Derechos Humanos

Continúa la impunidad: caso de Nicolás Neira podría ir a la Justicia Penal Militar

En la audiencia de imputación de cargos al agente del Esmad, Néstor Julio Rodríguez Rúa, por el homicidio de Nicolás Neira, el juez de garantías decidió pasar el caso a revisión del Consejo Superior de la Judicatura para que se pronuncie sobre la posibilidad de llevarlo a la Justicia Penal Militar.

 

La paz sigue en deuda con las víctimas, los territorios y la defensa de los derechos humanos

Por: Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar

 

En las últimas dos semanas, y ante el increíble silencio e indiferencia generalizadas, han ocurrido dos nuevas masacres en Colombia, más exactamente en el suroccidente colombiano. Sólo durante el fin de semana han sido asesinadas nueve personas, seis en la masacre de Cerrotijeras, un indígena Awá en Llorente, Nariño y dos líderes sociales, uno del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, en Ríosucio, Chocó y otro en Mapiripán, Meta.

 

Estos hechos, que se suman a otros homicidios, atentados, amenazas, hostigamientos y persecución, siguen siendo el principal desafío que enfrenta la construcción de la paz en Colombia.

 

Por: Humanidad Vigente

 

El 5 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la ciudad de Bogotá,  con el mecanismo de verificación y veeduría -MV&V  creado  en el marco del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional – ELN – el pasado 04 de septiembre,  por el que se acuerda  realizar un  Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter nacional – CFBTN –  con el propósito de reducir la intensidad del conflicto armado y el objetivo primordial de mejorar la situación humanitaria de la población.  En esta reunión las organizaciones sociales presentarán el informe ” QUE CESE EL FUEGO CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL” resultado de una acción de veeduría ciudadana.

 

Por: Prensa Corporación Jurídica Libertad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado colombiano responsable por las desapariciones forzadas de 12 campesinos, tres de ellos niños, y la ejecución extrajudicial de otro integrante de la comunidad de la Vereda la Esperanza, ocurrida en 1996.

 

“Por más de dos décadas, un grupo de unos 120 de nosotros nos hemos dedicado a una lucha incesante para esclarecer la verdad tras la desaparición de nuestros seres queridos. Hoy, la Corte Interamericana ofrece una luz de esperanza para quienes, con dignidad y valentía, han esperado justicia durante más de 20 años”, señaló Florinda de Jesús Gallego Hernández, familiar de los desaparecidos.

 

Entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), con el “apoyo y la aquiescencia que prestaron los agentes de la Fuerza Pública”, asolaron la comunidad Vereda la Esperanza, un municipio agricultor situado cerca de la autopista Medellín-Bogotá en Antioquía.

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice capitulo Meta, extiende un saludo solidario a los Familiares, a la Comunidad Indígena, y a la Organización, de los que hacían parte, la señora DIANA MARCELA CALVO ROJAS, su primo ROBINSON y el señor DIEGO FERNEY PILCUE, esposo de Diana Marcela de quien se investiga sus condiciones de libertad e integridad física, un abrazo fraterno a las niñas de cuatro y seis años que se encontraban en el lugar de los dolorosos hechos, ante el asesinato de los miembros de la familia indígena el jueves 25 de octubre en la Vereda Buenavista del municipio de Mesetas Meta.

 

Rechazamos esta acción criminal perpetrada en zona cercana donde se encuentran en proceso de construcción de Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración –ETCR Mariana Páez, y donde se concentran Los integrantes del nuevo Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –FARC.

 

El Consejo Superior de la Judicatura ordenó que el caso lo lleve la justicia ordinaria, y compulsó copias para ordenar investigación por la tardanza y negligencia en el caso de Nicolás Neira, asesinado por el ESMAD cuando tenía 15 años. Los últimos dos fiscales que conocieron el caso, Juan Carlos Molina y Luis Ernesto Orduz, serían algunos de los investigados, situación por la que incluso tendría que responder el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.

 

Llama profundamente la atención, el hecho de que pese a que la decisión de 8 del octubre de 2007 se instó a la Fiscalía General de la Nación a imprimir celeridad al trámite de la actuación penal, proceda a radicar solicitud de audiencia preliminar para la formulación de imputación y solicitud de imputación de medida de aseguramiento, el 9 de junio de 2017, es decir casi 10 años después”, se lee en la decisión del Consejo Superior de la Judicatura.

 

Debido a los graves hechos de violación de derechos humanos denunciados ayer por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, y otras organizaciones, realizamos un plantón en la mañana en diferentes ciudades y municipios del país. Se exigió un proceso de verificación y se denunció públicamente el asesinato de 9 campesinos y las agresiones en las que 18 personas fueron heridas por agentes del Estado en Alto Mira y Frontera.

 

“Esta es una tragedia prácticamente anunciada. Desde hace meses las organizaciones sociales venían denunciando el uso desproporcionado de la fuerza de los militares y el ESMAD a fin de erradicar los cultivos de uso ilícito”, aseguró Erika Gómez, integrante del Movice. La expresión pública de rechazo por la masacre y de solidaridad con Tumaco en Bogotá, se llevó a cabo frente al Palacio de Nariño.

 

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