Segundo informe de seguimiento la ley de victimas
La implementación que no comienza
Presentamos este segundo informe, a nombre de la Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad, en una mezcla de emociones que van entre la satisfacción que se siente al saber que lo que se había dicho en el pasado está resultando del cierto y el pesar y la tristeza al constatar que la ley de reparación y restitución a las víctimas no avanza por el camino que debiera ser, y en tal sentido proporciona desánimo y desaliento a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Sin embargo, y reconociendo que la política es dinámica, se conoció en recientes anuncios tanto del gobierno nacional, como la insurgencia de las FARC – EP, el interés de suscribir un “acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el cual se firmó en la Habana, Cuba el 26 de agosto de 2012, tal anuncio no hacer cosa distinta que reanimarnos para continuar la lucha por el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto armado y particularmente las víctimas del crimen del desplazamiento forzado interno, esta esperanza, está motivada al constatar que se incluyen en la agenda de negociaciones dos temas absolutamente determinantes como lo son el de la política agraria integral, y el de los derechos de las víctimas.
Esta esperanza temporal, no nos impide ver la realidad, en cuanto hace al proceso de implementación de la Ley de Reparación y Restitución a las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Colombia, pero más que presentar nuestras opiniones, quisiéramos reiterar en los términos del “Primer informe de seguimiento y monitoreo de los órganos de control a la ley 1448 de 2011 del restitución de tierras” presentado por la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la nación y la Defensoría del Pueblo, en agosto de 2012, que indica que a un año de sanción a la ley, son muchas las falencias, improvisaciones y vacíos que presenta las instituciones que no dan cuenta de un positivo avance en materia satisfacción de las medidas ni de reparación ni de restitución para las víctimas.
Las observaciones presentadas por el informe de los órganos de control, son simplemente la constatación de lo que en el pasado habíamos señalado las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y el gobierno se negó a prestar atención a las advertencias que habíamos hecho en múltiples pronunciamientos, durante toda la etapa de discusión de la ley, y posteriormente durante el proceso de construcción de la reglamentación, advirtiendo sobre la necesidad de corregir algunas fallas, que de persistir en ellas harían difícil o imposible la posibilidad de la reparación y la restitución, tal y cual, como hoy está sucediendo después de ochos meses de haber empezado la implementación de la mencionada ley.
La participación de las víctimas en el proceso el gran vacío.
Sin duda alguna el mediano avance que tiene la ley, está asociado con el incremento de la planta de personal, la creación de algunas instituciones, y la formulación de algunos criterios y bosquejo de planes, más allá de ello, aun el gobierno no ha logrado resolver de manera efectiva la participación de las víctimas en ninguna de las fases, ni procesos que se implementan. La circular 04 de junio 29 de 2012 intenta corregir esta falla, con la creación de un mecanismo transitorio participación de las víctimas, particularmente orientado a la discusión del protocolo de participación, del cual aún no se conoce su versión definitiva, no obstante a la fecha de elaboración de este informe, no se ha conformado la Mesa Nacional Transitoria y la unidad de reparación prevé que el inicio de la misma sea hacia mediados de octubre, y aunque se ha prolongado hasta 31 de marzo 2013, la deliberación de la misma, la participación se limita a este aspecto de la discusión del protocolo, sin existir la posibilidad que las víctimas podamos discutir sobre plan de acción, o designar los delegados de las víctimas en otros escenarios institucionales que la propia ley establece.
Más aún, aunque se señala que se ha cumplido ley, con la constitución de las mesas Municipales, Departamentales y la conformación de los respectivos comités territoriales de justicia transicional, la Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad, conoce que la conformación de los comités territoriales de justicia transicional, y las mesas municipales de víctimas, no cumplie con los estándares establecidos por la corte constitucional y la jurisprudencia colombiana, en el sentido de proporcionar a las víctimas todas las garantías que permitan y hagan posible una participación informada, para la adecuada toma de decisiones. En muchos casos se impuso la voluntad y criterio de personeros y gobernantes.
En fin, si no se corrigen las fallas que hemos señalado en cuanto a la participación, será imposible a partir de marzo de 2013, que las víctimas puedan acceder de manera efectiva a la participación que está sugerida en la ley.
Más desplazamientos, muerte y amenazas…. y aún no llega la tierra prometida.
La restitución de tierras de acuerdo lo establecido en la ley, aun no empieza, a pesar que el propio gobierno Juan Manuel Santos, había iniciado desde comienzos de su mandato un proceso de restitución (plan de choque), lo cierto es que hasta la fecha del presente informe, no se ha restituido ni una sola hectárea de tierra, como lo reitera el informe de los órganos de control, en comento. Sin embargo, la verdad es que se han hecho muchos anuncios mediáticos pero estos, no corresponden propiamente a procesos de restitución sino, a procesos de adjudicación de tierras que estaban pendientes por parte del INCODER, o de adjudicación de baldíos, y esto no es restitución, tal y como se define: La restitución es la devolución de los bienes despojados a personas víctimas del conflicto armado interno en Colombia y esto no ha sucedido por varias razones que señalaremos a continuación:
En primer lugar, la persistencia del conflicto sigue copando buena parte del territorio nacional por grupos paramilitares, ejércitos anti restitución, grupos insurgentes, y múltiples intereses que se expresan violentamente, que en últimas de cuentas impiden que las víctimas de los despojos acudan en busca del mecanismo de restitución establecido en la ley.
Igualmente, la institucionalidad establecida para el procedimiento de restitución, apenas está en etapa de constitución de las oficinas, se están conformando los equipos, en muchos lugares no se cuenta con el estructura necesaria para atender a las víctimas, igualmente no se supera una situación denunciada en el pasado, en relación con la actitud de los funcionarios, quienes no tienen la disposición, ni la actitud para atender cómo debe ser en el sentido de brindar buena orientación, a las víctimas que acuden en búsqueda de información.
Aprovechamos la presentación de este segundo informe de la campaña permanente tierra vida y dignidad, para seguir insistiendo al gobierno nacional la necesidad de establecer un mecanismo mucho más ágil, que permita la restitución por vía administrativa, obviando el trámite judicial para aquellas solicitudes que no presenten ningún tipo de conflictos y que la determinación de la probidad este claramente establecida.
Igualmente advertimos, que limitar el trámite de la restitución a las zonas determinadas de micro focalización, no hará cosa distinta que atrasar el proceso.
A buena hora, se anuncia por parte del gobierno y la insurgencia de las FARC – EP, el inicio de un proceso de acercamientos que ponga fin al conflicto, sin duda es un esta es una muy buena noticia para las víctimas de los despojos de tierras y territorios, sin embargo, sigue pendiente, que el gobierno nacional anuncie el plan que permitirá el desmonte definitivo del paramilitarismo, hemos conocido recientemente el anuncio de la presentación de una iniciativa legislativa conducente al llenar de facultades a las Fuerzas Militares para enfrentar este fenómeno criminal, se espera que el trámite del mismo se haga ágil y que efectivamente permita sin más excusas que se pueda enfrentar esta criminalidad, en la mayoría de las veces la verdadera responsable de los despojos de tierras y territorios, al ponerse al servicio de sectores económicos interesados en la explotación de los recursos naturales que se encuentran en dichos territorios.
Otra amenaza para proceso de restitución, sin duda alguna es el modelo desarrollo económico, particularmente la locomotora minero energética, con la cual el gobierno pretende dar en “concesión” (regalo) amplias regiones del país, para la explotación de los recursos minero energético a transnacionales y grandes grupos económicos colombianos, lo que sin duda representa un grave riesgo para el trámite tranquilo de la restitución. No menos importante es señalar que este modelo de explotación de la riqueza natural apoyado en el uso de la violencia, es un modelo que se ha aplicado en nuestro país desde hace muchos años el cual es el responsable sin duda del desplazamiento, el despojo, la muerte y el exterminio de muchas comunidades.
No menos importante, es la grave amenaza que se cierne sobre líderes, lideresas y comunidades que participan en los procesos de restitución y defensa del derecho a la tierra y al territorio, como lo hemos señalado en el pasado, la campaña permanente, tierra, vida y dignidad, ha documentado 32 casos de asesinato de líderes y lideresas durante el gobierno de Juan Manuel Santos, últimamente fue asesinado el compañero ORLANDO GUACA miembro de la organización de población desplazada en el departamento del Caquetá y asociado a la Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad. También sufrió atentado la lideresa MAYERLYS en los montes de María, no obstante los múltiples anuncios del gobierno de brindar las garantías, lo que se constata es un desmonte del programa de protección y en todo caso disminución de las medidas precarias para la protección de la vida, la integridad y el derecho de ejercitar la organización para la defensa de la tierra y el territorio.
El registro…dificultades e imprevisiones.
El tema de registro de las nuevas víctimas y aun de las víctimas que ya se encuentren inscritas en otras bases de datos, no logra mostrar los avances que podrían haberse anticipado, aún la unidad de reparación no muestra los resultados concretos en la unificación de las bases de datos provenientes del: Registro de Población Desplazada, del Registro de Víctimas de Minas Antipersona, de Menores Reclutados que dispone el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de familiares de Detenidos Desaparecidos, ni de Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica y otros movimientos políticos, como de víctimas de los Etnocidios, Este era un tema previsible, cuestión de disponer una plataforma tecnológica que concilie y unifique en un solo registro toda estas tipologías, sin embargo esto o aún no logra mostrar los resultados que se necesitan.
Igual problema presenta el registro de nuevas víctimas, el formulario que se utiliza sigue siendo complejo, y en muchos municipios no se cuenta con la tecnología que permita atender rápidamente las demandas de inscripción, en muchos municipios del país las personerías no cuentan con el recurso humano y tecnológico que permita con fluidez atender adecuadamente a las víctimas.
Solicitamos a través de este informe de la Campaña Permanente, que la Unidad de Reparación resuelva rápidamente la conciliación de las bases de datos, se disponga de un formulario que permita una inscripción con mayor agilidad y fundamentalmente se doten a las personerías municipales del recurso humano y tecnológico que permita superar las dificultades que hasta la fecha se registran.
Atención a las mujeres víctimas del conflicto…. Más allá de los anuncios
En la práctica, las mujeres víctimas del conflicto armado, no han encontrado los mecanismos que les permitan el acceso preferente que tanto se anuncia, no se han establecido los criterios para, que sean ellas por su doble condición de victimización, las que accedan de manera preferencial, a las medidas tanto de restitución como de reparación. Esta es una enorme deuda que la institucionalidad tiene con las mujeres víctimas del conflicto.
Paquidermia institucional
Como era previsible, dados los antecedentes que se presentaron con la ausencia de coordinación de las entidades encargadas de implementar la atención a la población desplazada, de nuevo, se asiste a una falta de coordinación de las instituciones que tienen el encargo de dar cumplimiento a la ley 1448, “la idea no es crear entidades sino organizar un sistema nacional y esto es un gran acierto”, así lo señala el informe del organismo de control que advierte que “la concentración de funciones en una sola entidad. Específicamente la unidad atención reparación integral a víctimas, cuyas funciones van desde la coordinación del sistema, el diseño de la política, su ejecución, la atención de emergencias, la coordinación nación territorio, la certificación de las entidades, y el acompañamiento de las víctimas” está orientada a la centralización y optimización de recursos, sin embargo, está haciendo falta establecer los roles y responsabilidades para cada una de las entidades, falta tener mayor claridad sobre el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, y en igual medida faltan los Planes Operativos de los subcomités técnicos, esto en el ámbito nacional, sin que se conozca con claridad cómo ha sido la incorporación de la normatividad para la reparación a las víctimas en el ámbito territorial.
El reto está entonces, como lo señala el informe de los órganos de control en “garantizar el aprendizaje organizacional y la continuidad al aplicación de las políticas y de esta forma impactar directa y positivamente los resultados de la misma”, se espera entonces el establecimiento de metas a corto mediano y largo plazo que puedan ser evaluadas con claridad especialmente por las organizaciones de víctimas.
Aspectos presupuestales
Como lo ha señalado el informe de los órganos de control, existen varias preocupaciones en relación con el tema presupuestal, en General la que tiene que ver con la fuente de recursos para financiar todo el desarrollo e implementación de la ley en los diez años de su vigencia, no hay suficiente claridad sobre la forma en que se recaudara la plata necesaria para la reparación.
En nuestro caso, y como se ha presentado en el pasado, el gobierno insiste en confundir los recursos asignados a los programas sociales que son responsabilidad del Estado, con medidas de reparación. Lo que según la jurisprudencia colombiana es una grave falta.
Un aspecto que no podemos dejar desapercibido es la forma como el gobierno nacional ha brindado mejores garantías y condiciones económicas a los desmovilizados que para las propias víctimas del crimen del desplazamiento. Por cuanto para los primeros se ofrecen apoyos económicos 20 veces superiores a los brindados a las víctimas, lo que sin duda ofende y re victimiza.
Una reparación que ni siquiera alivia
En General tenemos que señalar que la ley de reparación y restitución aún se encuentra en etapa de diseño y como hemos constatado en las oficinas de la unidad reparación y la unidad restitución, el personal está en permanente remoción, los programas están en etapa de formulación o diseño, adquisición de oficinas y mobiliario. Está pendiente el inicio de la implementación de las medidas concretas que perfectamente pudieron darse desde hace mucho tiempo porque era cuestión de ajustar mecanismos y procedimientos, es así como aspectos como: La salud, la educación el empleo y los subsidios especialmente el de vivienda, todavía están en etapas de reestudio, rediseño, evaluación y ajustes, lo que en la práctica hace que las víctimas del conflicto armado interno en Colombia a la fecha de presente informe no pueden acceder en la práctica a ninguna medida que permita asistir a las medidas de satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición.
Aspecto no menos preocupante es el que tiene que ver con los programas y políticas de prevención, la prolongación del conflicto, la reactivación de los grupos o ejércitos anti restitución y la intensificación del enfrentamiento entre el Estado y de los grupos insurgentes, hace que aún persistan fenómenos como el desplazamiento, la amenaza el asesinato a líderes y lideresas, el confinamiento, frente a lo cual la respuesta institucional no da cuenta de una política de prevención y al contrario se somete a las víctimas a una nueva victimización dada las precariedades para atender adecuadamente los programas de protección y garantías para la acción organizativa.
…a la espera de un arranque
Como lo señalamos al inicio el presente informe estos vacíos en la implementación de la ley solo son, la respuesta, y resultado o la expresión de la negligencia con la que el gobierno nacional atendió las inquietudes y reclamaciones de las organizaciones, buena parte de ellas se pudo prever, se pudo anticipar, para implementar adecuadamente la ley, sin embargo trascurridos 8 meses desde el inicio de la misma se asiste de manera sistemática tanto en el ámbito nacional, como departamental y municipal a improvisaciones, desconocimientos y finalmente negación del acceso a los derechos, que francamente son inaceptables.
Reiteramos las propuestas en el sentido de reforzar una campaña de publicidad que permita a todas las víctimas conocer de manera sencilla, todo el procedimiento, ruta de acceso, y sobre todo acceder con rapidez y facilidad a las medidas aunque precarias de reparación y de restitución.
Bogotá, septiembre 18 2012