“En Colombia, la violación de los derechos humanos no cuenta ni con la aprobación ni con la complicidad del Gobierno Nacional. Por el contrario, el Presidente de la República, en toda su actividad política y gubernamental ha trazado la filosofía del pensamiento democrático sobre la materia…”1

Establecer si los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas cometidas contra sectores de oposición política en Colombia han sido una política de Estado, diseñada y desarrollada de forma sistemática y generalizada por las fuerzas de militares y de seguridad y por las instituciones gubernamentales, judiciales y legislativas; se ha convertido en una de las controversias permanentes desde la década de los setenta entre los sectores sociales que se denominan de “izquierda” y los catalogados como de “derecha”.

No es una novedad que el Estado colombiano, a través del órgano legislativo o por medio de decretos expedidos por el ejecutivo, favorezca la conformación y consolidación de grupos paramilitares. Basta recordar el célebre Decreto 3398 de 1965 expedido por el gobierno bajo las prerrogativas otorgadas por la figura del Estado de Sitio y elevado a legislación permanente por medio de la Ley 48 de 1968 y donde expresamente se autoriza la utilización de civiles para garantizar la “estabilidad de las instituciones”. Así se inician diversos procesos legales para ““organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”1. Estas organizaciones aunque eran conformadas por civiles tenían características típicas del estamento militar, entre las que se encontraba el entrenamiento y la entrega de equipamiento para enfrentar a los grupos guerrilleros, de modo que se desvirtúa el supuesto carácter defensivo de estas agrupaciones, que desde sus inicios se concentraron en la lucha contrainsurgente bajo la tutela del ejército.