Colombia Nunca Más es un proceso iniciado por varias organizaciones sociales y de derechos humanos, convocado a nivel nacional y realizado por numerosas organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, eclesiales, culturales, etc., de carácter local, regional y nacional, que se fueron articulando a través de los equipos de trabajo que en diferentes regiones fueron conformados. Durante este tiempo hemos documentado información de más de 41.000 víctimas de torturas, desaparición forzada y/o ejecución extrajudicial en todo el país.

La idea del Proyecto Colombia Nunca Más surge en la etapa final de la campaña denominada “Colombia Derechos Humanos Ya” que realizaron numerosas organizaciones sociales y de Derechos Humanos no Gubernamentales a mediados de los años 90. Estas pretendían hacer una denuncia nacional e internacional de las múltiples y graves violaciones a los más elementales derechos y de la total impunidad en que se encontraban por la sistemática conducta del Estado a no hacer justicia, aún siendo el mayor agente responsable.

En el marco de la mencionada campaña se realizaron algunas actividades conducentes a conocer las distintas experiencias de lucha contra la impunidad que se estaban impulsando en ese momento. También hubo un acercamiento a lo que fueron las distintas Comisiones de la Verdad implementadas en Sur y Centro América. Este acercamiento a llevó la conclusión de que habían sido mecanismos ineficaces en la lucha por la superación de la Impunidad.

Para ese mismo tiempo en el país se estaban presentando algunas circunstancias que hacían presumir alguna posibilidad de convocatoria a una eventual comisión de Verdad para el caso colombiano. En tal sentido, a las organizaciones sociales les asistían preocupaciones tales como la necesidad de hacer una documentación exhaustiva de los casos de Crímenes de Lesa Humanidad, las condiciones creadas desde las instancias del Estado para que no fuera posible la realización de investigaciones sobre estos crímenes y la posible negociación con los grupos insurgentes del conflicto político militar que vive el país.

Los organismos de derechos humanos valoraban que de ser convocada una Comisión de Verdad, sería imposible que lograra resultados conducentes a la disminución de la impunidad, al castigo a los victimarios de lesa humanidad. Por eso, después de un año de discusiones, diez organizaciones de derechos humanos, decidieron dar inicio a lo que hoy se conoce como el proyecto Colombia Nunca Más.

El proyecto Colombia Nunca Más terminó siendo una iniciativa de 17 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales, en búsqueda de recuperar la memoria de las víctimas de la última etapa de violencia política en nuestro país:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia –ASFADDES-, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo", Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, Corporación Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander –CREDHOS-, Fundación Reiniciar, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODEHSEL-, Corporación Jurídica Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia –CEBS-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción –ANUC UR-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –ANDAS- y la Comunidad de los Misioneros Claretianos de Colombia.

 

 

EL PROYECTO Y SU DESPEGUE

El 10 de abril de 1995, un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos llegamos a un primer acuerdo para diseñar y realizar un proyecto NUNCA MAS en COLOMBIA. Muchas reuniones se sucederían a partir de entonces hasta lograr poner en marcha un primer equipo de trabajo en agosto de 1996.

El Seminario Internacional sobre Comisiones de Verdad, que tuvo lugar en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994, nos había dado una visión evaluativa de las luchas contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad en otros países de América Latina. Tal evaluación no fue ciertamente positiva. Los delegados de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala nos compartieron sus experiencias y la insuficiencia de sus luchas para impedir que las políticas de perdón y olvido se impusieran finalmente a nivel oficial en sus países. Pudimos comprender, además, que el esfuerzo por registrar, documentar y sistematizar la información sobre dicho tipo de crímenes, es un trabajo arduo, de largo plazo, y lleno de dificultades. Esta preocupación se hacía más intensa en la medida en que tomábamos conciencia de que el número de crímenes de lesa humanidad en Colombia es altamente superior al de los otros países.

En contraste con los otros proyectos Nunca Más desarrollados en América Latina, el que se proponía para Colombia no estaría contextuado por un período post-dictatorial o de transición a un régimen constitucional, o de una especie de postguerra civil, sino que debía desarrollarse en el contexto de ejecución de políticas de terrorismo de Estado cuyo término no era previsible. La circunstancia específica de que en Colombia la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales del ser humano se ha dado en el ámbito de regímenes de democracia formal, nos ponía ya en una situación peculiar. Se creyó ingenuamente que el gobierno de Samper, que se inició en agosto de 1994, podría traer al menos un alivio en las políticas de terrorismo de Estado, pero, por el contrario, no solo éstas se mantuvieron y fortalecieron, sino que los procesos de búsqueda de solución política al conflicto armado sufrieron un receso total.

El Proyecto se inició, pues, en el contexto de una política intensiva de perpetración de crímenes de lesa humanidad. Ha tenido que afrontar enormes dificultades, muchas de ellas inherentes a dicha situación, como la eliminación, el exilio o la inmovilización de personas y organizaciones que se había creído que podrían hacer grandes aportes al proyecto; la persecución a los mismos centros de almacenamiento de datos, como el allanamiento a la sede de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, donde funcionaba el Proyecto, el 13 de mayo de 1998, agresión perpetrada por la acción conjunta de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas; las dificultades de acceso a muchas regiones dominadas por el terror; el miedo y la parálisis de muchos testigos potenciales, entre otras muchas dificultades.

Tampoco ha sido fácil definir una metodología que se adapte a la enorme cantidad de víctimas y a las dificultades de recolección y evaluación de información en circunstancias tan desfavorables. El malestar de muchos investigadores y comunidades, al tenerse que ceñir a un trabajo investigativo discreto, mientras las víctimas reclaman acción, organización, denuncia, acompañamiento y formas de reparación, al menos para superar las secuelas psíquicas más trágicas, todo ello se ha convertido en fuente de numerosas tensiones. No se ha encontrado hasta el momento una solución adecuada a las dimensiones de movimiento social, que el proyecto ha querido impulsar, y a su relación con una labor investigativa que necesita ceñirse a ritmos, parámetros y dinámicas muy diferentes a las de un movimiento social.

Todo esto hace que el proyecto haya desbordado los tiempos y plazos previstos, y que el Informe haya tenido que ser diseñado, finalmente, como una serie indefinida de entregas, en cierto modo improgramables en el tiempo, que vayan devolviendo paulatinamente a la sociedad una información procesada en medio de condiciones altamente adversas y riesgosas.