Denuncia Pública: ¿Que buscan en nuestros hogares?

Desde hace un tiempo como hijas e hijos de la memoria de las luchas sociales y políticas, venimos denunciando la persecución, el hostigamiento y las amenazas contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

 

La Federación Agrominera del sur de Bolívar, la Corporación Sembrar, la Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano – Fundesuma, denunciamos ante la opinión pública y los organismos de derechos humanos los siguientes hechos:

 

16 años caminando por la verdad y la memoria

Por la dignificación de nuestros muertos

Exigimos se conozca la verdad real y completa

 

 En el marco del debate de la discusión de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Senado de la República aprobó anoche una disposición según la cual no podrán tomar posesión en cargos de la JEP: “quienes hayan gestionado o representado acciones en contra del Estado en materia de reclamaciones a los derechos humanos, al derechos internacional humanitario o al derecho penal internacional o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido dicha representación [y tampoco] quienes hayan tramitado acciones ante Sistemas o Tribunales Inter

 

Garantizar la desclasificación y conservación de los archivos de inteligencia estatal como ejercicio de memoria es indispensable para lograr una Fuerza Pública para la Paz. Su difusión pública y construcción colectiva es garantía de verdad y no repetición. 

 

Es necesario excluir,  de los archivos de inteligencia, la información  arbitraria en contra de líderes/as sociales,  periodistas, movimiento estudiantil y opositores/as. 

 

[Comunicado Antioquia] Las organizaciones que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por lo acontecido el día 15 de noviembre del presente año en la plenaria del Senado, cuando se incorporaron cambios sustanciales a varios artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), entre ellos al artículo 104, el cual hace referencia a los requisitos para ser elegido como magistrado de las Salas de la JEP.

Con el fin de garantizar la obligación histórica que tiene el Congreso de la República con la implementación normativa del Acuerdo de Paz, y agotados todos los mecanismos que desde la ciudadanía tenemos a nuestro alcance, 59 organizaciones de víctimas, políticas, sociales y defensoras de derechos humanos; y 60 líderes sociales y víctimas interpusimos una acción de tutela en contra del máximo órgano del poder legislativo y el Presidente de la República para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la implementación legislativa de lo pactado. 

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