Derechos Humanos

Agente del ESMAD admite culpabilidad en encubrimiento del asesinato de Nicolás Neira

Más de doce años después del asesinato de Nicolás Neira -un niño de 15 años-, por acciones de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una movilización del primero de mayo, los responsables son señalados. El entonces capitán Julio César Torrijo Devia –quien desde 2011 se encuentra pagando una condena por narcotráfico-, aceptó en una audiencia, realizada en los juzgados de Paloquemao el 4 de agosto, cargos por haber encubierto al agente Néstor Julio Rodríguez Rúa, responsable por el homicidio del niño.

Hacia las 10 de la mañana del miércoles 12 de julio, se adelantó en el Museo Casa de la Memoria, el Panel: Presencia de los ausentes. Homenaje a la memoria de los desaparecidos. En este espacio se compartieron experiencias de familiares de víctimas de desaparición forzada de Colombia, Guatemala y Nicaragua. Entre los panelistas estuvo Martha Soto, Secretaria Técnica del Capítulo Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), dando un testimonio sobre su desaparecido hermano Jorge Enrique Soto.

 

“Hoy quiero comenzar recordando y evocando ese abrazo fuerte,  lleno de amor que nos dimos   la última vez que nos encontramos;  con esa palabra ‘Cuídate’ que estaba llena en tu caso de hablarle a tu hermanita menor y en el mío a todo lo que sabíamos podría llegar a suceder”, así empezó la intervención de Martha Soto. En ella relató a su hermano, siempre presente en su memoria, lo que ha sido de sus compañeros de causa política en tantos años desde su desaparición. La intervención de Martha es una promesa a no olvidar y a no desistir de una lucha por la verdad y por justicia en el caso de su hermano.

 

20 años se conmemoran de las masacres ocurridas en Mapiripán – Meta entre julio  de 1997 y mayo de 1998, cuando  aproximadamente un centenar de integrantes del grupo paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC, estrategia de terror promovida por altos oficiales del Ejército Nacional, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a decenas de civiles, desplazando a millares de ellos. “Habrán muchos más mapiripanes” dijo Carlos Castaño el jefe paramilitar de la época, regando de sangre el territorio nacional.

 

La masacre que hizo parte del proyecto de expansión paramilitar en los llanos orientales, se inició  en el casco urbano del municipio de Mapiripán, fue avanzando por veredas y corregimientos como Puerto Alvira, La Cooperativa, Charra, entre otras, convirtiéndose quizás en uno de los hechos más macabros de la historia reciente de nuestro país.

 

El IV Encuentro Departamental de Familiares de Víctimas De Desaparición Forzada, se llevó a cabo entre el 27 y 28 de junio en Cali. Este espacio se convirtió en un momento de reflexión sobre este grave delito, las oportunidades que traerá la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y las exigencias al Estado para sacar de la impunidad los casos de miles de víctimas.

La Desaparición Forzada es usada hace décadas en nuestro país como práctica criminal que obedece a múltiples razones de carácter político, económico y social. En el Valle del Cauca, principalmente en la ciudad de Cali, Buenaventura y Norte del departamento, el delito de desaparición de personas se configura de manera más regular en razón a la vigencia de las Estructuras paramilitares.

La comunidad Catalana ha mostrado su apoyo a la tarea de activistas, líderes de las comunidades y las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia. Recientemente en una declaración institucional, leída en el Parlamento de Cataluña, ha mostrado su preocupación por la grave situación de violencia que se presenta contra los líderes sociales, aun después de firmado el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC.

 

“Colombia se encuentra en un momento histórico de construcción de paz, pero esta paz no puede suponer más impunidad”, dice la declaración, “Sin justicia no habrá paz real, y es por ello que se tiene que garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

 

Luego de ser identificados, el 7 y 9 de junio se realizó la entrega de cuerpos en el marco de la campaña “Contemos la Verdad ¡porque todas las personas no identificadas tienen una historia!” adelantada por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (CsOFB) en el departamento del Meta.

La ceremonia que tuvo lugar el miércoles 7 se realizó en el Hotel Santa Bárbara, entre Acacias y Villavicencio, hacia las nueve de la mañana. Las familias de Ferney Echeverri Bermúdez, Yeiler Andrés Cubides Zuluaga y Robinson Luango Rodríguez, pudieron recibir dignamente los restos de sus seres queridos. Lo mismo ocurrió con las familias de Fabián Alejandro Aguirre Urrea y de Miller Malver Lozano, esta vez el viernes 9 en el municipio de Vista Hermosa.

 

Avance de las medidas humanitarias inmediatas

En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación se presentaron, el 12 de junio, alrededor de 25 líderes y lideresas sociales sobre los que pesan investigaciones y, en algunos casos, incluso se habló de órdenes de captura. Estos procesos, según han denunciado varias organizaciones sociales que los acompañaron, hacen parte de una persecución judicial al movimiento social por parte de los organismos estatales.

“Queremos manifestar que hoy, con nuestra frente en alto, venimos a reivindicar el hecho de ser líder y lideresa social”, expresó Marylen Serna, vocera del Congreso de Los Pueblos y una de las lideresas que se presentó ante al ente investigador. “Justamente la lucha por la vida y la defensa de los derechos humanos es otra de las razones que nos tiene aquí… Nos ha llevado a que los organismos del Estado nos judicialicen, nos amenacen y nos persigan”, afirmó.

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