El Paramilitarismo en Colombia, lejos de ser una espontánea reacción de las clases adineradas contra la insurgencia armada, fue y sigue siendo una estrategia de defensa y seguridad, implementada por el Estado, cuyo propósito principal ha sido la defensa de un modelo económico, político y social claramente excluyente e inequitativo.

Esta afirmación se funda en las investigaciones, suficientemente documentadas, sobre los orígenes del paramilitarismo, en la persecución sistemática y generalizada hacia sectores sociales de oposición que solo durante los años 1988 a 2003 arrojó un saldo de 12.398 personas ejecutadas y 2.121 desaparecidas a manos de los paramilitares1. Y en la precaria situación socioeconómica de la mayoría del pueblo colombiano resultado del modelo económico impuesto por unos pocos, precisamente los aliados del paramilitarismo.