Antecedentes
Proyecto Colombia Nunca Más

La década de los 90 estuvo atravesada por discusiones en torno al cómo reconstruir la verdad histórica de las víctimas a lo largo y ancho del Centro y Sur América, tras la violación y flagrancia masiva y sistemática de los derechos humanos en estos continentes, lo que redundó en la conformaron de las comisiones de verdad en los mismos. Cuestión que fue transversal al derecho internacional en la idea de superar la impunidad y sistemático olvido de los crímenes cometidos; Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador y Guatemala habían sido los ejemplos emblemáticos de las dictaduras militares más oprobiosas con niveles de represión y crueldad descomunales y, por tanto, se vio la importancia de buscar formas de esclarecimiento de los sucesos.

Épocas marcadas por el terror de Estado tras la doctrina  anticomunista implementada por los Estados Unidos en Latinoamérica, como estrategia político-militar, que dejó huellas imborrables en la humanidad entera. Colombia sin embargo, presentó una característica singular que la diferenció de otras latitudes: se trataba de la implementación de la “guerra sucia” como estrategia de terror de Estado, cuyo asidero mayor fue la doctrina de “seguridad nacional” del Presidente Julio César Turbay Ayala. Paradoja, pues se trataba de una represión prolongada y efectiva. Al no ser dictadura abierta no puede ser período y al ser “guerra sucia” puede prolongarse en el tiempo.

De ahí que diversas organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, campesinas, comunitarias, eclesiales, culturales, etcétera, a mediados de la década de los 90 en Colombia, con la perspectiva inicial de superación de la impunidad y la pretensión de castigo a los responsables de los crímenes cometidos en la década inmediatamente anterior. Con la experiencia viva del exterminio y genocidio de todo un partido político a cuestas, se consolidó el trabajo por equipos en las distintas regiones, con miras a documentar la crisis humanitaria del país; desde luego, con el sigilo que demandaba un contexto adverso  de replicación de los crímenes.

Épocas de guerra prolongada y un conflicto armado, social y político en el país de vieja data, que hacía evidente las diferencias y semejanzas con los  países circunvecinos, improbables de encausamiento, desde todo punto de vista, en lo que algunos teóricos llaman “justicia transicional”. Por consecuencia, llegando hoy a una de las peores crisis humanitarias del continente, al superar los crímenes acaecidos en países como Argentina o Chile.

“El Proyecto se inició, pues, en el contexto de una política intensiva de perpetración de crímenes de lesa humanidad. Ha tenido que afrontar enormes dificultades, muchas de ellas inherentes a dicha situación, como la eliminación, el exilio o la inmovilización de personas y organizaciones que se había creído que podrían hacer grandes aportes al proyecto; la persecución a los mismos centros de almacenamiento de datos, como el allanamiento a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, donde funcionaba el Proyecto, el 13 de mayo de 1998, agresión perpetrada por la acción conjunta de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas; las dificultades de acceso a muchas regiones dominadas por el terror; el miedo y la parálisis de muchos testigos potenciales,    entre    otras    dificultades”. (Ver página Web del Proyecto Colombia Nunca Más).

Es necesario entonces apreciar un curso diferencial con otras latitudes latinoamericanas, que marcó la idea de procesos de organización, investigación y reivindicación desde las víctimas de crímenes de Estado en 1995. Por ende, la necesidad de creación del Proyecto Colombia Nunca Más, bajo discusiones sobre la pertinencia y aplicabilidad de los modelos de Comisiones de Verdad en un contexto que implicaba investigar, recoger y sustentar crímenes de Estado, aunque el mismo fuera responsable de los mismos en el pasado y  presente.

Situación que tomó forma al final de la Campaña Colombia Derechos Humanos ya, en la que varias organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron evidente ante la comunidad nacional e internacional, a mediados de los 90, las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, así como la impunidad implícita en las mismas, dilucidando la sistematicidad e implicación del Estado en los crímenes de lesa humanidad y la consiguiente deuda respecto a la verdad, justicia y reparación integral.

La Campaña permitió aunar esfuerzos colectivos en la consecución de actividades para dar a conocer procesos de lucha contra la impunidad que ya venían llevando a cabo distintas experiencias del momento. Así mismo, se dio un proceso de acercamiento con las comisiones de verdad del Sur y Centro América, cuyo precedente inmediato fue el Seminario Internacional sobre Comisiones de Verdad, realizado en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994. Allí se concluyó la clara ineficacia de los mecanismos para la superación de la impunidad en el país.

Pese a que había apariencia de las posibles condiciones para la creación de una Comisión de la Verdad en Colombia, también era cierto que el contexto imposibilitaba la sola imaginación de  “justicia transicional”; a cambio, se trataba de la sistemática comisión de crímenes de Estado, con una especial continuación, bajo la figura de terror de Estado, luego del genocidio y exterminio de la Unión Patriótica y otras plataformas políticas.

“En contraste con los otros proyectos Nunca Más desarrollados en América Latina, el que se proponía para Colombia no estaría contextuado por un período post-dictatorial o de transición a un régimen constitucional, o de una especie de postguerra civil, sino que debía desarrollarse en el contexto de ejecución de políticas de terrorismo de Estado cuyo término no era previsible. La circunstancia específica de que en Colombia la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales del ser humano se ha dado en el ámbito de regímenes de democracia formal, nos ponía ya en una situación peculiar. Se creyó ingenuamente que el gobierno de Samper, que se inició en agosto de 1994, podría traer al menos un alivio en las políticas de terrorismo de Estado, pero, por el contrario, no solo éstas se mantuvieron y fortalecieron, sino que los procesos de búsqueda de solución política al conflicto armado sufrieron un receso total”. (Ver página Web del Proyecto Colombia Nunca Más).

En el transcurso del año 1995 diez organizaciones sociales y de derechos humanos, decidieron dar inicio a lo que hoy se conoce como el Proyecto Colombia Nunca Más, al percatarse de que una Comisión de la Verdad no lograría los resultados de superación de impunidad y castigo a los culpables, pues los crímenes seguían siendo perpetrados por el mismo Estado como táctica de socavamiento y represión de la oposición política y, por consiguiente, no se presentaban las garantías suficientes para pensar en instancia similar.

Como resultado de este período, se dieron reflexiones, a veces contradictorias, a veces reveladoras, sobre memoria e impunidad en los siguientes términos: 1. Dificultad en el esfuerzo por registrar, documentar y sistematizar la información con tipologías de casos a corto plazo. 2. Conciencia de la numerosa comisión de crímenes de lesa humanidad en comparación con otros países.

Por consiguiente, las talanqueras para homogenizar una metodología de recolección de datos y evaluación de la información, fue una de las sumas dificultades para lograr avanzar en el esclarecimiento de los hechos atroces, tanto más cuanto que la cantidad de víctimas es mayor a las capacidades; así como “…el malestar de muchos investigadores y comunidades, al tenerse que ceñir a un trabajo investigativo discreto, mientras las víctimas reclaman acción, organización, denuncia, acompañamiento y formas de reparación, al menos para superar las secuelas psíquicas más trágicas, todo ello se ha convertido en fuente de numerosas tensiones”. (Ver página Web del Proyecto Colombia Nunca Más).

En este sentido, se trataba de impulsar una labor investigativa que  “desbordaba tiempos y plazos” y el informe previsto fuera diseñado en “entregas indefinidas”, “improgramables en el tiempo”, con perspectiva de trabajo pausado y constante, en un contexto “riesgoso y adverso”.

Es preciso decir además que los alcances del Proyecto buscaron trascender la idea de investigación como mera reconstrucción de hechos, para dar consistencia, confiabilidad, análisis y movilización social en torno a la información sobre los crímenes de lesa humanidad, involucrando a numerosas organizaciones sociales, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Lo que implicó comprender la superación de la impunidad y el castigo a los culpables desde un problema estructural del Estado y, por tanto, el carácter “masivo” y “sistemático” de estos crímenes.

De allí la necesidad de organización política de las víctimas, de allí una idea inicial del MOVICE. Fue en el año 1996, luego de un año de arduas discusiones, cuando 17 organizaciones sociales y de derechos humanos, comenzaron la labor de investigación, creación de metodologías y análisis de información sobre crímenes de Estado cometidos a lo largo y ancho del país.

Las 17 organizaciones que dieron inicio al Proyecto Colombia Nunca Más

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia –ASFADDES-, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo", Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, Corporación Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander –CREDHOS-, Fundación Reiniciar, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODEHSEL-, Corporación Jurídica Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia –CEBS-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción –ANUC UR-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –ANDAS- y la Comunidad de los Misioneros Claretianos de Colombia.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Un antecedente vital que se dio a principios del presente siglo fue el  Seminario Taller sobre Impunidad, llevado a cabo en mayo del 2000. Es relevante tomar en cuenta los objetivos del mismo, los cuales son dicientes respecto a las demandas de las víctimas de crímenes de Estado en el ámbito de sus prácticas organizativas: 1. Racionalizar la experiencia  de lo que ha sido la participación en los procesos de elaboración de los criterios de verdad, justicia, reparación y representación de las víctimas a nivel de las instancias internacionales. 2. Determinar el grado de participación de las víctimas en procesos de retorno de las dictaduras militares a las democracias formales, o en procesos de conflicto armado interno mediante la negociación. 3. Establecer el grado de eficacia y la participación de las víctimas en los procesos adelantados por intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, en los casos de la Ex Yugoslavia y Ruanda. 4. Racionalizar lo que ha sido la experiencia en los procesos adelantados en otros países en relación con quienes han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de la política de corresponsabilidad universal de los Estados en Derechos Humanos. 5. Definir las propuestas de las víctimas  en materia de verdad, justicia, reparación integral, representación y reconciliación.

Ese mismo año, los días 25, 26 y 27 de noviembre, se hizo la Asamblea Nacional de Víctimas, cuyo énfasis fueron las exigencias del Proyecto Colombia Nunca Más en torno a los crímenes de lesa humanidad como crímenes de Estado.

Escenarios de encuentro que insistieron en la idea de avanzar en materia de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, bajo la lectura de procesos llevados a cabo en otras latitudes vapuleadas por flagelos similares. Estamos a finales de la presidencia del  conservador, Andrés Pastrana y el principio de otra etapa: la del presidente Álvaro Uribe Vélez, ex gobernador de Antioquia, ex senador de la República y creador de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria, CONVIVIR, quien anunció en descredito de toda la comunidad internacional y aun de los mínimos principios constitucionales, la doctrina de “Seguridad Democrática”, traducida, palabras más palabras menos, en una tolerancia abierta con el paramilitarismo, la agudización de la militarización social como estrategia de protección e inversión de capital transnacional con el lema de garantizar la “confianza inversionista”, el desconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, etcétera.

Represión en todo caso. Ampliación de los objetivos del Proyecto Colombia Nunca Más por supuesto. El año 2004 se constituyó en un hito relevante en las luchas organizativas de las víctimas en contra del olvido, la impunidad, la mentira y la muerte. El 26, 27 y 28 de agosto se realizó el Encuentro Voces del Mundo por Colombia, justo cuando el ejecutivo tramaba la realización de un proyecto que amnistiara grupos paramilitares, tras lo que se conoció como las negociaciones de Santafé de Ralito. Se hablaba por doquier de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en cabeza de Carlos Castaño Gil.

Sueño idílico para los victimarios. Pesadilla penumbrosa para las víctimas. Beneficio para quienes han hecho un daño irreversible a la humanidad. Golpe bajo para la dignidad de las personas que sufrieron el daño. Antilógica en resumen. Todo lo cual se concretó con la idea inicial del proyecto de Ley 782, el cual entró en colisión abierta con la Corte Constitucional, en vista de que daba estatus de beligerancia a los paramilitares, así como probabilidades de concursar a cargos públicos y Amnistía a quienes se acogieran a la Ley.

Con refinamientos que cambiaron la forma, pero nada de fondo, la propuesta del Ejecutivo llegó a feliz término con la Ley 975, conocida como la Ley de “Justicia y Paz”, Ley que desde un comienzo las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas llamaron Ley de Impunidad.

En el centro mismo de estos acontecimientos, que marcaron uno de los mayores retrocesos en materia de crímenes de lesa humanidad del país, surge el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado con el antecedente del I Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones a los derechos humanos, llevado a cabo los días 28 y 29 de mayo 2004. Allí participaron más de 1000 delegados, 230 organizaciones, 400 Delegados regionales de 28 departamentos. Hubo acompañamiento Internacional de delegados de 7 países.

El 25 de junio de 2005 nació formalmente el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en el marco del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y genocidio. Con la presencia de más de 800 delegados  y encuentros regionales en las ciudades de Cartagena, Medellín, Cali, Popayán, Barrancabermeja, Bucaramanga y Bogotá.

Es posible decir que el Encuentro como propuesta de surgimiento del MOVICE es un relato de continuidad y no propiamente un mito fundacional que pretenda entregar unos resultados concretos en plazos definidos. Se trata más bien de un cuerpo de exigibilidad, organización y movilización de las víctimas de crímenes de Estado y organizaciones de víctimas que contiene los siguientes elementos:

Organizaciones de sobrevivientes de estos crímenes, familiares de víctimas, organizaciones sociales, políticas y jurídicas que han sido victimizadas, que luchan en contra de la impunidad, buscando la Verdad histórica, la Justicia y la Reparación Integral. Organizaciones que apoyan y acompañan a las víctimas.

La transformación histórica de nuestro país, por medio de la lucha frontal contra la impunidad de los crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos, perpetrados por el Estado por medio de sus estructuras militar y paramilitar, y demás expresiones del terrorismo estatal.

Reconocimiento de que la única salida al actual conflicto interno es el diálogo.
Solidaridad con todas las luchas que buscan la vida con dignidad de nuestro pueblo.
Lucha por los derechos de las víctimas a la verdad histórica, la justicia y la reparación integral.

Exigencia para que se reconozca a las víctimas como sujetos políticos y se den las garantías de no repetición, para ello se requiere una verdadera democracia, en la que se garanticen los derechos a la oposición, a la organización y al discenso.

Develamiento de las estrategias, mecanismos, métodos y técnicas desarrolladas por el Estado que pretenden la perpetuación de la impunidad política.

El desmonte de todas las estructuras de la guerra, la desmilitarización de la vida civil y en lo inmediato la suscripción de acuerdos humanitarios que disminuyan el impacto del conflicto armado contra la población.

Recuperación de la Memoria
Acciones jurídicas
Incidencia política
Movilización, visibilización y crecimiento
Comunicaciones

Cualificación del movimiento en cuanto a:
1.Objetar y desobedecer la ley de impunidad y cualquier otra disposición legal o política que propicie el perdón y el olvido.
2.Desarrollar propuestas de afirmación de la verdad, de la justicia y de Reparación Integral a través de propuestas extrajudiciales, en prácticas de memoria, de sanción moral y política.
3.En lo jurídico: solicitud al presidente para que no firme la ley, derecho de petición al Fiscal y a los jueces especiales  para que declare la excepción de inconstitucionalidad de la ley, Demanda de la ley ante la Corte Constitucional que se entregó el viernes 9 de Sept. a las 9 a.m.
4.Cualificación del movimiento: Preparación del primer diplomado “Acciones y Estrategias integrales para la superación de la impunidad”.
5.Incidencia Política: Reuniones con la FIDH, Conferencia Episcopal, delegados de la CPI, Conciliation Resources, Embajada de Canadá, Fundación Social, Instituto de Justicia Transicional, OIDHACO. Elaboración de documentos sobre la ley 975 de 2005, acuerdos humanitarios, planeación de giras por Estados Unidos, Canadá y Europa.
6.Comunicaciones: Elaboración de la estrategia de comunicaciones nacional e Internacional.
7.Movilización, visibilización y crecimiento: plantón aniversario asesinato de Manuel Cepeda,   elaboración de la agenda de movilización.  Participación en jornadas nacionales de movilización. Relación con organizaciones sociales que aún no hacen parte del movimiento.
8.Recuperación de la memoria: Galería de visibilización de los victimarlos, concurso para la elección del logo del movimiento.

También puede aseverarse que las víctimas se organizaron y encontraron en ese momento como única salida de recuperar su dignidad, la terapia, reconstrucción de la verdad, luchas por la justicia y reparación integral y sentido de vida, logrando en adelante la lucha organizada contra la impunidad y el olvido en el MOVICE. Acogiendo las ideas pero con palabras propias del sacerdote jesuita y psicólogo del Salvador, Ignacio Martín Baró, diremos que la organización de víctimas es el sentido mismo de la terapia en sicología social en cuanto a los daños irreparables de las que han sido objeto, dado que las víctimas comprenden que la situación histórica en la que se encuentran obedece a una estructura social total, que ha hecho posible la condición de víctima, por tanto, no puede pensarse únicamente en reivindicaciones aisladas, sino que tiene que darse una perspectiva política con incidencia nacional.

El II Encuentro permitió llegar a los mínimos vinculantes del MOVICE, pero éstos se concretaron con las ocho estrategias para la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y las garantías de no repetición de los crímenes contra la humanidad, producto del III Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, realizado en septiembre de 2006. Las estrategias que son hoy epicentro político del MOVICE, aparecieron en la declaración final:

1.Estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales.
2.Estrategia para la verdad y la memoria histórica
3.Estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas: la Comisión de Ética
4.Estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo.
5.Estrategia para la reparación: el catastro alternativo
6.Estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar.
7.Estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica.
8.Estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas.

Con la solidez lograda en los encuentros precedentes y la posibilidad de plantear los debates necesarios en representación de las víctimas de Crímenes de Estado, en el 2007 las plataformas de derechos humanos e iniciativas de paz, entre ellas el MOVICE, fueron convocadas por el Gobierno Nacional para la creación de un Plan de Acción de Derechos Humanos. Interlocución  con el Gobierno que se suspendió al considerarse que “frente a la necesidad de un Plan de Acción en Derechos Humanos, se interpone la persistencia de una actitud violatoria de los Derechos Humanos del Estado colombiano, agresiva frente a las organizaciones sociales y de estigmatización creciente, por lo cual no hay garantías hoy desde el Gobierno para abordar este proceso”. (Política Integral de Acción en Derechos Humanos: Una propuesta desde las víctimas de Crímenes de Estado).

De manera que el MOVICE publicó en el 2008 la propuesta de Política Integral de Acción en Derechos Humanos: Una propuesta desde las víctimas de Crímenes de Estado, a raíz de las discusiones dadas después del IV Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, los días 6,7 y 9, como forma de “poner los cimientos necesarios que conduzcan a una solución efectiva en materia de violación de Derechos Humanos en el país y pueda contrarrestar la política de guerra plasmada en la llamada Seguridad Democrática y todos sus impactos”.

Paralelamente la marcha del 6 de marzo. -La lucha de las víctimas es la lucha de toda la sociedad-, fue el mensaje. -La existencia de mecanismos de represión, implementados como lógica de “guerra sucia”, a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, hostigamientos, genocidios, entre otros, a gran escala como en Colombia afecta al conjunto de la sociedad-. Un mensaje que tuvo eco en la sociedad colombiana y diversidad de países del mundo, realizándose la movilización masiva del 6 de marzo del 2008 en donde éstos hicieron patente la existencia de crímenes de Estado y, por ende, la vida, existencia e indignación de las víctimas y amplios sectores de la sociedad nacional e internacional. Se recuerda que el gobierno nacional sumó esfuerzos para una movilización, el 4 de febrero de ese mismo año, en contra del secuestro y las FARC-EP, con un fuerte tinte de polarización.

La movilización del 6 de marzo permitió una visibilización sin precedentes de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, captando la atención de la comunidad nacional e internacional e incluso de los medios masivos de comunicación, los cuales ante la imposibilidad de ocultar una movilización de esa envergadura, la transmitieron en la generalidad de canales de televisión, radio y prensa. El MOVICE logró las simpatías de la sociedad colombiana, lo que no ha impedido a la luz de hoy un revertimiento sustancial de las políticas de Estado al respecto.

Desde el 2006 las estrategias del MOVICE se han consolidado, por medio del Comité Nacional de Impulso y los capítulos regionales, Audiencias Ciudadanas por la Verdad; producción de documentos valiosos sobre leyes de impunidad (caso de la estrategia jurídica); encuentros sobre situación de la tierra y salidas posibles hacia un catastro alternativo; acompañamiento, presencia y denuncia de la Comisión Ética en regiones como Dabeiba, Sucre-Popayán y Guymaral. (Presentación de informe sobre visita de la Comisión de Ética. 4 de noviembre de 2009. Bogotá), por citar algunos de los avances.

De otro lado, pese al ocultamiento sistemático de los crímenes de Estado cometidos por agentes del Estado y estructuras paramilitares, en el 2009 se desató el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales de algunos jóvenes de Soacha, que fueron presentados en otras regiones del país como soldados caídos en combate, bajo la dinámica de “guerra sucia” que lleva el nombre “Falsos Positivos”.

Además de la estigmatización, criminalización y militarización de las urbes, la circulación generalizada de panfletos intimidatorios a nivel nacional que auguraban la muerte de “jibaros”, “ladronzuelos” entre los más descalificadores epítetos y el asesinato en estado de indefensión de por lo menos 1.122 personas en los corrido de los gobiernos sucesivos del presidente Álvaro Uribe Vélez, se realizó la Jornada Nacional en Rechazo de las Ejecuciones Extrajudiciales: Los falsos positivos son crímenes de Estado, los días 5 y 6 de marzo del 2009, de donde salió una declaración pública en cuanto exigencia de justiciabilidad de los derechos y condena pública de los de crímenes.

Las Víctimas de Crímenes de Estado encontramos hoy como única real garantía la capacidad de organización, estrategias de acción y exigibilidad de los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación Integral, Garantías de no Repetición y la movilización en torno a la lucha en contra de la impunidad; la presencia y solidaridad de la comunidad internacional, así como la documentación exhaustiva que ha realizado y viene realizando el Proyecto Colombia Nunca Más en el transcurso de estos años.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
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