Derechos Humanos

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas no será una Entidad de Alto Nivel como se firmó en el Acuerdo Final de Paz

Una diferencia sustancial entre la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se encuentra en el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera celebrado entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP con respecto a la naturaleza jurídica de estas entidades es que mientras se dispone que la Comisión de la Verdad “Será un órgano temporal y de carácter extra-judicial”, con respecto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas se acordó que “Será una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial”

foto CCALCP

 

 

[VÍDEO] Emergencia Humanitaria en el Catatumbo - Comisión de Verificación

 

 

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos convocaron de manera extraordinaria el 17, 18 y 19 de febrero a la Comisión de Verificación Solidaridad con el Catatumbo, ante las denuncias de campesinos e indígenas sobre la presencia de paramilitares en la región.

 

Aunque el Ministro de Defensa, integrantes del Ejército Nacional y algunos medios de comunicación desmintieran la presencia paramilitar en este territorio, la Comisión documentó las denuncias de la comunidad que ratifican la veracidad de los hechos. Así mismo, el rechazo de los habitantes a la militarización de la zona como respuesta del Estado a su seguridad, lo que ha aumentado la zozobra de la población catatumbera ante la desconfianza que dejó la masacre paramilitar de La Gabarra desde el año 1999 y los casos de falsos positivos que a partir del 2006 se hicieron frecuentes, y que relacionan de forma directa a la Fuerza Pública.

 

Ante los graves hechos sucedidos el 9 de febrero de 2017 en el lugar Km. 40 vía la Gabarra en Tíbu – Norte de Santander, muy cerca de la base militar del Ejército Nacional, en donde la comunidad denunció la presencia de alrededor 15 hombres armados y uniformados quienes se identificaron como integrantes de un grupo paramilitar, hechos ocurridos durante el traslado de guerrilleros y guerrilleras de Farc-Ep hacia la ZVTN ubicada en Caño Indio-Tibú.

 

Las comunidades campesinas denunciaron que a la zona en mención llegaron hombres con vestimenta de camuflados y armados, quienes los amenazaron y dieron la orden de desplazarse porque iban a controlar la zona. La zozobra y el terror sobrecogieron aún más a la comunidad, con las respuestas de negación por parte de autoridades civiles y militares de que en la zona no hay grupos paramilitares.

 

La Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los hechos amenazantes, intimidatorios y de extorsión ocurridos el 2 de febrero de 2017 por parte de un grupo paramilitar que se denominan El Clan Usuga de Puerto Gaitán, contra el Señor Omar Elkin Salgado Beltrán, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Matarraton y líder del Proceso de Tierras, cobijado con la sentencia de la Corte Constitucional SU426/16, que les da el derecho a la tierra y el territorio y por lo cual han tenido que sufrir persecución sistemática.

En el Porvenir de manera constante hay amenazas, intimidaciones, se reporta a las autoridades la situación y hasta ahora no vemos resultados efectivos, no combaten a los grupos paramilitares, los invasores de tierras continúan ocupando de manera ilegal los predios del Porvenir sin que la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades del Estado hagan cumplimiento efectivo a la SU426/16 que emite la Corte Constitucional.

 

I. HECHOS:

Colombia, 2 de Febrero de 2017: Ante los gestos humanitarios que realizaron el Gobierno Nacional y el ELN, felicitamos a las partes por la voluntad política que han tenido. Su compromiso  buscando salidas y estableciendo acuerdos previos para lograr la instalación de la Fase Pública de negociaciones el próximo 7 de Febrero en la ciudad de Quito, llena de esperanza a la sociedad colombiana que anhela una paz completa.

 

Consideramos que la próxima etapa trae grandes retos al ser una propuesta inédita en los procesos de paz alrededor del mundo, sin embargo es una gran oportunidad para dimensionar de una manera más asertiva lo que ha sido la participación en el país desde la década del 91 y lograr un cambio positivo en ese sentido.

 

Creemos que el proceso llega fortalecido y confiamos en las partes para que no se paren de la mesa hasta lograr un acuerdo final que traiga a Colombia una paz con justicia social, incluyente, estable y duradera.

 

Lea también la ponencia presentada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

 

Expresamos los agradecimientos a  la Comisión primera de la Cámara por la iniciativa de esta audiencia pública. Esta intervención la hago en representación del Colectivo de Abogados José  Alvear Restrepo y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

 

Queremos llamar la atención sobre varios principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos que deberían ser tenidos en cuenta en el momento de discutir la incorporación constitucional y reglamentación del Acuerdo de Paz, alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y que no han sido plenamente respetados, entre ellos: la participación de las víctimas, las garantías de no repetición y la diferenciación de responsabilidades entre actores.

 

Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes y que acompañamos a la comunidad del barrio de La Nueva Jerusalén, ubicado en el municipio de Bello, en ningún momento hemos discutido el riesgo en el que se encuentran las familias que están asentadas en ciertas zonas del terreno consideradas como inestables, lo que se ha buscado durante este proceso, incluso antes de comenzar con las diligencias de desalojo ha sido hacer un llamado a la institucionalidad tanto del municipio de Medellín como de Bello, para la protección del derecho a la vivienda como un derecho que debe ser garantizado efectivamente y no meramente formal, garantía para las familias y para esta población vulnerable.

 

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