Derechos Humanos

SIN OLVIDO. Siete años del asesinato del defensor de DD.HH. y miembro del Movice-Sucre Rogelio Antonio Martínez

Para el MOVICE, Rogelio ha estado presente todos estos años, caminado con nosotros y nosotras en la lucha por la defensa del territorio, por la memoria y contra la impunidad, con la que día a día nos hemos de enfrentar las víctimas de crímenes de Estado en un país que se jacta de ser uno de los más democráticos de América.

La Mesa por la Verdad es un espacio de encuentro y trabajo, que agrupa a 17 organizaciones de víctimas y derechos humanos, interesadas en aportar al impulso y buen funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición (CEV), entre las cuales se encuentra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE.

 

Como resultado de los análisis y discusiones adelantados en este espacio, y ante la actual coyuntura de debates legislativos para la implementación del Acuerdo Final, la Mesa por la Verdad hizo llegar este martes 7 de marzo al Comité de Escogencia, los criterios que a su parecer deben ser considerados a la hora de elegir a los Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a los Comisionados y Comisionadas de la CEV y a la presidencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y con ocasión del Conflicto.

 

Este es el contenido de la carta:

 

 

Bogotá, 7 de marzo de 2017

 

La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos y la familia López Guisao a la que pertenecía la reciente líder asesinada RUTH ALICIA LÓPEZ, RECHAZAMOS  de manera categórica las declaraciones dadas por la directora de la Seccional de Fiscalías en Medellín Claudia Carrasquilla, sobre el asesinato de esta líder.

 

En declaraciones dadas por la funcionaria al canal de televisión regional TeleAntioquia, aseguró que: “Se pudo determinar que en el pasado fueron de los Comandos Armados del Pueblo CAP de las milicias urbanas” indicó la funcionaria, lo que demuestra no solo lo irresponsable e indolente de las declaraciones en relación con sus familiares, sino la manera como desde este punto de vista se justifica el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. De la misma forma pone en situación en vulnerabilidad a toda la familia López Guisao.

 

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos el asesinato de RUTH ALICIA LÓPEZ GUISAO, lideresa campesina y defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural ASOKINCHAS, organización miembro del Coordinador Nacional Agrario y de Congreso de los Pueblos.

 

Los hechos ocurrieron el día de hoy, 2 de marzo de 2017, en el barrio Olaya Herrara de Medellín cuando Alicia se encontraba visitando a integrantes de su familia que habitan en el sector. Según se ha conocido el hecho fue perpetrado por dos sujetos que dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de la lideresa.

 

RUTH ALICIA era dinamizadora de un Proyecto de Cumbre Agraria para el fortalecimiento de soberanía alimentaria con doce comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Medio San Juan y Sipí en el departamento de Chocó. Dicho proyecto es financiado por el Ministerio de Agricultura.

 

foto CCALCP

 

 

[VÍDEO] Emergencia Humanitaria en el Catatumbo - Comisión de Verificación

 

 

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos convocaron de manera extraordinaria el 17, 18 y 19 de febrero a la Comisión de Verificación Solidaridad con el Catatumbo, ante las denuncias de campesinos e indígenas sobre la presencia de paramilitares en la región.

 

Aunque el Ministro de Defensa, integrantes del Ejército Nacional y algunos medios de comunicación desmintieran la presencia paramilitar en este territorio, la Comisión documentó las denuncias de la comunidad que ratifican la veracidad de los hechos. Así mismo, el rechazo de los habitantes a la militarización de la zona como respuesta del Estado a su seguridad, lo que ha aumentado la zozobra de la población catatumbera ante la desconfianza que dejó la masacre paramilitar de La Gabarra desde el año 1999 y los casos de falsos positivos que a partir del 2006 se hicieron frecuentes, y que relacionan de forma directa a la Fuerza Pública.

 

Ante los graves hechos sucedidos el 9 de febrero de 2017 en el lugar Km. 40 vía la Gabarra en Tíbu – Norte de Santander, muy cerca de la base militar del Ejército Nacional, en donde la comunidad denunció la presencia de alrededor 15 hombres armados y uniformados quienes se identificaron como integrantes de un grupo paramilitar, hechos ocurridos durante el traslado de guerrilleros y guerrilleras de Farc-Ep hacia la ZVTN ubicada en Caño Indio-Tibú.

 

Las comunidades campesinas denunciaron que a la zona en mención llegaron hombres con vestimenta de camuflados y armados, quienes los amenazaron y dieron la orden de desplazarse porque iban a controlar la zona. La zozobra y el terror sobrecogieron aún más a la comunidad, con las respuestas de negación por parte de autoridades civiles y militares de que en la zona no hay grupos paramilitares.

 

La Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los hechos amenazantes, intimidatorios y de extorsión ocurridos el 2 de febrero de 2017 por parte de un grupo paramilitar que se denominan El Clan Usuga de Puerto Gaitán, contra el Señor Omar Elkin Salgado Beltrán, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Matarraton y líder del Proceso de Tierras, cobijado con la sentencia de la Corte Constitucional SU426/16, que les da el derecho a la tierra y el territorio y por lo cual han tenido que sufrir persecución sistemática.

En el Porvenir de manera constante hay amenazas, intimidaciones, se reporta a las autoridades la situación y hasta ahora no vemos resultados efectivos, no combaten a los grupos paramilitares, los invasores de tierras continúan ocupando de manera ilegal los predios del Porvenir sin que la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades del Estado hagan cumplimiento efectivo a la SU426/16 que emite la Corte Constitucional.

 

I. HECHOS:

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