“Carmelo Agámez es defensor de derechos humanos y líder del MOVICE en San Onofre, Sucre. Su vida ha estado consagrada a denunciar los crímenes cometidos por los paramilitares y los políticos corruptos (…) En la década de 1980 militó en la Unión Patriótica y por esa causa sufrió un atentado, la prisión y el exilio. Luego, como el resto de sus coterráneos, soportó los rigores del régimen de terror y esclavitud que se instauró bajo el mando del jefe local de las Auc, Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. Vio a muchos de sus amigos y vecinos ser llevados a la hacienda El Palmar, donde fueron torturados, asesinados y enterrados en fosas comunes, por órdenes de los jefes políticos del departamento. No obstante, a diferencia de muchos que se sometieron, Carmelo inició una resistencia silenciosa. Organizó a los campesinos a quienes les habían sido arrebatadas las tierras, contribuyó a formar a otros líderes y, cuando maduraron las condiciones, impulsó la revuelta que permitió romper el miedo colectivo”. 1
Contexto
Entre 1994 y 1997 se desarrollaron las asociaciones Convivir en el departamento de Sucre. Desde ese entonces, “Sucre y en particular el municipio de San Onofre, han sido escenarios de hechos de violencia múltiple que, sin lugar a dudas, pueden ser catalogados como crímenes contra la humanidad. Entre estos actos se cuentan la desaparición forzada masiva y el asesinato de al menos 3.000 personas, 75 masacres desde 1999 a 2000 que dejaron 329 víctimas, el ocultamiento de los cadáveres en cientos de fosas comunes, el desplazamiento forzado de 70.000 personas en Sucre y de 2.162 familias de San Onofre, según el dato del personero municipal, la práctica regular de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes, el exterminio de 90 militantes de la Unión Patriótica, la aniquilación de organizaciones agrarias como la ANUC, la usurpación de tierras y bienes a la población, el sometimiento a formas de esclavitud y de control político, el saqueo de los bienes y recursos públicos. En un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que data de 2005, en San Onofre el 90% del control territorial lo ejercían los paramilitares”.2
En el departamento de Sucre el paramilitarismo se incrustó de manera arraigada en la vida política económica y social, “la elite regional y política ayudó en la conformación de grupos de autodefensas en la región y en algunas ocasiones, sirvió como autores intelectuales de las masacres perpetradas por las Auc”3
Desde el 2006, 35 políticos (2 gobernadores, 4 representantes a la cámara, 3 senadores y 7 diputados entre otros) han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, por sus nexos con grupos paramilitares. Entre 1994 y 2008, la época en que estas personas ejercían cargos públicos, el departamento vivió masacres como la de Ovejas (16 de enero de 2000, 42 muertos) y la de Chengue (17 de enero de 2001, 31 muertos). La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia declaró en ese momento “En estas masacres existen fuertes indicios de responsabilidad directa de servidores públicos de la región, tanto civiles como militares”.
Sin embargo, pese a las detenciones y al supuesto proceso de desmovilización paramilitar, las estructuras siguen vigentes en la región, un ejemplo pueden ser los patrullajes, toques de queda y prácticas de “limpieza social” expuestas en los diferentes informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo desde 2006.
El Capítulo de MOVICE en Sucre surge como una apuesta que se niega a la impunidad y el anquilosamiento del paramilitarismo en la vida política, económica y social del departamento. Se conforma desde las experiencias de organizaciones de derechos humanos, sociales y de oposición política que habían estado trabajando en el departamento por décadas.
En agosto del 2006, miembros del MOVICE Capítulo Sucre hicieron una marcha en Sincelejo para denunciar la reactivación del paramilitarismo en la región. A raíz de está manifestación ciudadana se desplegaron graves amenazas contra defensores y víctimas del Capítulo, se conoció una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos de la región por la cual el 8 de noviembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DDHH) otorgó medidas cautelares para 17 líderes sociales, entre ellos Carmelo Agámez.
El 27 de noviembre de 2006 el MOVICE, en el marco de sus estrategia de lucha contra la impunidad y por el derecho a la verdad, se realizó junto con la Comisión de DDHH del Senado, una Audiencia Ciudadana por la Verdad en el municipio de San Onofre que contó con la presencia de 1500 personas y en la que se realizaron cerca de 300 denuncias de violaciones a los DDHH y actos de corrupción.
A raíz de las denuncias presentadas en la Audiencia fueron detenidos semanas después varios paramilitares, políticos y el exalcalde de San Onofre Jorge Blanco Fuentes. Luego de la Audiencia se incrementaron los hostigamientos contra miembros del MOVICE que desencadenó el desplazamiento forzado de alrededor de quince miembros del Capítulo Sucre hacia otras partes del país y en un caso, al exilio.
En este contexto se produce la judicialización en contra de Carmelo Agámez.
La detención de Carmelo
“Nadie podrá ser privado de la libertad sin orden de autoridad competente”
Artículo 29. Constitución Política de Colombia
El 13 de noviembre de 2008, hacia la 1:00 de la madrugada, cinco hombres vestidos de civil que se identificaron como de la policía ingresaron violentamente a la vivienda de Carmelo Agámez, sin orden de allanamiento ni de captura. Insultaron a la esposa del Sr. Agámez, preguntando por el paradero de su esposo, para luego proceder a requisar todas las habitaciones. Después de media hora los hombres salieron de la casa y se marcharon en un carro oficial.
El montaje judicial contra Carmelo
El 15 de noviembre de 2008, el Sr. Carmelo Agámez se presentó voluntariamente en compañía de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo, el Fiscal le tomo la indagatoria y durante tres horas Carmelo insistió en su inocencia. Pese a ello, el fiscal le impuso medida de aseguramiento.
El defensor de derechos humanos es investigado absurdamente por el delito de concierto para delinquir por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar.
El proceso judicial se caracteriza por sus graves irregularidades. En el mismo están investigados varios políticos de la región realmente comprometidos con el paramilitarismo. La inexplicable vinculación de Carmelo puede ser una retaliación de ellos en contra del defensor de derechos humanos o un mecanismo para impedir que el MOVICE se constituya como actor civil popular dentro del proceso.
Se le señala de haber participado en una reunión en el corregimiento de Berrugas, municipio de San Onofre, en el año 2002 en la que políticos del departamento tuvieron nexos y recibieron apoyo del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia para acceder a cargos públicos.
Nunca se ha precisado la fecha exacta en la que esta tuvo lugar pese a que la defensa ha insistido en la importancia de precisar el día exacto del supuesto encuentro.
Carmelo se presentó a las elecciones del periodo 2004-2007 y sus electores y bases de apoyo fueron sistemáticamente amenazados por las estructuras paramilitares en plena campaña electoral. Los resultados electorales fueron totalmente desalentadores para Carmelo, quien obtuvo solo 80 votos en la contienda electoral.
Testigos contra Carmelo
Carmelo Agámez es señalado por la esposa del ex alcalde Jorge Blanco, quien afirmó hacer escuchado a su esposo mencionar que Carmelo había estado en dicha reunión. Este testigo se retractó posteriormente, aun así la Fiscalía, no lo tuvo en cuenta.
También es señalado por un ex-concejal, Luis Carlos Hocón Blanco, del municipio de Rincón del Mar, a quien se le ha probado judicial y extrajudicialmente sus reales vínculos con el paramilitarismo y quen fue arrestado después de que Carmelo Agámez y MOVICE lo denunciaron públicamente por sus supuestos vínculos con los paramilitares.
Otro testigo es Guillermo Gómez Balseiro, quien como lo ha señalado la defensa, ha tenido enemistad con la familia Agámez por una denuncia que hizo el hermano de Carmelo y que implicó la detención por narcotráfico de miembros de la familia Gómez Balseiro.
Todas las declaraciones de lo testigos son contradictorias, algunas señalan haber visto a Carmelo en la primera fila de la reunión y otros en la última.
La sin razón de la justicia
“Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra
las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o
administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y desprestigiarlos”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Informe sobre la situación de defensoras y defensores
2006
El proceso penal contra Carmelo Agámez se ha caracterizado por violaciones al debido proceso y son en últimas, la mejor manera de acallar los reclamos de verdad y justicia de las Víctimas en Sucre.
Por las violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales la defensa de Carmelo interpuso una acción de tutela resuelta favorablemente el 13 de mayo en un fallo en el que la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo reconoció la vulneración al derecho fundamental al debido proceso quien tiene el derecho a conocer las pruebas en su contra y controvertir las mismas.
La defensa también solicitó el domicilio de Carmelo Agámez como lugar de detención preventiva en vista de que a varios políticos vinculados a la investigación y altamente comprometidos con el paramilitarismo en la región les habían otorgado este beneficio. Sin embargo, este privilegio fue negado para Carmelo.
El 21 de mayo 2009, el fiscal Rodolfo Martínez Mendoza negó la detención domiciliaria para Carmelo y argumento que “el actuar de los procesados dentro del proceso de la referencia hace suponer al Despacho que estando en sus sitios de residencias(sic) constituirían un peligro para la seguridad de la Sociedad de San Onofre, ya que desde el sitio de residencias(sic) eventualmente podrían seguir delinquiendo dentro de la empresa criminal de las AUC”.
En julio de 2009, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en la que ordenó una investigación penal en contra del fiscal que abrió la investigación contra Agámez por presuntos actos de corrupción en conexión con su acusación contra Agámez.”4 . Citando algunos comunicados de Human Rigths First, el Fiscal General llamó la atención sobre la falta de imparcialidad e independencia del fiscal de conocimiento, por lo cual, ordenó su reasignación a Bogotá.
La investigación fue asignada al Fiscal 28 de la Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá. El 6 de noviembre de 2009, Rafael Calderón Valbuena y sin tener en cuenta todas las irregularidades evidenciadas dentro del proceso, resolvió acusar y llevar a Juicio al defensor de derechos humanos.
“La inversión de las cargas de responsabilidad, que ubican a Carmelo, como parte de la estrategia paramilitar o beneficiario de esta, pretenden silenciar las operaciones de reingeniería del paramilitarismo en el departamento de Sucre, que hoy continúa operando en esa región, aún dentro del poder institucional. Detrás de su judicialización se pretende ocultar la responsabilidad del Estado en el desarrollo de esta estrategia criminal que se consolidó en los últimos 12 años con el apoyo militar, policial, empresarial y del poder político. Carmelo junto con otros integrantes del Capítulo Sucre ha animado el fortalecimiento del MOVICE, propiciando que se haya ido desenmarañando toda la estructura y estrategia paramilitar, identificando los beneficiarios políticos, entre otros, y la responsabilidad de agentes estatales.”5
Situación de detención de Carmelo
Además del injusto proceso judicial que enfrenta Carmelo Agámez, sus condiciones de detención han estado enmarcadas en un clima de inseguridad preocupante.
En un principio, se encontraba recluido en la cárcel de Sincelejo, en este centro penitenciario afrentaba difíciles condiciones de seguridad toda vez que allí mismo estaban recluidos paramilitares y miembros de las hoy llamadas Águilas Negras denunciados por el defensor de derechos humanos.
Sólo hasta el 28 de enero de 2009, semanas después de la solicitud, Carmelo fue trasladado a la cárcel de Corozal, en donde se encuentran recluidos los políticos y autoridades civiles procesadas por los nexos con grupos paramilitares.
El 9 de septiembre de 2009 el Subdirector del INPEC a nivel nacional visitó la penitenciaria y ordenó la reubicación de Carmelo a otro pasillo dentro de la misma cárcel, empeorando sus condiciones de vida.
1“La venganza” Iván Cepeda Castro, El Espectador 21/12/2008
2Informe 2001 OACNUDH, presentado el 18 de abril de 2002 en Ginebra delante de la Comisión de Derechos Humanos
3El paramilitarismo en Sucre un proyecto Armado desde su clase política. http://nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/300
4Human Rights First 10/11/2009
5“Desde la injusta prisión 25: URGE TRASLADO DE CARMELO AGAMEZ” Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 28/11/2008