Derechos Humanos

Decreto que suspende órdenes de captura a fuerza pública es inconstitucional

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (1) junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, presentaron el pasado 26 de abril de 2017 una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional sobre la Ley 1830 de 2017 que regula las vocerías en el Congreso de la República para el debate de las normas que se tramiten por vía rápida o Fast Track.

 

Con esta intervención se busca que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la participación de las víctimas de Crímenes de Estado que fue rechazada por el Congreso el pasado mes de febrero cuando el senador Iván Cepeda presentó una intervención en este sentido que fue rechazada en el trámite de la mencionada Ley.

 

La proposición tuvo su origen en una similar aprobada al senador Juan Manuel Galán quien solicitó la participación de la Mesa Nacional de participación efectiva de las Víctimas, creada bajo la Ley 975, a nombre del universo de las víctimas, en los debates legislativos.

 

El 16 de abril de 2006, cuando Luís Alejandro Concha Alvarado, estudiante de filosofía de la Universidad Libre, falleció a causa de una explosión en el edificio del centro de Bogotá donde vivía, sus padres, Luís Concha y Gloria Alvarado, no creyeron que pasarían más de diez años para esclarecer las causas de la tragedia.

 

Pero llegó 2017, y con él, el onceavo aniversario de su muerte, sin obtener respuesta alguna. El evento esta vez tomó lugar en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) hacia las cinco de la tarde del 18 de abril. En él participaron miembros del Capitulo Bogotá del Movice y de otras organizaciones sociales, con sentidas palabras y la lectura de poesía.

 

“Más que todo nuestro grito es que no siga la impunidad”, expresó Gloria Alvarado, tras finalizar el evento. “Once años después es el momento en que la Fiscalía nos dice que todavía está en periodo de indagación, lo cual no puedo aceptar”.

 

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar, el Capítulo Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Catatumbo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Corporación Sembrar denunciamos lo siguiente:

 

 

HECHOS

 

1. El día 9 de abril en horas de la tarde unidades combinadas del ejército y la policía desplegaron un operativo aéreo, que incluyó tres helicópteros y terrestre en el corregimiento El Bolivador ubicado entre los municipios de Morales y Arenal.

 

2. Al llegar al corregimiento las tropas se ubicaron sin ninguna autorización y en clara violación al Derecho Internacional Humanitario en la casa de habitación del líder de Fedeagromisbol y presidente de la Asociación Agrominera del Bolívador JOSÉ DAVID URIBE CHACÓN. Una vez allí procedieron a controlar los caminos que comunican al corregimiento con caseríos y veredas del sector y a impedir la libre movilización de las personas que pasaban por allí.

 

La decisión frena de forma indefinida el proceso penal en uno de los casos de Soacha

 

(Bogotá, DC, 5 de abril de 2017) – La decisión de un juez de Bogotá en un emblemático caso de homicidios y desapariciones forzadas en la práctica ha suspendido el proceso penal en el caso y con ello ha sentado un precedente preocupante, señalaron hoy 33 organizaciones colombianas e internacionales de derechos humanos. Las autoridades judiciales con competencia para revocar la decisión deben tener en cuenta el grave daño que, de no ser revocada, esta decisión les hará a las posibilidades de que rindan cuentas los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

 

Una diferencia sustancial entre la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se encuentra en el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera celebrado entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP con respecto a la naturaleza jurídica de estas entidades es que mientras se dispone que la Comisión de la Verdad “Será un órgano temporal y de carácter extra-judicial”, con respecto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas se acordó que “Será una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial” (punto 5.1.b del Acuerdo Final).

 

 A pesar de esto, en el trámite en el Congreso del Acto Legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de no Repetición, el rango o jerarquía institucional reglamentados para esta dos instituciones parece haberse invertido, pues el alto nivel en la estructura administrativa le fue conferido a la Comisión de la Verdad, pero no a la Unidad de Búsqueda.

 

Foto: William Oquendo

Esta es la carta que Diana Gómez, vocera del Movice e integrante de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, le escribió a su padre Jaime Gómez, exasesor de Piedad Córdoba y reconocido líder sindical, con motivo de los 11 años de su desaparición, el 21 de marzo de 2006. 11 años en la búsqueda de respuestas, que el Estado sigue ocultando.

 

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