Hora: de 5 p.m. a 8 p.m.

Lugar: Auditorio "Aurelio Arturo"/Biblioteca Nacional (Cll. 24No. 5-60. Bogotá D.C.)

Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1], abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la sociedad en su conjunto. Es el‘castigo’ contra el pensamiento crítico, la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos políticos amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2]. Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a los presos políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga, mediante grotescos montajes judiciales, cargos por delitos comunes: “La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide la extradición por delitos políticos]”[3]. Sindicalistas, estudiantes, líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por ‘terrorismo’ y otros delitos comunes, debido a las estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo a la par que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos en falsos ‘testigos’ contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social –en el 3er país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria. 

 

Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay igualmente  negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH por parte del estado colombiano [7]; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el alejamiento geográfico y separación familiar como forma de tortura, las palizas, descargas eléctricas, envenenamientos (combustible, materia fecal, vidrios en las comidas), la privación de agua, los encierros prolongados en calabozos, el hacinamiento extremo [8], los tratos degradantes y las humillaciones de carácter sexual, las amenazas de extradición, las torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y desaparición forzada. La impunidad ampara la tortura, no son respetadas las sentencias de la Corte Constitucional, tampoco las tutelas. Además se expiden leyes enfocadas a la persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno Santos, y normas internas del Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que vulneran los DDHH [9]. De ahí la importancia de que crezca la solidaridad activa con los presos políticos. Hay razones políticas, éticas y humanitarias de sobra para que la sociedad colombiana e internacional alce un clamor solidario.

Por negación de asistencia médica los presos quedan lisiados, paralíticos, ciegos, o pierden la vida [10]: “A cada prisionero nos ha tocado activar el sistema de amparo mediante la tutela, mecanismo constitucional que el INPEC no cumple, burlándose del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato”[11].

Los casos de presos asesinados por negación de asistencia médica son alarmantes: estas torturas son aplicadas con particular saña contra los presos políticos. Las organizaciones de DDHH lanzan la alarma. Dada la cantidad de presas y presos políticos en situación de tortura en las cárceles colombianas, presentaré solamente algunos casos.

José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero 2011, devorado por un cáncer de estómago para el cual le negaron los análisis durante más de un año, incluso cuando ya perdía masa muscular a simple vista [12]. Ante la gravedad de su caso y los atroces dolores que padecía, los demás presos desarrollaron una huelga de hambre e interpusieron una tutela para que el estado lo atendiera; pero todo fue en vano: hubo negación absoluta de atenderlo por parte de las autoridades, propiciando así el cáncer terminal y la muerte. El ensañamiento llegó a tal punto contra este preso político que fue inscrito como NN en la morgue “a pesar que el INPEC contaba con la plena identificación y tenía los teléfonos de la familia, a quienes nunca informaron de su muerte” [Ibíd. ]. 

El preso político Arcesio Lemus también fue asesinado por negación de asistencia médica y tortura; el testimonio de su hija retrata la vida de una familia, que es la historia de la persecución a la oposición política. También alerta sobre la existencia de una política de Estado contra los presos políticos:

Las muertes por negación de asistencia médica suceden una tras otra, en la más absoluta impunidad. El 1 de noviembre 2011 fue asesinado por tortura Ricardo Contreras: molido a palos por la guardia, y privado de asistencia médica [14]. El 15 de noviembre 2011 el estado asesina al preso Jhon Jairo Garcia por tortura de negación de asistencia médica [15]. En la cárcel el Pesebre muere Jonathan Smith Arias en enero 2012 [16], y el 9 de abril 2012 fallece Yovani Montes, ambos por negación de asistencia médica [17]. En diciembre 2011 fallece Luis Fernando Pavoni [18], y el 14 de junio 2012 fallece Óscar de Jesús Pérez, ambos por negación de asistencia médica, en Bellavista [19]… La lista continúa de manera aberrante. La Personería de Medellín reporta que: “en los últimos dos años han muerto 12 reclusos por falta de atención médica” [Ibíd. ], y el mismo drama se repite en cada región de Colombia.  

En diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: “la inminente negligencia de la fiscalía, que se niega a expedir la resolución de traslado del penitenciario a un centro de atención medica pertinente al caso de salud de José M. Álvarez Tonguino recluido en la PICOTA-ERON y solicitado en extradición, que padece de una enfermedad que no ha recibido un trato adecuado y que por solicitud del médico interno, es necesaria la atención especializada urgente debido al estado de descomposición de su axila. El caso de Tonguino, a quien se le está violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado, varios prisioneros han muerto (…) Es innegable que en las cárceles de Colombia se violan los DD.HH., se da un trato contra la dignidad humana”[20]. Pese a las súplicas de familiares y organizaciones, la negación de asistencia médica acaba con la vida de Tonguino a inicios de 2012. Son reiteradas las solicitudes –infructuosas- de que “se abran las investigaciones contra los funcionarios del INPEC, en cabeza de su director General de la policía G. Ricaurte, la Dirección de la Cárcel PICOTA-ERON y contra el personal de la guardia, por violar la Ley 65/93, Art. 16 CN y el acuerdo 0011/2002. (…)que se garantice el Derecho a la Vida” [Ibíd.].

La impunidad es total para un mecanismo de tortura y homicidios. Algunos presos políticos que han sido asesinados por negación de asistencia médica son: Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle, Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés [21]. 

 

Los presos son privados de medicina, y los médicos encarcelados. Por curar a todo aquel que requiriera asistencia médica en la región dónde vivía, Carlos Figueroa, médico cirujano, fue víctima de montaje judicial y condenado a 20 años de prisión por "rebelión", para castigar su respeto por la vida: “A nivel judicial también existen los ‘falsos positivos’". Este médico preso político padece de cáncer: "Para que me iniciaran el tratamiento tuve que demandar al estado; pero no me llevan a las citas. Muchos enfermos reciben peor trato incluso (...) Apenas se denuncian los maltratos somos llevados a cárceles de alta seguridad, como lo que me ocurrió por pedir agua potable (...) Los presos políticos deberíamos estar en patios diferentes a los de los paramilitares y aquí no hay ninguna clasificación”[22]. 

Están en alto riesgo de muerte por negación de asistencia médica varios presos políticos. Señalaré algunos casos. El preso político Devis Ochoa [23] es diabético de tipo dos, ya pesa tan sólo 47 kilos, y se le niega una alimentación adecuada y la asistencia médica como forma de tortura que provoca la muerte; también se le ha introducido en un patio de paramilitares, en un intento de asesinato. 

Al preso político Gustavo Giraldo el estado también lo está asesinando por negación de asistencia médica: padece de una enfermedad degenerativa que le ha hecho perder más de la mitad de su peso, cada día sin asistencia lo empuja a la muerte [24]. El preso político Hernán Rodríguez Díaz realizó una huelga de hambre reclamando asistencia médica y su traslado de penal, dado que el INPEC lo envió al “centro de tortura de Valledupar”, alejándolo de su núcleo familiar[25]. “El prisionero político padece una infección estomacal, un problema visual y dolores en la vejiga, por lo que ha presentado múltiples peticiones de atención médica las cuales han sido ignoradas. Hernán Rodríguez Díaz y 44 prisioneros mas denunciaron que se encontraban enfermos por causa de la contaminación del agua y alimentos, padeciendo los síntomas de caída de cabello y uñas, diarrea, sangrado rectal y oral, sin que hubiesen sido atendidos” [Ibíd.].

 

La situación de los presos políticos de guerra es dramática: éstos son con frecuencia capturados heridos tras combates o bombardeos, y se les niega la asistencia médica, empujándolos a la muerte o a la pérdida de sus miembros. Tal es el caso del preso político y de guerra Rolando Gradados que tiene las piernas y los brazos destruidos, y es torturado al negársele asistencia médica, restringírsele el agua potable y presionarlo a falsas confesiones bajo amenaza de extradición: "No puede caminar, ni comer solo y siempre debería estar asistido por una enfermera, sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta ordenada por el médico, soporta fuertes dolores (…) Fue abordado por dos hombres de aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y estos lo hostigaron afirmándole que sería extraditado a Estados Unidos si no confesaba(…) Fue alejado de su familia en una política de destierro que vulnera un derecho fundamental. En el área donde se encuentra hay 9 internos que no están asistidos correctamente, ni enfermera tienen, incluso hay un enfermo terminal. Les están restringiendo el agua”[26].  

 

El preso político de guerra Diomedes Meneses Carvajalino ha sido víctima de torturas por parte del estado colombiano, que le sacó un ojo con un puñal, e intentó asesinarlo en repetidas ocasiones, “utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del Gaula”[27]. Además está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica: “devorado por una bacteria agresiva que le está carcomiendo el tejido muscular y óseo(…) la infección se trasladó al glúteo, afectando su integridad física: se expone a amputación (…) Por más de dos años una bacteria corroe su humanidad (…) Iguales circunstancias padecen miles de presos que son desatendidos en las prisiones colombianas, lugar donde se tortura sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus obligaciones constitucionales de respetar el DIH, los derechos humanos” [Ibíd.], denuncia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).

La situación de los presos ancianos, lisiados o con enfermedades crónicas en las cárceles colombianas es vergüenza para la humanidad: el hacinamiento, la insalubridad, la privación de agua, la comida descompuesta, las agresiones físicas de los guardianes o del paramilitarismo los vulneran de manera inexorable. Iván Cepeda denunció: “La gravísima situación se expresa en que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal”[28]. La debida reducción de pena y la excarcelación de presos lisiados o enfermos terminales es negada con saña. En mayo 2012 denuncian: “El prisionero Nelson Guzmán se encuentra cuadripléjico y sin la atención medica adecuada, en condiciones miserables (…) El juez Escobar ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a verlo, pese a la solicitud de prisión domiciliaria. Situación similar ocurre con los prisioneros de la tercera edad que sufren penosas enfermedades”[29].

El ensañamiento contra los presos políticos alcanza niveles aberrantes: el preso político Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, está encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH. Oscar fue arrestado de civil en fase de recuperación; pero perdió por completo la visión por causa de la negación de asistencia médica del INPEC: “Un joven que sufrió amputación de los miembros superiores y durante todo este tiempo necesitó atención médica urgente para evitar la pérdida de su visión, pero ésta nunca le fue brindada”[30]. Su defensor logró sacarlo de la cárcel al cabo de 7 meses, gracias al dictamen de “Medicina Legal que afirma que por sus discapacidades físicas no puede estar en un centro penitenciario. Le otorgan detención domiciliaria.” Pero el estado, en una clara demostración de ensañamiento con fines de tortura, revocó la detención domiciliaria: “En medio de una de esas ilegales jugadas que realiza la rama judicial por orientación directa de los organismos de seguridad (…) Oscar es condenado a 40 años de prisión y remitido a la Cárcel de Itaguí, ignorando el dictamen de Medicina Legal” [Ibíd.]. El estado colombiano viola el DIH y se empecina en mantener una situación de tortura: un mensaje de terror. Además de causar la ceguera de Oscar, el INPEC profundiza la tortura: “Óscar es trasladado consciente y premeditadamente a una cárcel en la cual no hay colectivos de presos políticos que puedan brindarle la solidaridad que necesita. Por el contrario, sólo hay paramilitares(…) Oscar no puede valerse por sí mismo. Es puesto en una situación de total indefensión” [Ibíd.]. El estado busca aplastarlo como ser humano, porque remitir a un preso político y de guerra sin brazos y ciego a una cárcel llena de paramilitares es de las peores crueldades concebibles. Se evidencia una omisión preconcebida que le ha generado ceguera y un ensañamiento criminal al situarlo en una tortura permanente que atenta contra su vida. 

    

La incidencia de cáncer en las cárceles colombianas es extrañamente alta. El CSPP alerta:

Las reiteradas denuncias por intoxicación alimentaria en diversos penales dan cuenta del carácter continuo de este atentado contra la salud y la vida. “Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG” [33]. El 16 de abril 2012 el CSPP denuncia: “Nueva intoxicación masiva en Palogordo”, alertan los presos políticos:

Los presos emprenden masivas huelgas de hambre contra el envenenamiento:

Las ulceraciones e irritaciones del colon son factores de riesgo para el cáncer. La Campaña Traspasa los Muros alerta: "Preocupan gravemente las múltiples denuncias por problemas de salud relacionados con posibles cánceres de estomago o demás partes del aparato digestivo de los prisioneros, que en algunos casos ha ocasionado la muerte, como sucedió con el prisionero político José Albeiro Manjarres, quien murió luego de que se le descubriera de forma tardía un cáncer terminal de estómago. Que se conforme una comisión (...) con el objeto de verificar los motivos por los cuales en la Penitenciaria de Palogordo se presentan múltiples casos de enfermedades cancerosas que afectan el aparato digestivo”[36].

 

Convertir la comida en un arma contra los presos es una tortura recurrente: el 26 de junio 2012, 20 presos deciden amarrarse a una altura de 20 metros del suelo en la cárcel de Valledupar, denuncian: “Un día el INPEC nos da vidrio en las comidas, como el 28 de mayo, que dejó a 5 presos heridos incluyendo a Javier Moscote, quien fue hospitalizado por heridas ocasionadas al interior de su cuerpo por los vidrios injeridos, y otro día no nos da comida”[37]. El CSPP denuncia: “el suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día por lapsos inferiores a 20 minutos (…) los reclusos deben recoger el agua en recipientes y transportarla, hay celdas en el quinto piso. Esto genera enfrentamientos (…) a diario aproximadamente 60 detenidos de cada torre se quedan sin agua, lo que constituye condiciones de vida cruel y degradante” [Ibíd.].   

La cantidad de suicidios debido a las torturas es alarmante. Leandro Salcedo se suicidó tras meses de tortura: “El régimen de crueldad y Tortura al que están sometidos los reclusos, especialmente en la UTE (calabozos), los lleva a atentar contra su propia vida, como Leandro” [38]. Jorge Russo fue empujado al suicidio al negarle los medicamentos que le eran necesarios, además de torturarlo reteniendo las encomiendas de su familia, y otras crueldades; cuando se subió a las estructuras carcelarias: “uno de los guardias le lanzó una pipeta de gas desde la terraza, también le lanzaban piedras y una lo golpeó fuertemente en la cabeza” [39]. 

El traslado geográfico y alejamiento familiar es utilizado como forma de tortura y vulnera los derechos de los presos y de sus familiares, ocasionando cuadros dramáticos, como los suicidios: tal fue el caso, aparentemente, de Luis Carlos Arroyave [40], que apareció colgado en una de las áreas de vigilancia de la guardia; o de Jhon Jairo Garrido Barrios, encontrado sin vida el 1 de septiembre 2011 en la Penitenciaria de Valledupar: la tortura a la que el INPEC lo sometió, negándole -pese a órdenes judiciales- el acercamiento a su núcleo familiar, lo empujó al suicidio. Manifiestan los prisioneros que no pudo soportar más la tortura de estar lejos de su familia, situación que consideraba como “muerte en vida”[41]. En enero 2012, se ahorca Frank Camilo Amado, bajo “una política sistemática de represión y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas físicas y psicológicas, humillaciones y tratos degradantes, fuertes palizas, choques o descargas eléctricas, gases en la cara(…) Alguien debería indagar sobre las causas de que en menos de 6 meses ya existan 5 muertos”, denuncian los presos políticos de Girón en junio 2012 [42].

Por palizas son asesinados los presos, como ocurrió con Ricardo Contreras -uno de los casos conocidos-: molido a palos por la guardia y privado de asistencia médica. Los presos desesperados entablan huelgas de hambre con la esperanza de hacer cesar la tortura, algunos hasta se cosen la boca; pero las torturas y la negación de asistencia médica siguen siendo un mecanismo de agresión contra la vida de los presos. Jhon Leyner Delgado fue: “sometido a aislamiento por negarse a firmar un documento donde se auto-culpara (…) Al negarse a firmar, la golpiza propinada por la guardia le provocó múltiples heridas. No ha sido atendido. Por haber sido sometido a tortura, ha iniciado una huelga de hambre. Con el fin de exigir respeto a sus derechos fundamentales y al derecho a la salud en particular”, denuncia el CSPP [43]. El 11 de julio 2012 muere Jair Benavidez Suárez “luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas del INPEC” [44].

 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “La Defensoría del Pueblo presentó el 14 de octubre (2011) una denuncia penal en contra del General Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura. La tortura en cárceles sigue siendo una práctica sistemática, que permanece en total impunidad. Tal como lo indica la Coalición Colombiana Contra la Tortura, en su Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, (…) entre el año 2010 y lo que va del 2011, la Defensoría del Pueblo del Cesar reportó tan sólo en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec, de las cuales, 46 quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes” [45]. 

 Ampliar la solidaridad y denunciar internacionalmente es un imperativo humanitario. Las denuncias que logran salir de las cárceles colombianas quedan en la impunidad, y no son sino la punta del iceberg: “Ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura previa” [46]. La impunidad ampara a los torturadores, mientras que un comportamiento respetuoso de los DDHH es castigado: cuando hay jueces que se niegan a avalar los montajes judiciales del estado, éstos sufren asesinato o encarcelamiento político, como el Juez Oscar Hurtado, detenido por negarse a legalizar capturas masivas y detenciones arbitrarias [47]. 

 Las madres de presos caminaron desnudas en mayo 2012: “En contra de la tortura, la falta de agua, la no garantía del derecho a la salud, el traslado de los internos a centros penitenciarios alejados de sus familias (…) Los familiares sentimos como propios los sufrimientos que padecen nuestros seres queridos en los centros de tortura llamados cárceles (…) El sistema jurídico colombiano entrega sin ningún reparo a sus nacionales en extradición(…) Nos desnudamos para ser escuchadas.”[48]

No obstante su situación de vulnerabilidad extrema, los presos políticos siguen trabajando en procesos organizativos de defensa de los derechos humanos. El preso político Jairo Fuentes denuncia: “En las cárceles el derecho de expresión es reprimido con medidas como el alejamiento familiar (…) quienes estamos denunciando esta realidad oprobiosa somos trasladados a cárceles de máxima seguridad, lejos de nuestras familias” [49]. La Campaña Traspasa los Muros denuncia esta forma de tortura: “Uso de traslado y aislamiento como forma de desarticulación organizativa (…) no se tiene en cuenta que la ubicación del proceso judicial esté en el mismo sitio donde la persona está recluida. Este hecho se da en el caso de las y los prisioneros políticos, por la gran cantidad de traslados que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo dentro de los centros de reclusión y también como retaliaciones de sus acciones de denuncia y desobediencia. Esta situación provoca una forma adicional de pena que es el hecho de estar alejado del núcleo familiar”[50].

En Junio 2012 denuncian que corre peligro la vida del defensor de DDHH, preso político y de guerra Marbel Zamora trasladado aunque: “una tutela le concedió el derecho a la unidad familiar(…) destacado por su valioso trabajo en el Movimiento Nacional Carcelario, que reivindica la rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros, el traslado de los presos a sus sitios de origen familiar y procesal, no a la extradición(…) Destacado en la resistencia frente a las reiteradas violaciones de DDHH por parte del INPEC. Su traslado a la cárcel de Valledupar pone en grave riesgo su vida(…) dicha cárcel se ha caracterizado por su permanente tortura”[51].

El DIH preconiza la Clasificación de internos, pero: “los prisioneros políticos no son separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante su vida”[52],denuncia la campaña Traspasa los Muros. Los traslados a patios con notoria mayoría paramilitar se usan como método de tortura contra los presos políticos. En julio 2012 denuncian: “Los atropellos a la seguridad y la vida de que fueron víctimas los presos políticos José Darío Arévalo Quintero, Wilson Enrique Leva, José Antonio Mendoza, Álvaro Padilla Tarazón (…) ordenando su traslado a otros patios(…) Solicitamos que sean reubicados urgentemente donde nos encontramos la mayoría de los presos políticos.” Arévalo Quintero expresa: “Temo por mi integridad física y por mi vida, me encuentro entre internos procesados por paramilitarismo e integrantes de la fuerza pública”[53]. En el marco de la huelga nacional de hambre de marzo 2012: “el Prisionero Político Leonardo Chaux Hernández se declaró en huelga de hambre para denunciar que era el único prisionero político en el patio 1B de La Dorada, y en exigencia de la visita humanitaria de la Comisión Internacional de DDHH”[54], impedida por el estado colombiano.  

El preso político de guerra Diomedes Meneses, víctima de tortura e intento de homicidio por miembros del Gaula (ejército), aún impunes, fue puesto en un patio con miembros del Gaula:

“Caí tras el disparo… luego me propinaron otro disparo en el abdomen (a quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2 metros del suelo. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y culatazos, me partieron esta pierna. Cuando la granada detonó me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros, pero a ellos no les importó, me siguieron golpeando(…) El Cabo Salazar sacó un puñal y me chuzó todos los dedos. Luego me sacaron todas las uñas de los dedos de los pies (…) Me pinchó el ojo izquierdo, lo perdí. Me degolló (…) Estoy condenado a 22 años de cárcel por ‘rebelión’ y ‘tentativa de homicidio’ pero no sé de qué tentativa se trata porque yo no les disparé, ni llegué a usar el arma(…) Y están los 15 nombres de los que me torturaron a mi, miembros activos del Gaula, entonces ¿por qué no han hecho justicia?(…) En esta cárcel han tomado represalia política(…) Nos dieron a ‘escoger’ a los presos políticos entre los calabozos y el patio paramilitar(…) Me roban, me hacen caer de la hamaca, me golpean… Saben mis limitaciones físicas y que soy un preso político, y aquí hay ejército, Gaula, paramilitares”[55]. 

Las presas políticas denuncian también torturas físicas, sicológicas, y conexas a la negación de asistencia médica y la insalubridad. Hay casos en que las torturas las vulneran de manera definitiva, como el de Marisela Uribe García, detenida con más de 5 meses de embarazo de gemelos, que perdió sus bebés por tortura [56]. Marisela fue denunciante de la mayor fosa común del continente, hallada en Colombia con 2000 cadáveres de desaparecidos a manos del ejército: situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega[57].

 

A las presas políticas se les reducen las visitas de los hijos, obligando a estos a sufrir situaciones dramáticas. Denuncian el chantaje como forma de tortura que utiliza el INPEC, implicando a sus hijos. Las visitas o la reducción de pena son impedidas como retaliación contra la organización política. Los niños están expuestos a ser entregados a orfanatos, si no les queda un familiar que los acoja. A las madres cabeza de hogar se les violan sus derechos a detención domiciliaria, como en el caso de Liliany Obando, socióloga que pasó casi 4 años presa sin pruebas, durante los cuales le fueron negados sus derechos constitucionales como madre cabeza de familia [58]. Liliany expresa:

Las presas políticas sufren agresiones reiteradas, obligadas a convivir con paramilitares:“exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en nuestra seguridad. Exigimos que se de cumplimiento a las leyes internacionales de clasificación de internas por hecho punible y se nos separe de las detenidas de ‘Justicia y Paz’, paramilitares(…)”[60]. También alertan:“No hay diagnósticos sobre enfermedades crónicas o terminales, no se atienden los tratamientos post-quirúrgicos o no se suministran los medicamentos. Situaciones tan graves como las que denunciaron las prisioneras políticas del ERON Cúcuta: ‘hay varias internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y no han sido atendidas’” [61].

Las torturas y vejaciones reseñadas en este informe son apenas una ínfima parte de la realidad, son la parte visible. Noticias Uno reportó la denuncia de violaciones sexuales por parte de guardianes: “Una reclusa fue abusada por los guardianes de la cárcel de Valledupar. Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas. El INPEC ordenó una investigación, pero no la trasladó a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias denunciados.‘Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales, es un abuso de autoridad’. Cuatro uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse. ‘Yo dije que era violación(…) después de eso siguió el acoso, la burla y después denuncié otro intendente que se metió al cuarto porque según él ya lo había hecho con otro guardián’” [62].

Los familiares visitantes sufren “abusivos manoseos en sus partes intimas”[63], asimismo los presos políticos denuncian:“debemos soportar todo tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a vejámenes como ser requisados totalmente desnudos y obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes (…)Ese tipo de requisas, son proscritas por la Corte Constitucional(…)” [64], pero la impunidad ampara la continuidad de la tortura.

 17. La tortura en Colombia: una lógica de estado

La tortura se inscribe en una lógica de estado, de dominación mediante el miedo; no se trata de casos aislados: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de presos políticos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares. El tema de la tortura implicando a familiares de presos políticos será desarrollado en la parte VI de este dossier. Ante la impunidad que prolonga la tortura, ante los sufrimientos indecibles, ante los homicidios de presos, se hace urgente la solidaridad internacional. La exigencia del cese de la tortura y la exigencia de la libertad para los miles de presos políticos son pasos imprescindibles hacia una verdadera paz con justicia social. La importancia de visibilizar estos crímenes de estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como mecanismo de terror contra la reivindicación social. Estos mecanismos represivos son la matriz la guerra, su finalidad es perpetuar el creciente despojo de las riquezas de Colombia y la concentración de capital en pocas manos, en desmedro de una población cada día más empobrecida. 

 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140827&titular=la-situaci%F3n-carcelaria:-%22en-colombia-existe-9.500-presos-pol%EDticos%22- 

[3] ‘Delito de rebelión’: “(…) Existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos cómo los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen defender.” http://www.traspasalosmuros.net/node/748 

23 de mayo 2011, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/tag/cifran-en-mas-de-57-mil-las-desapariciones-forzadas-en-colombia/ http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=290853&Itemid=1http://www.argenpress.info/2011/05/escalofriante-cifra-de-desaparecidos-en.html 

El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de la dictadura argentina: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas, informe Medicina Legal:. http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/71765-NN/colombia-registra-mas-de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos/ Tribunal Internacional de Opinión; “La DESAPARICION FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO” Veredicto. Congreso de la República. Bogotá, Abril 2008: http://www.dhcolombia.info/spip.php?article568 

[7] El DIH y la Ley 65 de 1993 preconizan Clasificación de internos. “Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condición de salud física y  mental.” La vida de los presos políticos es expresamente puesta en riesgo al ser revueltos con paramilitares. “Tampoco los enfermos terminales cuentan con un espacio adecuado (…)Aquí no existe clasificación de internos”, denuncian presos políticos. 5 presos muertos en cárcel de Girón en lo corrido del 2012http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=721:fcspp&catid=33:los-sin-voz&Itemid=72 

http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=718:presos-politicos&catid=33:los-sin-voz&Itemid=72 Estas condiciones se siguen degradando con el hacinamiento creciente que genera una política de encarcelamientos masivos.http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-153-98.htm 

[9] Aumentan las penas. Aparecen nuevas leyes y reglamentos a partir de las reformas y adopciones de nuevas medidas penales: Reforma del código penal; Reforma al código penitenciario (ley 65 de 1993); Reforma del código de procedimiento penal; Ley de seguridad ciudadana (ley 1453 de 2011);Aparece la ley 733 de 2002 y la  ley 906 de 2004, todo con el fin de negar beneficios administrativos, violando los derechos fundamentales y la constitución, mientras que convierten las cárceles en depósitos de seres humanos debido al alto índice de hacinamiento, bajo el silencio sepulcral de los señores magistrados de las cortes, del congreso(…) Ni que decir de las resoluciones y nuevas reglamentaciones de la dirección general del INPEC hechas al antojo de los directores de turno, con el objeto de limitar derechos mínimos de internos y visitantes. http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=718:presos-politicos&catid=33:los-sin-voz&Itemid=72

[11] Presos políticos de Girón denuncian, junio 2012:“(…) la tutela, mecanismo constitucional que el INPEC no cumple, burlándose del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato”. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/23064-colombia-presos-pol%C3%ADticos-denuncian-tortura-en-cárceles-colombianas-varios-presos-muriendo-por-negación-de-asistencia-médica-negación-de-las-medidas-de-reducción-de-pena-etc.html 

http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=718:presos-politicos&catid=33:los-sin-voz&Itemid=72

5 fallecidos en el primer semestre de 2012: Presos políticos de Girón denuncian tortura y nueva legislación lesiva http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152552&titular=presos-pol%EDticos-de-gir%F3n-denuncian-tortura-y-nueva-legislaci%F3n-lesiva-

[12] José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero de 2011 por negación de asistencia médica. Devorado por un cáncer de estómago para el cual le negaron los análisis durante más de un año, incluso cuando ya perdía masa muscular a simple vista (…)  fue inscrito como NN “a pesar que el INPEC contaba con la plena identificación, tenía los teléfonos de la familia, a quienes nunca informaron de su muerte” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120514 

Tras 9 meses, su muerte siguen sin ser investigada: una muerte más en las prisiones colombianas continúa en impunidad.http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=565:dia-nacional-del-preso-politico-haciendo-memoria-caso-jose-albeiro-manjarres-cupitre&catid=1:nacionales&Itemid=66

[26] Con las piernas y los brazos destrozados, torturado y bajo amenaza de extradición; El preso político y de guerra Rolando Gradados está siendo empujado a la muerte por negación de asistencia médica, denuncia del 20 de Febrero de 2012 http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=638:se-agrava-la-situacion-de-derechos-humanos-del-interno-rolando-gradados-hernandez&catid=24:denuncias&Itemid=46 Rolando Gradados fue trasladado desde la cárcel de Cúcuta a La Picota, pese presentar una terrible condición medica, fue capturado el 22 de diciembre  2011 y debido a sus heridas se encuentra en un estado deplorable y tiene destruidas las piernas y los brazos. ‘No puede caminar, ni comer solo y siempre debe estar asistido por una enfermera, además sus necesidades deben ser realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta ordenada por el médico’ A pesar de los ruegos a los organismos de control, a la fecha nadie ha realizado visita de inspección. Rolando Gradados fue abordado por dos hombres de aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y estos lo hostigaron afirmándole que sería extraditado a los EEUU si no confesaba(…)”http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145239

[27] “devorado por una bacteria agresiva que le está carcomiendo el tejido muscular y óseo(…) ”. Diomedes ha sido víctima de torturas por parte del estado colombiano, quién le sacó un ojo e intentó asesinarlo en repetidas ocasiones, “utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del Gaula.” El CSPP alerta en octubre 2011: http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=559:despues-de-dos-anos-diomedes-meneses-carvajalino-continua-sin-recibir-atencion-medica-adecuada&catid=23:comunicados&Itemid=45

[30] Aunque un juez determinó prisión domiciliaria, el preso político Oscar  Elías Tordecilla invidente y con los brazos amputados, sigue encarcelado en situación limite. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=105346  Denuncia junio 2010: “El gobierno debe ceñirse al dictamen emitido por Medicina Legal que ratifica que Óscar, por causa de sus incapacidades físicas no puede ser recluido en ningún centro penitenciario. (…) exigimos el cumplimiento de la ley 65 de 1993 según la cual la población carcelaria debe estar clasificada de acuerdo a la calidad de los delitos, y así, que Óscar Elías Tordecilla sea, por lo menos, trasladado inmediatamente al Patio 8º de la cárcel Bellavista en donde existe un espacio de presos políticos”http://www.abpnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3379&Itemid=176

http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3620:presos-politicos-de-palogordo-diagnosticados-con-cancer-continuan-sin-recibir-atencio-medica-por-parte-del-estado-colombiano&catid=108:prisioneros-politicos&Itemid=463

8 de julio 2012, Se agrava salud del preso político Vicente Valcarcel, enfermo de cáncer: http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=723:fcspp&catid=24:denuncias&Itemid=46

[34] 16 de abril 2012, CSPP: “Nueva intoxicación masiva en Palogordo”, alertan los presos políticos: “Los productos cárnicos han presentado avanzado estado de descomposición (…) ha aumentado el número de presos intoxicados. Se suma además el hecho sucedido el 11 de abril cuando al almuerzo se nos suministró un arroz cocido con sabor y olor a combustible (A.C.P.M.). El 14 de abril 2012 a raíz de un jugo se presenta una intoxicación general de presos, tocándonos hacer del cuerpo en las áreas de ducha porque el número de sanitarios (4) no dan abasto”http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=688:nueva-intoxicacion-masiva-en-palogordo&catid=1:nacionales&Itemid=66

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/5737-en-grave-riesgo-la-vida-de-otro-prisionero-pol%C3%ADtico-y-precupación-por-la-frecuencia-de-afecciones-mortales-del-aparato-digestivo-en-cárcel-de-girón-colombia.html?tmpl=component&print=1
"Están aumentando los casos de prisioneros políticos asesinados"  enero 2012http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143800

[37] Protestas, cárcel de Valledupar, 26 junio: “El suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día por lapsos inferiores a 20 minutos, para un promedio de 170 presos por torre.” http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=714:fcspp&catid=1:nacionales&Itemid=66

[40] El preso Luis Carlos Arroyave apareció colgado en una de las áreas de vigilancia de la guardia. http://comitedesolidaridad.com/valledupar/index.php?option=com_content&view=article&id=57:otra-persona-muerta-en-la-carcel-qtramacuaq-de-valledupar&catid=1:nacionales-&Itemid=4

http://comitedesolidaridad.com/valledupar/index.php?option=com_content&view=article&id=57:otra-persona-muerta-en-la-carcel-qtramacuaq-de-valledupar&catid=1:nacionales-&Itemid=4

[42] Se ahorca Frank Camilo Amado bajo “una política sistemática de represión y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas físicas y psicológicas(…) Alguien debería indagar sobre las causas de que en menos de 6 meses ya existan 5 muertos.”, denuncia junio 2012http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/23064-colombia-presos-pol%C3%ADticos-denuncian-tortura-en-cárceles-colombianas-varios-presos-muriendo-por-negación-de-asistencia-médica-negación-de-las-medidas-de-reducción-de-pena-etc.html

http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=721:fcspp&catid=33:los-sin-voz&Itemid=72

[44] Muere preso en Guaduas luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas por el INPEC, denuncia CSPP, julio2012http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=726:fcspp&catid=24:denuncias&Itemid=46

[49] Represión Penitenciaria: Trasladan a Jairo Fuentes Prisionero Político. CSPP, 11 de junio 2011 http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=452:represion-penitenciaria-trasladan-a-jairo-fuentes-prisionero-politico--picota&catid=24:denuncias&Itemid=46

[55] VIDEO testimonio de Diomedes Meneses: http://blip.tv/cocalo/diomedes-3393961 “(…)me propinaron otro disparo en el abdomen (a quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2 metros del suelo. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y culatazos, me partieron esta pierna (…) Cuando la granada detonó me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros, pero a ellos no les importó, me siguieron golpeando. (…) El Cabo Salazar sacó un puñal y me chuzó todos los dedos. Luego me quitaron las botas y me sacaron todas las uñas de los dedos de los pies (…) Me pinchó el ojo izquierdo, lo perdí. Me degolló (…) En la morgue, en la autopsia, me abren desde el hueso esternón hasta la pelvis y se dan cuenta de que estoy vivo porque boté calor. Pero no me querían dejar salir, decían que continuara el médico, que yo ni siquiera me había movido… pero otro llamó a los derechos humanos. Entonces me llevaron al hospital (…) me metieron un ventilador a los pulmones porque no respiraba, sufrí de algo que se llama catalepsia. A los 15 días me despierto. Al mes y medio el Gaula me hace un atentado(..)”