Decreto que suspende órdenes de captura a fuerza pública es inconstitucional

En el marco de las intervenciones ciudadanas ante la Corte Constitucional en la etapa de revisión de las leyes y decretos que implementan en Acuerdo de Paz, el pasado 2 de junio, ocho organizaciones defensoras de derechos humanos (1) junto con el grupo de litigio de la Escuerla de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, solicitamos a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto 706 de 2017

La “Propuesta de organizaciones sociales y de derechos humanos sobre criterios que deben regir el mecanismo de selección y escogencia de los candidatos a hacer parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)” fue entregada al pleno del Comité de Escogencia el 18 de abril de 2017 y suscrito por 60 organizaciones sociales y de derechos humanos. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos asumió la reproducción del documento.

Luego de ser identificados, el 7 y 9 de junio se realizó la entrega de cuerpos en el marco de la campaña “Contemos la Verdad ¡porque todas las personas no identificadas tienen una historia!” adelantada por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (CsOFB) en el departamento del Meta.

Nelson Javier Restrepo Arango, miembro del partido Comunista Colombiano (PCC) exiliado en España, recibió un mensaje de amenaza firmado por las “Autodefensas Unidas de Colombia”. El pasado 9 de junio llegó a su domicilio, según ha denunciado públicamente el PCC.

“Advirtiendo a los comunistas y guerrilleros colombianos en España, que al estar realizando acciones contra el pueblo colombiano y la gente sana de Colombia, están declarados objetivo militar por nuestra organización.”, dice el mensaje, de acuerdo al comunicado del PCC.

En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación se presentaron, el 12 de junio, alrededor de 25 líderes y lideresas sociales sobre los que pesan investigaciones y, en algunos casos, incluso se habló de órdenes de captura. Estos procesos, según han denunciado varias organizaciones sociales que los acompañaron, hacen parte de una persecución judicial al movimiento social por parte de los organismos estatales.

La comunidad, principalmente personas desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad, solicita garantías para evitar represiones de la Polícia Militar que hace tres días hace presencia. Desde hace dos años, se oponen a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que afectaría su calidad de vida.

La construcción de casas y apartamentos de interés social se ubica al occidente de la ciudad. En el lote continuo, la administración continúa las obras a pesar de las audiencias y la oposición de los habitantes del sector.

 

“El árbol del limón es el único que no se ha secado, sigue dando frutos con alegría. Esperando que algún día se sepa quién arrebató tus sueños”, decían los versos con los que Blanca Díaz, integrante del Capítulo Bogotá del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), iniciaba la conmemoración de su hija, Irina del Carmen Villero Díaz.

 

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