Derechos Humanos

Decreto que suspende órdenes de captura a fuerza pública es inconstitucional

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (1) junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017

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Por Juan Sebastián Rivera, estudiante de periodismo y comunicación social de la Universidad de La Sabana

 

Desde que inició el evento, Alejandra Gaviria no podía evitar frotar sus labios con fuerza. Estaba nerviosa. Ese era un día clave en el que había depositado muchas esperanzas tras años de esfuerzo y trabajo de base. No fue hasta que empezó a subir las escaleras del escenario que sintió como ese sentimiento desaparecía para dar paso a otro de dignidad. Sabía que no iba a hablar sólo de ella, sino que esa era una oportunidad robada para hacerlo en nombre de las millones de víctimas de crímenes de Estado que ese día, como ya era habitual, sintieron que el Gobierno las excluyó de un día clave para Colombia.

 

Con la seguridad y firmeza que la caracteriza, se acercó al micrófono y con convicción, mirando al público y al presidente Juan Manuel Santos, pronunció un discurso que había construido en su mente y en su corazón durante años, pero que no pudo preparar para la ocasión porque su intervención no estaba programada.

 

Este martes 23 de mayo se llevó a cabo en la Sala de Medios del Senado de la República una rueda de prensa convocada por más de 80 organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos, en la cual se hicieron públicas las propuestas conjuntas para la reforma de la Ley 1448, tanto a nivel de tierras como de atención a víctimas. A esta iniciativa, que supuso meses de trabajo articulado entre todas las organizaciones, se sumó la preocupación de las víctimas de que la Corte Constitucional y el Congreso puedan limitar el alcance real del Acuerdo de Paz durante el proceso de implementación legislativo, que se está llevando a cabo por vía Fast-Track.

 

“Las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos abajo firmantes hacemos un llamado urgente al Congreso de la República a mantenerse a la altura del compromiso histórico y político que demanda la implementación del Acuerdo final de Paz”, manifestaron las 85 organizaciones firmantes en un comunicado de prensa que, a su vez, se convirtió en un llamado por que la paz no se convierte en un botín electoral.

 

En repetidas ocasiones, los líderes y defensores de derechos humanos presentes en San José de Apartadó han denunciado públicamente la incursión paramilitar que sufre este corregimiento. La presencia permanente de estos grupos en las diferentes veredas y en las zonas donde anteriormente se encontraban el frente 5 y 58 de las FARC –EP antes de su traslado a la Zona Veredal Transitoria de Normalización, dejan ver la ausencia de la autoridad por parte del Estado y el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad.

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Sucre conmemora hoy los 7 años del asesinato del defensor de Derechos Humanos y miembro del movimiento ROGELIO ANTONIO MARTÍNEZ MERCADO. Para el Movice, Rogelio ha estado presente todos estos años, caminado con nosotros y nosotras en la lucha por la defensa del territorio, por la memoria y contra la impunidad, con la que día a día nos hemos de enfrentar las víctimas de crímenes de Estado en un país que se jacta de ser uno de los más democráticos de América.

Después de estos 7 años es necesario hacer memoria sobre el  terror de la estrategia paramilitar, el horror del asesinato de al menos 3.000 personas en San Onofre, la perpetración de casi 75 masacres en Montes de Maria desde 1999 a 2000, las innumerables fosas comunes, el desplazamiento forzado de 254.223 personas en Sucre y de 2.162 familias de San Onofre. Contra esta terrible realidad luchó permanentemente Rogelio, el hombre que se caracterizaba por sembrar flores. “Sembrando flores se alegra el territorio”, nos decía siempre.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la persistente violación de derechos humanos en Colombia, a pesar del proceso de negociación que se adelanta en el país y los compromisos asumidos por el gobierno nacional en el propósito de implementar los acuerdos de paz.

 

En los últimos meses se han incrementado las amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos; hombres y mujeres que se han destacado, no solo por defender los derechos de la población colombiana, sino por contribuir en la construcción de una sociedad justa y en paz; esta intencionalidad los ha convertido en objetivo de quienes alientan la guerra en Colombia.

 

En esta oportunidad denunciamos las nuevas amenazas contra la vida del compañero Francisco Ramírez Cuellar, sindicalista y defensor de los derechos humanos de las y los trabajadores del sector minero-energético.

 

Saravena-Arauca, 10 de Mayo de 2017

 

Desde el año pasado, hemos venido denunciando a nivel nacional el recrudecimiento de la actuación paramilitar en los territorios, el asesinato de más de 150 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos durante el 2016 y más de treinta (30) en lo corrido del 2017, las amenazas de los grupos paramilitares, a través de panfletos, contra procesos sociales entre ellos el Congreso de los Pueblos. A pesar de estas denuncias, el Gobierno nacional sigue insistiendo en que no existen estructuras de este tipo, ni se ven avances en los procesos penales.

 

Nuestra región no es ajena a esa realidad, el día de ayer, 9 de mayo de 2017, fueron capturadas en el casco urbano del municipio de Arauca capital, 11 personas, 9 de ellas provenientes de Antioquia, uno de la Costa y otro Araucano, a quienes se les incautó armas de fuego, municiones y tres motocicletas de alto cilindraje, quienes fueron dejados en libertad por el Juez de control de garantías, al parecer por fallas en el procedimiento de captura.

 

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