[COMUNICADO] Un Sistema Integral con sabor agridulce para las víctimas de crímenes de Estado

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Bogotá, 15 de marzo de 2017.- En último debate, la plenaria de Senado aprobó este lunes 13 de marzo el proyecto de Ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

 

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública y a la Corte Constitucional, con el fin de expresar nuestro respaldo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

La fima del acuerdo final entre las FARC-EP y el Gobierno es un hecho histórico que deja sentadas las bases para la construcción de un nuevo país y cimienta el camino hacia la paz. Pero para que esta sea estable y duradera debe contar con una serie de reformas que ataquen las causas estructurales de la violencia estatal y el conflicto armado.

 

 

Reconcidos estudios demuestran que la violencia ha estado aliementada mayrmente por la responsabilidad colectiva de la Fuerza Pública.

 

 

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos.

Familiares, amigos y compañeros del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza se reunieron el pasado jueves 27 de abril para conmemorar los 19 años de su asesinato, en un evento organizado por el capítulo Bogotá del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Unión Sindical Obrera (USO), que contó con las intervenciones de su esposa e hijo, así como de sus más allegados.

 

Más de 50 organizaciones de víctimas y de derechos humanos se pronunciaron este viernes 5 de mayo para denunciar la expedición del Decreto 706 de 2017, el cual suspende todas las órdenes de captura contra miembros de la Fuerza Pública procesados que hayan cometido graves violaciones a los Derechos Humanos, en el marco o con ocasión del conflicto armado, algo intolerable para las víctimas de crímenes de Estado que sienten vulnerados una vez más sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.

 

Recibimos con indignación la noticia que el Juzgado 21 de Ejecución de Penas de Bogotá, decretó la “libertad transitoria condicionada y anticipada” del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, en virtud de los beneficios que de manera desproporcionada la ley de Amnistía – 1820 de 2016 – le otorga a los agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y lesa humanidad.

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