Derechos Humanos

Exigimos misión de verificación para esclarecer los crímenes cometidos en Tumaco

Debido a los graves hechos de violación de derechos humanos denunciados ayer por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, y otras organizaciones, realizamos un plantón en la mañana en diferentes ciudades y municipios del país. Se exigió un proceso de verificación y se denunció públicamente el asesinato de 9 campesinos y las agresiones en las que 18 personas fueron heridas por agentes del Estado en Alto Mira y Frontera.

 

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La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) Plataforma de Derechos Humanos que agrupa a 265 organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos, manifiesta su preocupación respecto a la condena en segunda instancia y detención del reconocido líder indígena Feliciano Valencia, el pasado 15 de septiembre en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

LA CCEEU reconoce el liderazgo social de Feliciano Valencia y su activo compromiso con la búsqueda de la paz, que le hizo merecedor del premio el Premio Nacional de Paz en el 2008, como reconocimiento a la resistencia pacífica emprendida por su comunidad. Igualmente, le preocupa que esta detención venga a sumarse a otras ocurridas en los últimos meses contra líderes sociales, integrantes de movimientos como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) sobre nuevos actos de hostigamiento y persecución en contra de la Sra. Yessika Hoyos, defensora de derechos humanos y abogada, miembro del CAJAR. Cabe destacar que el CAJAR representa y asesora judicialmente a numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, y que ha entablado varias denuncias nacionales, regionales (ante la Comisión interamericana de derechos humanos - CIDH) e internacionales (ante la Corte Penal Internacional - CPI) contra el Estado Colombiano.

Foto AP tomada de Revista Semana

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO BAJA BOTA CAUCANA Y JARDINES DE SUCUMBIOS IPIALES NARIÑO.

16 septiembre de 2015

DENUNCIA PÚBLICA.

Informamos a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, al movimiento sindical agrario nacional e internacional, instituciones estatales, órganos de control y en general a toda la comunidad la situación que viven los habitantes indígenas, afrodescendientes y campesinos del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines De Sucumbíos Ipiales-Nariño, los siguientes:

HECHOS

Desde el día 7 de abril de 2015, permanentemente, ininterrumpida y la policía antinarcóticos en el marco de la política antidroga reinicia operaciones mediante aspersión aérea con glifosato; denunciamos la afectación producida por estas fumigaciones a los habitantes de las zonas rurales, en especial a los niños y niñas del corregimiento de Piñuña Negro pertenecientes al Municipio de Puerto Asís, que presentan afectaciones en la salud, quienes a la fecha no han sido atendidos por las autoridades del orden municipal y departamental.

Así amanece hoy el cerro Pico de Plata, quemado y consumiéndose por las llamas, según la comunidad podría ser por manos criminales que pretenden explotación minera en este importante ecosistema hídrico de Fusagasugá, ubicado en las veredas del sur. La comunidad impotente ante el poder de las llamas y la tardía y precaria asistencia de los bomberos, vio consumir el más importante cerro de este sector del municipio en la noche de ayer 15 de septiembre.

Se está volviendo recurrente en el municipio la delincuencia ambiental que campea en el territorio impune, privilegiado por la blanda justicia ambiental que ejerce la CAR, la alcaldía y concejo municipal.

Habitantes de la región y comunidades organizadas en la campaña en defensa del agua y el territorio en la región del Sumapaz, elevan esta denuncia pública con el fin de que las autoridades investiguen y hallen los responsables de este desastroso crimen ambiental. En este momento la solidaridad de todos los habitantes hacia su territorio es más que necesaria, se convocará a jornadas de reforestación apenas las condiciones lo permitan.

Los campesinos y las campesinas de la Inspección de El Porvenir y La vereda Matarratón, en Puerto Gaitán, Meta, llaman a la solidaridad nacional e internacional. 

La  falta de acción y la omisión del Ministerio de Agricultura, del Instituto Colombiano de Desarrollo  Rural – INCODER, el Gobierno Departamental  y en general, del Estado colombiano, tienen confinadas a dos comunidades, con 140 familias, 300 personas, que ya no pueden salir a pastorear su ganado, no tienen acceso al pasto y al agua de las sabanas, no tienen derecho a la libre movilidad por los territorios en los que hasta hace unos 8 meses lo hacían y reciben constantes amenazas, asedio por personas que han invadido parte de los predios, cercando, construyendo ranchos, invirtiendo grandes cantidades de dinero, con vehículos lujosos de carga y trabajo pesado.

¡AYUDANOS!  NECESITAMOS TU APOYO PARA PROTEGER NUESTRAS TIERRAS CAMPESINAS. En ellas hemos vivido más de 40 años y ahora NOS las quieren arrebatar.

La Organización Nacional Indígena de Colombia –  ONIC, rechaza la decisión de la justicia ordinaria por estigmatizar y judicializar la protesta indígena y señalarla como un hecho delictivo, limitando el ejercicio de autonomía de gobierno de nuestras autoridades. En razón a esto, nuestra Organización denuncia  la detención de nuestro compañero Feliciano Valencia, dirigente indígena Nasa perteneciente a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN- y el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC, detención que atenta de manera profunda nuestra justicia, siendo una  clara provocación al Movimiento Indígena, Social y Popular del país.

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