Restitución de tierras no permite el retorno de las víctimas por concesiones de proyectos mineroenergéticos

Como Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, reiteramos nuestra solicitud para que la Ley de Víctimas se desarrolle en favor de los derechos de las víctimas y nos preocupan profundamente las irregularidades denunciadas por la Contraloría frente a los procesos administrativos de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, las falencias se extienden a los procesos de restitución de tierras, que impiden el retorno al territorio con dignidad y garantías para el desarrollo de los proyectos de vida de los que fueron despojados hace décadas las víctimas.

 

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“El libro que usted tiene en sus manos fue escrito con el alma desgarrada de hombres y mujeres que hemos vivido en este país los embates de la guerra desde orillas diferentes”, así inicia la introducción del libro Almas que escriben memorias y esperanza, donde doce víctimas de diferentes crímenes narraron algunas de sus historias de lucha y dignidad en medio del dolor.

El proceso de retorno para  las familias de la Vereda El Congal ubicada en el municipio de Samaná- Caldas, se ha convertido en una motivación permanente por reconstruir nuestros proyectos de vida y rehabitar nuestro territorio lejos de la guerra y la vulneración, por tanto asumimos un compromiso personal y colectivo en un proceso que se convierte en una posibilidad de reparación ante las múltiples vulneraciones a nuestros derechos, producto de  las acciones violentas vividas  en nuestra vereda como consecuencia de la incursión de grupos armados, el desplazamiento forzado y la múltiples erra

Jefferson Franco, hijo de la desaparecida Alexandra Ochoa, lucha contra la impunidad en el caso de su madre. Participa de la conmemoración de la masacre, que se realizará dentro de un mes en la cancha Polipolvo de la Comuna 7 en Barrancabermeja. Será un espacio de memoria para dignificar a las víctimas y su buen nombre. 

 

Tras más de un año de seguimientos, persecución, señalamientos y hostigamientos por parte de la fuerza pública y de autoridades judiciales de Cartagena; presiones contra sus familias y su entorno comunitario, cinco líderes comunitarios, directivos de diferentes organizaciones sociales y comunitarias, todas afiliadas a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, tomaron la decisión de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía para tratar de aclarar si la presión a la que están siendo sometidos obedece a algún requerimiento judicial. 

 

Las formas de violencia que enfrentan actualmente algunos miembros del Movice incluyen persecución, amenazas, toma de registro fílmico y hostigamientos. Estos hechos han sido denunciados ante la Fiscalía y, sin embargo, continúan sucediendo.

La participación de las víctimas de crímenes de Estado se presenció en diversas ciudades del país. Desde los plantones, las movilizaciones en calle, los espacios académicos y la audiencia en el Congreso de la República se manifestó principalmente la preocupación por el asesinato de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos en el marco de una implementación del Acuerdo Final de Paz que aún carece, entre otras cosas, de avances significativos en las garantías de no repetición.  

 

A nivel nacional, intervención en el Congreso de la República

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