Derechos Humanos

Más de 80 organizaciones sociales, de DD.HH. y de víctimas se unen para presentar reforma a la Ley 1448 y exigir a los congresistas compromiso con la paz

Este martes 23 de mayo se llevó a cabo en la Sala de Medios del Senado de la República una rueda de prensa convocada por más de 80 organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos, en la cual se hicieron públicas las propuestas conjuntas para la reforma de la Ley 1448, tanto a nivel de tierras como de atención a víctimas. A esta iniciativa, que supuso meses de trabajo articulado entre todas las organizaciones, se sumó la preocupación de las víctimas de que la Corte Constitucional y el Congreso puedan limitar el alcance real del Acuerdo de Paz durante el proceso de implementación legislativo, que se está llevando a cabo por vía Fast-Track.

En repetidas ocasiones, los líderes y defensores de derechos humanos presentes en San José de Apartadó han denunciado públicamente la incursión paramilitar que sufre este corregimiento. La presencia permanente de estos grupos en las diferentes veredas y en las zonas donde anteriormente se encontraban el frente 5 y 58 de las FARC –EP antes de su traslado a la Zona Veredal Transitoria de Normalización, dejan ver la ausencia de la autoridad por parte del Estado y el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad.

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Sucre conmemora hoy los 7 años del asesinato del defensor de Derechos Humanos y miembro del movimiento ROGELIO ANTONIO MARTÍNEZ MERCADO. Para el Movice, Rogelio ha estado presente todos estos años, caminado con nosotros y nosotras en la lucha por la defensa del territorio, por la memoria y contra la impunidad, con la que día a día nos hemos de enfrentar las víctimas de crímenes de Estado en un país que se jacta de ser uno de los más democráticos de América.

Después de estos 7 años es necesario hacer memoria sobre el  terror de la estrategia paramilitar, el horror del asesinato de al menos 3.000 personas en San Onofre, la perpetración de casi 75 masacres en Montes de Maria desde 1999 a 2000, las innumerables fosas comunes, el desplazamiento forzado de 254.223 personas en Sucre y de 2.162 familias de San Onofre. Contra esta terrible realidad luchó permanentemente Rogelio, el hombre que se caracterizaba por sembrar flores. “Sembrando flores se alegra el territorio”, nos decía siempre.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la persistente violación de derechos humanos en Colombia, a pesar del proceso de negociación que se adelanta en el país y los compromisos asumidos por el gobierno nacional en el propósito de implementar los acuerdos de paz.

 

En los últimos meses se han incrementado las amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos; hombres y mujeres que se han destacado, no solo por defender los derechos de la población colombiana, sino por contribuir en la construcción de una sociedad justa y en paz; esta intencionalidad los ha convertido en objetivo de quienes alientan la guerra en Colombia.

 

En esta oportunidad denunciamos las nuevas amenazas contra la vida del compañero Francisco Ramírez Cuellar, sindicalista y defensor de los derechos humanos de las y los trabajadores del sector minero-energético.

 

Saravena-Arauca, 10 de Mayo de 2017

 

Desde el año pasado, hemos venido denunciando a nivel nacional el recrudecimiento de la actuación paramilitar en los territorios, el asesinato de más de 150 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos durante el 2016 y más de treinta (30) en lo corrido del 2017, las amenazas de los grupos paramilitares, a través de panfletos, contra procesos sociales entre ellos el Congreso de los Pueblos. A pesar de estas denuncias, el Gobierno nacional sigue insistiendo en que no existen estructuras de este tipo, ni se ven avances en los procesos penales.

 

Nuestra región no es ajena a esa realidad, el día de ayer, 9 de mayo de 2017, fueron capturadas en el casco urbano del municipio de Arauca capital, 11 personas, 9 de ellas provenientes de Antioquia, uno de la Costa y otro Araucano, a quienes se les incautó armas de fuego, municiones y tres motocicletas de alto cilindraje, quienes fueron dejados en libertad por el Juez de control de garantías, al parecer por fallas en el procedimiento de captura.

 

Recibimos con indignación la noticia que el Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá, decretó la “libertad transitoria condicionada y anticipada” del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, en virtud de los beneficios que de manera desproporcionada la ley de Amnistía – 1820 de 2016 – le otorga a los agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y lesa humanidad.

 

Villavicencio – Meta, mayo 7 de 2017

 

En nuestra condición de víctimas sobrevivientes de las masacres de Mapiripán – Meta – ocurridas entre los años 1997 y 1998, alzamos nuestras voces con rechazo e indignación al conocer que el único alto mando militar hallado responsable y condenado por estos crímenes, fue dejado en libertad el pasado cinco de mayo sin haber aportado a la verdad, sin haber reparado a las víctimas, y en un contexto en el cual continuamos siendo, estigmatizadas, amenazadas y revictimizadas.

 

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, presentaron el pasado 26 de abril de 2017 una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional sobre la Ley 1830 de 2017 que regula las vocerías en el Congreso de la República para el debate de las normas que se tramiten por vía rápida o Fast Track.

 

Con esta intervención se busca que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la participación de las víctimas de Crímenes de Estado que fue rechazada por el Congreso el pasado mes de febrero cuando el senador Iván Cepeda presentó una intervención en este sentido que fue rechazada en el trámite de la mencionada Ley.

 

La proposición tuvo su origen en una similar aprobada al senador Juan Manuel Galán quien solicitó la participación de la Mesa Nacional de participación efectiva de las Víctimas, creada bajo la Ley 975, a nombre del universo de las víctimas, en los debates legislativos.

 

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