Durante el régimen dictatorial en el Perú, en la década desde 1990 al año
2000, se realizaron una serie de atentados contra los derechos humanos y otros
crímenes, incluso de lesa humanidad, muchos de los cuales han llevado a la
cárcel a quienes hicieron parte de ese gobierno, entre los cuales se
encuentran el mismo ex Presidente de la República Alberto Fujimori, su asesor
principal Vladimiro Montesinos, el ex Jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional ex Almirante Salazar Monroe, el ex Jefe del Ejército ex general
Nicolás de Bari Hermosa Ríos, el ex Presidente del Congreso de la República
Víctor Joy Way Rojas, ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, ex
Ministros de Estado, entre otros que hacen un cifra considerable de personajes
que están dando cuenta a la justicia; mientras que otros tantos se encuentran
prófugos de la justicia, como el ex ministro de defensa y ex embajador del
Perú en México, ex general del ejército Víctor Malca y muchos ex ofic!
iales de las fuerzas armadas y policiales, además de empresarios, etc.
Desde ese periodo (1990-2000) existe una clara colusión entre los personajes
que gobernaron el Perú y el crimen organizado, tanto nacional como
internacional y, en realidad se ha hecho aún muy poco para esclarecer una
serie de delitos, especialmente los de colusión con el narcotráfico, tráfico
financiero, el del lavado de dinero y otros. Existen riquezas no justificadas,
que aún no investigan las autoridades peruanas.
Actualmente es muy vistosa la actividad de los grupos criminales de  las mafias
internacionales, y son demasiado evidentes las operaciones que realizan esos
grupos criminales, en colusión con los grupos delincuenciales locales, muchos
de ellos con aparente legalidad en el país.
Habiendo habido un desconocimiento y poca preparación profesional en la
seguridad nacional y en las fuerzas armadas, de cómo operar contra los grupos
criminales organizados, fue relativamente fácil para esas organizaciones
contaminar progresivamente el tejido social peruano, al punto que en la
actualidad se le considera una de las sociedades más corruptas de la región.
Para las próximas elecciones municipales y regionales se ha denunciado
oficialmente la vinculación con el crimen organizado de algunos de los
candidatos y, aún no se han hecho públicas todas las evidencias que existen
entre las mafias internacionales y algunos de los próximos candidatos a la
Presidencia de la República, para las elecciones del 2011.
Entre las acciones más conocidas en contra de los derechos humanos del
gobierno de Fujimori, fue la solicitud de apoyo realizada a los gobiernos de
otros países de la época, y fue así que muchos sistemas de inteligencia como
de contrainteligencia en el mundo apoyaron la persecución que se realizó
contra una serie de contendientes de ese régimen, en el mundo.
El sistema de persecución que aún se realiza, financiado por capitales
peruanos y extranjeros, es considerado jurídicamente como Genocidio
Premeditado Plurime y también crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan
con gases tóxicos, muchos de ellos destinados a uso militar, y suelen
utilizarlos en cualquier lugar en donde se encuentren las personas sometidas a
esas persecuciones, sean aviones, trenes, hoteles, habitaciones, centros
comerciales, aeropuertos, contaminan los automóviles, medios de transporte
público, los vestidos, etc., y no se respeta a las personas cercanas, sean
estos mujeres, niños u otras personas; sistema que en la práctica es
considerado de eliminación mafiosa.
En el Perú esas organizaciones cuentan con una estructura organizacional de
alto nivel, que incluye colusión en clínicas, hospitales, farmacias,
lavanderías, restaurantes y otros lugares de servicio, donde es bastante
fácil eliminar a las víctimas, con lo que suele denominar “eliminación
invisible”.
Gran parte de las víctimas han sido envenenadas con altas dosis de metales y
otras sustancias tóxicas, especialmente en los hoteles y restaurantes, y en
las casas o residencias se realiza en colusión con los empleados domésticos.
Desafortunadamente existe una amplia lista de personas inocentes que ni
siquiera se han enterado que progresivamente están siendo eliminadas con esas
metodologías.
Se busca sobretodo que las víctimas tengan decesos considerados normales por
la medicina legal, para evitar reacciones de la justicia y de las
organizaciones que defienden los derechos humanos.
El sistema de inteligencia peruano en la época del régimen dictatorial de que
presidió Fujimori, fue asumiendo actividades ilícitas que también se utilizan
en otros sistemas de contrainteligencia, es decir adquirir servicios de empresas
cuyo objetivo es realizar persecuciones y eliminaciones conocidas como
invisibles,  sin que se afecte a la imagen de los gobiernos que los contratan.
Es sabido en los ambientes de inteligencia en el globo, como operan los
sistemas de contrainteligencia de muchos países, realizando operaciones
camufladas, muchas de ellas realizadas en complicidad con los grupos criminales
en diferentes lugares del planeta.
Cuando se visita el Perú, especialmente las provincias en el interior de ese
país, se notará muy fácilmente el nivel de incidencia en el tejido social
que tiene la criminalidad organizada y como operan esos grupos en el cotidiano
vivir de ese pueblo.
Se constatará además el alto nivel de contaminación que existe en los
hoteles y restaurantes, en los medios de transporte de alto y hasta el bajo
nivel, las altas temperaturas creadas artificialmente que se podrán sentir con
notable facilidad, y tantas otras sensaciones muy conocidas en los ambientes
criminales de otros países que han atravesado recientemente por un conflicto
armado o similares.
La colusión de esos grupos con las autoridades locales es demasiado evidente
en todos los aspectos, los desplazamientos de aviones privados sin permisos
regulares es vista de forma regular y normal, el aeropuerto internacional es
administrado por una sociedad colombiana en donde no hay acceso para control de
parte de las autoridades peruanas y las operaciones de cargo no están sujetas a
los controles de rutina por las fuerzas policiales y de aduana, de forma
normal.
En fin, es un país que de modo casi natural ha sido convertido en dependiente
del crimen organizado y no existe ningún interés en realizar verdaderos
cambios a las estructuras existentes para combatir a esas fuerzas
delincuenciales nacionales e internacionales, especialmente por el temor a esas
organizaciones o por colusión.

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