El descubrimiento en 2008 de que las fuerzas de seguridad habían ejecutado extrajudicialmente a decenas de hombres jóvenes de Soacha, una localidad pobre cercana a la capital, Bogotá, obligó al gobierno a reconocer finalmente que las fuerzas de seguridad eran responsables de ejecuciones extrajudiciales y a adoptar medidas para abordar el problema. Los homicidios, cuyas víctimas fueron falsamente presentadas por el ejército como “guerrilleros muertos en combate” (y en ocasiones como “paramilitares muertos en combate”), se llevaron a cabo en connivencia con grupos paramilitares o bandas de delincuentes. Los jóvenes habían sido atraídos al norte del país con promesas de empleo remunerado, pero posteriormente los mataron. En la mayoría de los casos los soldados recibieron dinero, días de permiso y una carta de felicitación de sus superiores, como recompensa por haber “matado a un miembro de la guerrilla”.

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