Amenazas contra defensores de derechos humanos siguen en la total impunidad

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige al Gobierno Nacional tomar medidas eficaces para impedir que continúen amenazando a víctimas y defensores de derechos humanos e insta a la Fiscalía General para que adelante investigaciones que entreguen resultados sobre los autores de estos hostigamientos y agresiones contra quienes trabajan por la paz en el país. Item fulltext La Corporación Nuevo Arcoíris denunció el 23 de octubre pasado que a su correo directo llegó un nuevo mensaje en el que el grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras amenazan de muerte a 99 personas pertenecientes a organizaciones de víctimas, sociales, étnicas, populares y políticas. Al parecer se trata de una reiteración de las amenazas realizadas a 91 defensores de derechos humanos el pasado mes de septiembre, pero con la inclusión de al menos ocho personas más.  Para las víctimas de crímenes de Estado es preocupante que las Águilas Negras, pese a no ser un grupo armado con presencia militar comprobada en ningún departamento, tengan la capacidad de amenazar a 260 personas en todo el país ante la incapacidad del Gobierno Nacional para frenar estos hechos y realizar investigaciones que entreguen resultados.  Esta situación genera dudas sobre el origen real de las amenazas y conduce al interrogante sobre si en realidad agentes estatales estarían usando este apelativo para amenazar de forma directa a quienes trabajan comprometidos con la salida política del conflicto armado y a favor de la paz con justicia social.  En el listado se encuentran varias personas que hacen parte del MOVICE, entre ellos el Secretario Técnico e integrantes del Comité de Impulso. Además, hemos denunciado también que un grupo importante de víctimas pertenecientes a los capítulos de Sucre, Caldas, Nariño y Valle del Cauca han sido amenazados en las últimas semanas por los grupos paramilitares “Los Rastrojos” y por las Águilas Negras.   Reiteramos que es preocupante que estas amenazas señalan de manera directa a personas que adelantan actividades en favor de la paz y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.  EXIGIMOS: Al Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y al Ministerio del Interior y del Derecho garantizar las medidas necesarias para el ejercicio legítimo en defensa de los Derechos Humanos y de las Víctimas. A la Fiscalía General de la nación investigar los hechos denunciados e informar a las personas y organizaciones interesadas el avance de las investigaciones. A la Unidad Nacional de Protección, implementar las medidas eficaces y pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de las personas incluidas en la amenaza y sus familias y organizaciones. LLAMAMOS A la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH y demás organizaciones defensoras de DD.HH. nacionales e internacionales a pronunciarse y exigir al Estado se garantice eficacia en las investigaciones y se proteja la vida e integridad las personas antes mencionadas, sus familias y las organizaciones que lideran o de las que hacen parte.   Bogotá, 25 de octubre de 2014