para atender a los sujetos uno de ellos sacó un arma y lo último en presencia de su compañera y demás familiares y luego huyeron del lugar.  

Por Juan Sebastián Rivera, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad de La Sabana

 

Desde que inició el evento, Alejandra Gaviria no podía evitar frotar sus labios con fuerza. Estaba nerviosa. Ese era un día clave en el que había depositado muchas esperanzas tras años de esfuerzo y trabajo de base. No fue hasta que empezó a subir las escaleras del escenario que sintió como ese sentimiento desaparecía para dar paso a otro de dignidad. Sabía que no iba a hablar sólo de ella, sino que esa era una oportunidad robada para hacerlo en nombre de las millones de víctimas de crímenes de Estado que ese día, como ya era habitual, sintieron que el Gobierno las excluyó de un día clave para Colombia.

 

Con la seguridad y firmeza que la caracteriza, se acercó al micrófono y con convicción, mirando al público y al presidente Juan Manuel Santos, pronunció un discurso que había construido en su mente y en su corazón durante años, pero que no pudo preparar para la ocasión porque su intervención no estaba programada.

 

Este martes 23 de mayo se llevó a cabo en la Sala de Medios del Senado de la República una rueda de prensa convocada por más de 80 organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos, en la cual se hicieron públicas las propuestas conjuntas para la reforma de la Ley 1448, tanto a nivel de tierras como de atención a víctimas. A esta iniciativa, que supuso meses de trabajo articulado entre todas las organizaciones, se sumó la preocupación de las víctimas de que la Corte Constitucional y el Congreso puedan limitar el alcance real del Acuerdo de Paz durante el proceso de implementación legislativo, que se está llevando a cabo por vía Fast-Track.

 

“Las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos abajo firmantes hacemos un llamado urgente al Congreso de la República a mantenerse a la altura del compromiso histórico y político que demanda la implementación del Acuerdo final de Paz”, manifestaron las 85 organizaciones firmantes en un comunicado de prensa que, a su vez, se convirtió en un llamado por que la paz no se convierte en un botín electoral.

 

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