Derechos Humanos

Familias recibieron los restos de 5 víctimas de desaparición forzada

Luego de ser identificados, el 7 y 9 de junio se realizó la entrega de cuerpos en el marco de la campaña “Contemos la Verdad ¡porque todas las personas no identificadas tienen una historia!” adelantada por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (CsOFB) en el departamento del Meta.

Foto: El Espectador

Después de 22 años de impunidad, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el pasado 17 de junio de 2015, la condena contra dos miembros del Ejército por el homicidio de dos negociadores de paz en 1993. Las víctimas eran voceros de una disidencia de la guerrilla del ELN, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, que firmó la paz con el gobierno en 1994, en Flor del Monte, Ovejas, Sucre.

La decisión de la Corte Suprema niega la casación que pretendían los autores materiales del hecho: el capitán ( r ) Néstor Raúl Vargas Morales y el teniente ( r ) José Miguel Velandia Mora, dejando en firme el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, proferido en el año 2012, que declaró este hecho como un crimen de lesa humanidad. La Corte también amplió la condena a 31 años para los dos militares, expresando repudio por un hecho que puso en vilo esa negociación de paz.

En el marco de las “Jornadas de Indignación Campesina, Étnica y Popular” la Subcomisión Nacional de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, difunde y denuncia ante toda la comunidad nacional e internacional, los siguientes

HECHOS

Martes 1 de septiembre de 2015

Bogotá D.C.: Sobre las 9:30 de la mañana, centenares de campesinos, indígenas, afro colombianos y sectores populares de Colombia, inician su presencia permanente y pacífica en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y el INCODER.

En la madrugada del sábado 5 de septiembre, la comunidad de Puerto Contreras en el municipio de Saravena despertó de manera abrupta como producto del operativo realizado por miembros de la policía, ejército nacional y personal de policía judicial.

En desarrollo de dicho operativo se cometieron arbitrariedades contra los pobladores, allanamientos a las casas sin orden judicial, daños materiales en sus bienes, detenciones ilegales y arbitrarias, algunos habitantes fueron sacados de sus casas encañonándolos y tirándolos al suelo.

El joven Neftalí Durán permaneció detenido durante más de 24 horas y dejado en libertad luego que el Fiscal no encontrara mérito para imputarle cargos.

Estos hechos ocurren en correspondencia a la estigmatización que existe contra los pobladores araucanos y en especial contra los que habitan los puertos frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela quienes han sido señalados de pueblos donde diariamente se cometen delitos y donde se auspicia a las organizaciones rebeldes; además, hace parte de la militarización de la vida cotidiana que vienen sufriendo los pobladores en los cascos urbanos y la zona rural.

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC, proceso nacional que agrupa 76 organizaciones que impulsan Zonas de Reserva Campesina en Colombia, se permite denunciar públicamente hechos que se suman a la sistemática persecución, estigmatización y amenaza que se viene presentando en contra de líderes campesinos pertenecientes a los procesos organizativos de la ANZORC.

En esta oportunidad denunciamos los hechos en los cuales el líder campesino DAGOBERTO GIRALDO HENAO, quien el 04 de septiembre de 2015, siendo aproximadamente las 3:45 de la tarde en el casco urbano del Municipio de San Juan del Doncello en el Departamento del Caquetá habría sido detenido por parte del Ejército y Policía ubicada en la zona. DAGOBERTO fue detenido, esposado y llevado al puesto de policía para luego ser trasladado a una Fiscalía Especializada de la Unidad Antiterrorismo ubicada dentro de la Brigada XII de Florencia, donde espera ser puesto a disposición de un juez de control de garantías, quien decidirá si su captura fue legal o no.

Por decisión de la Fiscal 34 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, un coronel de la Policía, un mayor y dos tenientes del Ejército deberán responder en juicio por la masacre del 16 de mayo de 1998 cometida en Barrancabermeja, Santander. Según el llamamiento a juicio, el grupo paramilitar Ausac fue coautor de la masacre junto con integrantes de la V Brigada del Ejército que planearon la masacre como estrategia de expulsión de las guerrillas de las Farc, el ELN y el EPL, junto con oficiales de los batallones Nueva Granada y 45 Héroes de Majagual, miembros de la Policía del Magdalena Medio y Barrancabermeja, del DAS regional, de la oficina de seguridad de Ecopetrol y comerciantes de la región.

Los llamados a juicio son el Coronel Joaquín Correa López, comandante de la Policía del Magdalena Medio de la época, el Mayor del B2 del Batallón Nueva Granada de la V Brigada, Oswaldo Prada Escobar, y los tenientes John Héctor Guzmán y Antonio Enrique Daza Camargo de las bases Termoeléctrica y Pozo 7, respectivamente.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH- denuncia ante la comunidad nacional e internacional, amenaza de muerte y seguimientos contra defensor de derechos humanos y candidato de la Unión Patriótica Edgar Montilla por parte de las autodefensas.

El defensor de derechos humanos Edgar Montilla hace parte del Equipo Jurídico del CPDH-Nariño, miembro del MOVICE y Candidato al Concejo de Pasto por la Unión Patriótica, actualmente beneficiario con un esquema de seguridad en el marco de las Medidas Cautelares otorgadas por la  Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH –. Los siguientes hechos constituyen una clara amenaza contra su vida e integridad, cuyo objeto es atemorizar e intimidar sistemáticamente el ejercicio democrático y constitucional de participación política y la labor de defensa de los derechos humanos:

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