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I - Introducción
El conflicto interno armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo ha dejado miles de víctimas de crímenes de Estado. Durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, al finalizar la década de 1970, fueron detenidas y torturadas por militares, tan sólo en Bogotá, más de 5.000 personas y, según un informe del Ministerio de Defensa, más de 60.000 personas fueron detenidas por militares durante el primer año de la administración de Turbay Ayala (1978-1979).
Presentación
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha logrado despertar las esperanzas de gran parte de la población colombiana, así como la de varios gobiernos extranjeros y de la comunidad internacional; no solo por la sanción y puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino por la posibilidad de entablar un diálogo de paz con la guerrilla. Sin embargo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) ha constatado que durante el actual gobierno las víctimas han encontrado múltiples dificultades para acceder a una real verdad, justicia y reparación integral; siendo una de las principales dificultades la persistencia de las agresiones, que van desde amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos y desapariciones forzadas.
Tras cinco meses que lleva la implementación de la ley de víctimas presentamos el siguiente informe de seguimiento de la misma, en calidad deOrganizaciones de Víctimas y particularmente Organizaciones de Población Desplazada, señalamos que una parte importante de las inquietudes presentadas durante la etapa de discusión en el congreso y aún en la etapa elaboración de los Decretos Reglamentarios, tienen que ser reiteradas en este primer informe de seguimiento, dado que persisten las situaciones de desconocimiento y negativa al cumplimiento de las normas establecidas, en materia de derechos de las victimas, contemplada por la jurisprudencia colombiana y los estándares internacionales.
Presentación
Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, se ha hecho evidente un cambio en el discurso presidencial sobre el actuar de los defensores de derechos humanos y las víctimas, especialmente contrastadas con los sistemáticos señalamientos y estigmatizaciones que caracterizaron los anteriores gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Las organizaciones que representamos a las víctimas de Crímenes de Estado: Movimiento de Víctimas Capítulo Norte de Santander (MOVICE), Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de víctimas del Desplazamiento Forzado: Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander (MFOPD), Asociación de Desplazados de La Provincia de Ocaña (ASODEPO), y Defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CALCP), les presentamos nuestras grandes preocupaciones sobre las graves problemáticas que aquejan a varios sectores del departamento de Norte de Santander, de las cuales exigimos al Estado colombiano acciones efectivas y respeto por nuestros derechos.