Víctimas de crímenes de Estado presentan constancia con sus aportes a la JEP

Ante el rechazo del Gobierno a la proposición que formalizaba la participación de las víctimas de crímenes de Estado en los debates de implementación del Acuerdo de Paz, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentamos el día de ayer una constancia con las consideraciones y aportes al proyecto de Acto Legislativo Especial para la Paz 02 y 03, cuyo debate continuó este miércoles 22 de febrero, tras su inicio el día anterior.

 

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Villavicencio (Meta), 7 de marzo de 2017

El señor JOSÉ ANTONIO ANZOLA, tejedor de 61 años de edad, perteneciente al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta -SINTRAGRIM-, militante del Partido Comunista Colombino -PCC-, sobreviviente de la Unión Patriótica -UP-, campesino y residente en la Vereda Buenos Aires de Mesetas, Meta,  y la señora LUZ ÁNGELA ANZOLA TRIANA,  de 45 años, afiliada a SINTRAGRIM, campesina, residente en la Vereda El Alto del  municipio de Mesetas, Meta; hermanos que venían participando de la ejecución del Proyecto “Cumbre” fueron asesinados por dos hombres que se movían en motocicletas el día domingo 5 de marzo entre las 4 y las 7 de la noche, evidenciando la falta de garantías  para líderes sociales en medio del implementación de los Acuerdos de Paz.

 

La Mesa por la Verdad es un espacio de encuentro y trabajo, que agrupa a 17 organizaciones de víctimas y derechos humanos, interesadas en aportar al impulso y buen funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-Repetición (CEV), entre las cuales se encuentra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE.

 

Como resultado de los análisis y discusiones adelantados en este espacio, y ante la actual coyuntura de debates legislativos para la implementación del Acuerdo Final, la Mesa por la Verdad hizo llegar este martes 7 de marzo al Comité de Escogencia, los criterios que a su parecer deben ser considerados a la hora de elegir a los Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a los Comisionados y Comisionadas de la CEV y a la presidencia de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y con ocasión del Conflicto.

 

Este es el contenido de la carta:

6 DE MARZO

 

Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. Por el desmonte del paramilitarismo, la implementación del Acuerdo Final suscrito con las FARC-EP y el apoyo a los diálogos con el ELN

 

MOVILIZACIÓN NACIONAL

 

Durante los últimos años ha quedado en evidencia que el paramilitarismo y sus estructuras no han sido realmente desmontadas, por el contrario, continúan actuando contra líderes sociales, sindicales y defensores/as de derechos humanos. Las denuncias sobre la presencia de paramilitares en los territorios, amenazas, hostigamientos, atentados y homicidios son una constante en el día a día de las comunidades de ciertas zonas del país.

 

La paz sigue siendo un sueño y un anhelo para las regiones donde históricamente ha existido el conflicto, que se posterga por la violencia sistemática de estos grupos armados que actúan con total impunidad.

 

[Villavicencio, 6 de marzo del 2017]. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE, capítulo Meta, conmemora el día internacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado en el contexto histórico de la Implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con la activa participación de las víctimas y la centralidad del resarcimiento de sus derechos.

 

El MOVICE – Capítulo Meta, exige en este día el cumplimiento de todo lo acordado en La Habana, y de manera especial el desmonte del paramilitarismo en todos los rincones del país, para que no se repitan los crímenes cometidos y se generen las garantías reales de participación social y política en la construcción de la paz. No se puede continuar la persecución y asesinato a líderes sociales, víctimas y sobrevivientes, defensores y defensoras de derechos humanos, varios de los cuales han ocurrido en los Llanos Orientales.

 

La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos y la familia López Guisao a la que pertenecía la reciente líder asesinada RUTH ALICIA LÓPEZ, RECHAZAMOS  de manera categórica las declaraciones dadas por la directora de la Seccional de Fiscalías en Medellín Claudia Carrasquilla, sobre el asesinato de esta líder.

 

En declaraciones dadas por la funcionaria al canal de televisión regional TeleAntioquia, aseguró que: “Se pudo determinar que en el pasado fueron de los Comandos Armados del Pueblo CAP de las milicias urbanas” indicó la funcionaria, lo que demuestra no solo lo irresponsable e indolente de las declaraciones en relación con sus familiares, sino la manera como desde este punto de vista se justifica el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. De la misma forma pone en situación en vulnerabilidad a toda la familia López Guisao.

 

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos el asesinato de RUTH ALICIA LÓPEZ GUISAO, lideresa campesina y defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural ASOKINCHAS, organización miembro del Coordinador Nacional Agrario y de Congreso de los Pueblos.

 

Los hechos ocurrieron el día de hoy, 2 de marzo de 2017, en el barrio Olaya Herrara de Medellín cuando Alicia se encontraba visitando a integrantes de su familia que habitan en el sector. Según se ha conocido el hecho fue perpetrado por dos sujetos que dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de la lideresa.

 

RUTH ALICIA era dinamizadora de un Proyecto de Cumbre Agraria para el fortalecimiento de soberanía alimentaria con doce comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Medio San Juan y Sipí en el departamento de Chocó. Dicho proyecto es financiado por el Ministerio de Agricultura.

 

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