Derechos Humanos

Relatos de memoria y dignidad

Capítulo Meta.

Luis Mayusa Prada fue asesinado el 8 de agosto de 2008 en Saravena, Arauca por hombres civiles a pesar de ser un municipio totalmente militarizado, dejando 2 hijos pequeños de 7 y 2 años. En el mismo departamento, durante 2005 fue acusado de rebelión, proceso del que fue absuelto y concedida su libertan en septiembre de 2005.

 

La Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) lamentó con profundo dolor la confirmación el pasado 11 de septiembre al mediodía del trágico deceso de JULIANA LEÓN PULGARÍN hija de Hildebrando León Cortés, dirigente de esa organiación en Medellín.

La joven, de 19 años de edad, desapareció desde el 6 de septiembre en extrañas circunstancias. Era estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín y desapareció en el municipio de Envigado (Antioquia), no se tiene conocimiento a la fecha de móviles distintos a una posible relación con la actividad sindical de su padre, como quiera que en nuestro país prevalecen unos antecedentes nefastos para los luchadores sociales y sindicales, así como para sus familias. Su cuerpo sin vida fue encontrado el viernes 11 de septiembre. 

La violencia estructural en Colombia, ha determinado la coexistencia de una pluralidad de conflictos: El conflicto cultural, social y político que ha sido una de las causas determinantes para el origen y persistencia de un conflicto armado interno de mas 50 años de duración. Estos conflictos han originado innumerables impactos en distintos sectores de la sociedad colombiana y en particular en los pueblos indígenas.

La CIDH considera que la denuncia reúne los requisitos de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH- y es competente para conocer de las violaciones al Derecho a la Vida (art. 4), a la Integridad Personal (art 5), derecho a la libertad personal (art 7) garantías judiciales (art 8), protección de la honra y de la dignidad (art 11) y protección judicial (art 25) de la CADH, y de los artículos 1, 6, y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura.

Las ejecuciones se perpetraron como parte de la política de “Seguridad Democrática” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), constitutivas de crímenes de lesa humanidad, por su carácter generalizado y sistemático, presentados en un contexto en que miles de personas humildes fueron privadas de su vida, en estado de indefensión, por el ejército nacional, con el fin de presentarlos como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate.

Foto: El Espectador

Después de 22 años de impunidad, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el pasado 17 de junio de 2015, la condena contra dos miembros del Ejército por el homicidio de dos negociadores de paz en 1993. Las víctimas eran voceros de una disidencia de la guerrilla del ELN, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, que firmó la paz con el gobierno en 1994, en Flor del Monte, Ovejas, Sucre.

La decisión de la Corte Suprema niega la casación que pretendían los autores materiales del hecho: el capitán ( r ) Néstor Raúl Vargas Morales y el teniente ( r ) José Miguel Velandia Mora, dejando en firme el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, proferido en el año 2012, que declaró este hecho como un crimen de lesa humanidad. La Corte también amplió la condena a 31 años para los dos militares, expresando repudio por un hecho que puso en vilo esa negociación de paz.

En el marco de las “Jornadas de Indignación Campesina, Étnica y Popular” la Subcomisión Nacional de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, difunde y denuncia ante toda la comunidad nacional e internacional, los siguientes

HECHOS

Martes 1 de septiembre de 2015

Bogotá D.C.: Sobre las 9:30 de la mañana, centenares de campesinos, indígenas, afro colombianos y sectores populares de Colombia, inician su presencia permanente y pacífica en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y el INCODER.

En la madrugada del sábado 5 de septiembre, la comunidad de Puerto Contreras en el municipio de Saravena despertó de manera abrupta como producto del operativo realizado por miembros de la policía, ejército nacional y personal de policía judicial.

En desarrollo de dicho operativo se cometieron arbitrariedades contra los pobladores, allanamientos a las casas sin orden judicial, daños materiales en sus bienes, detenciones ilegales y arbitrarias, algunos habitantes fueron sacados de sus casas encañonándolos y tirándolos al suelo.

El joven Neftalí Durán permaneció detenido durante más de 24 horas y dejado en libertad luego que el Fiscal no encontrara mérito para imputarle cargos.

Estos hechos ocurren en correspondencia a la estigmatización que existe contra los pobladores araucanos y en especial contra los que habitan los puertos frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela quienes han sido señalados de pueblos donde diariamente se cometen delitos y donde se auspicia a las organizaciones rebeldes; además, hace parte de la militarización de la vida cotidiana que vienen sufriendo los pobladores en los cascos urbanos y la zona rural.

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