Derechos Humanos

Hoy se cumplen 16 años del homicidio del periodista Jaime Garzón Forero. El 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a la emisora Radionet en la ciudad de Bogotá, fue interceptado y asesinado por sicarios bajo las órdenes del Bloque Capital de las Autodefensas.

La muerte de Garzón dio inicio a una de las épocas más violentas y difíciles para la prensa colombiana, pues entre 1999 y 2002 fueron asesinados 32 periodistas, 13 de los cuales murieron por acciones de grupos paramilitares. Todos estos casos se encuentran en la impunidad.

Después de un largo proceso judicial e investigativo, los resultados para sancionar estos hechos son mínimos, ya que hasta la fecha sólo se ha condenado al ex jefe paramilitar Carlos Castaño. Esta decisión se tomó en 2004, fecha en la que ya estaba muerto, por lo que nunca cumplió la condena. Además, las investigaciones no han develado toda la verdad sobre los móviles del crimen y los determinadores del homicidio del periodista.

Un lento avance judicial que incluye un montaje

Frente al Informe del programa Séptimo Día de Caracol Televisión, titulado “Desarmonización: La Flecha del conflicto”, emitido en sus dos primeras partes los días 26 de julio y 3 de agosto de 2015, expresamos a la Opinión Pública lo siguiente:

Este informe periodístico hace parte de una estrategia de difamación y persecución contra pueblos indígenas, los cuales han sido sometidos a un proceso de exterminio físico y cultural durante siglos, que los ha convertido en uno de los grupos más vulnerables y marginados del país, condición que exige un deber especial de protección para la salvaguarda, respeto y garantía de sus derechos fundamentales individuales y colectivos.

Ante las recientes declaraciones emitidas por la señora Mariela Contreras, falsa víctima de la masacre de Mapiripán, quien se encuentra siendo juzgada por esta razón, y del ex general Jaime Humberto Uscátegui (1), reconocido como víctima de este falso testimonio, expresamos que:

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, nunca indujo a la señora Mariela Contreras al falso testimonio en el caso de la masacre de Mapiripán. Su reconocimiento como víctima fue realizado por la Fiscalía General de la Nación que también fue objeto de engaño por la mencionada señora. Este hecho fue reconocido por la misma señora Mariela Contreras en julio del año 2012, cuando admitió haber mentido al Estado “por necesidad” (2), y pidió perdón ante el fiscal que investiga la masacre al gobierno, a la Corte Interamericana y al Cajar, tal como quedó registrado en la diligencia.

La abogada penalista defensora de Derechos Humanos, Gloria Silva Tovar, es la defensora técnica de la también abogada y activista feminista Paola Salgado, al interior del proceso penal que se adelanta en su contra, que ha sido calificado como un montaje o falso positivo judicial y en virtud del cual hay trece detenidos desde el pasado ocho de julio. Esta profesional del derecho rechazó de manera enérgica las declaraciones temerarias y calumniosas emitidas por el General Palomino, Director de la Policía de Colombia, quien afirmó en una reconocida emisora de carácter nacional que el hecho de que Paola Salgado y las demás víctimas del montaje judicial cuenten con abogados “…corrobora a quién hemos capturado”.

 

Las autoridades deben respetar el debido proceso y garantizar una investigación imparcial en el caso de las 15 personas, en su mayoría defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas estudiantiles, detenidas ayer en la capital, Bogotá, por las explosiones ocurridas en la ciudad la semana pasada, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El 2 de julio explosionaron en Bogotá dos pequeños dispositivos, que causaron lesiones a algunas personas, aunque no víctimas mortales. Las autoridades atribuyeron el atentado al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Al colocar estos explosivos en la ciudad, con el alto riesgo consiguiente para la vida de civiles, los responsables demostraron claramente un absoluto desprecio por la vida humana. Las autoridades tienen el deber de investigar toda actividad delictiva y poner a disposición judicial a los presuntos responsables por medio de un proceso independiente e imparcial, que cumpla el derecho y las normas internacionales.

La Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organizaciones de derechos humanos, emitimos la presente Acción Urgente No. 6, llamando al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional a velar por la vida y la seguridad de Miguel Briceño, su familia y la Junta de Acción Comunal y cien (100) familias que viven en la Inspección El Porvenir.

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