La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hace campaña en favor de las comunidades civiles de las zonas de conflicto de Colombia cuyos miembros han sido asesinados, torturados u obligados a huir de sus casas por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. Muchas de estas comunidades han sido también blanco de los ataques de grupos guerrilleros.

El 8 de mayo, dos defensores y una defensora de los derechos humanos y un abogado de Sucre, en el norte de Colombia, recibieron amenazas de muerte. Los cuatro han estado apoyando a unos campesinos en su lucha por que les devuelvan las tierras que les fueron arrebatadas durante el conflicto armado. Otros defensores de los derechos humanos (un hombre y una mujer), que también trabajan sobre la devolución de las tierras y hacen campaña contra la impunidad, fueron amenazados a finales de abril.