El día de hoy 18 de septiembre han sido capturados 3 jóvenes en la ciudad de Bogotá y se adelantan allanamientos en casas de otras personas. Así lo afirma la Concejal Heidy Sánchez en su cuenta de Twitter. Ante estos acontecimientos, como Movice hacemos un llamado en contra de la nueva “cacería de brujas” que pretende iniciar el Gobierno de Iván Duque.
Ante la criminalización y estigmatización de la protesta social, el Movimiento Nacional de víctimas de Crímenes de Estado se permite comunicar que:
El 9 de septiembre, Día Nacional de los DDHH, el país amaneció con la noticia del brutal asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía nacional, en un claro caso de violencia policial que generó gran indignación en el pueblo colombiano. Ante esta situación, registrada en video, los días 9, 10 y 11 de septiembre se desataron en Bogotá y otras regiones del país, actos ciudadanos rechazando lo sucedido, en su mayoría nutridos por jóvenes y habitantes de barrios populares, quienes sufren la violencia y la brutalidad policial con más frecuencia.
La respuesta a la indignación ciudadana fue un desproporcionado y criminal accionar de la Policía Nacional que dejó como resultado 14 personas asesinadas y 248 heridas, 66 de ellas por disparos con armas de fuego. Además, según datos de la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todxs, el 10 de septiembre de 2020 se reportaron 138 personas detenidas en la ciudad de Bogotá, entre ellas varios niños, niñas y adolescentes.
Desde el primer día de protestas, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han iniciado, con supuestos indicios de informes de inteligencia, una campaña de señalamientos y estigmatizaciones que buscan reducir la indignación ciudadana al viejo, desgastado y conocido recurso del enemigo interno, al plantear que las protestas han sido organizadas, calculadas y promovidas por organizaciones insurgentes. En una sincronización siniestra, que poco tiene de casualidad, los grandes medios hegemónicos iniciaron una campaña mediática enfatizando en los efectos negativos de la protesta, visibilizando los saqueos y pérdidas materiales de la jornada, al tiempo que profundizan, justifican y amplifican la tesis del gobierno sobre la supuesta responsabilidad de la insurgencia en las jornadas de protesta ciudadana, hasta el punto de criminalizar el trabajo social, comunitario y popular que las organizaciones sociales realizan en los territorios y barrios de la ciudad de Bogotá.
Se reitera el mismo patrón criminal: se está construyendo una estrategia mediática e institucional para legitimar una auténtica “cacería de brujas”, un modus operandi utilizado en las pasadas protestas del Paro Nacional iniciadas en noviembre de 2019, y en ocasiones anteriores donde la ciudadanía ha protestado, desembocando capturas masivas de inocentes y creando “falsos positivos judiciales” con el afán de dar resultados y así limpiar la cara una degradada Fuerza Pública, deslegitimada por las sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos contra la población civil.
Adicionalmente, y con motivo de la irresponsable criminalización y estigmatización por parte del Gobierno Nacional y el ministro de defensa Carlos Hollmes Trujillo, el día 14 de septiembre aparecen varias amenazas de las “Águilas Negras” a distintos liderazgos sociales y comunitarios que han participado en movilizaciones y jornadas de indignación en la capital, poniendo en riesgo inminente sus vidas, su derecho al buen nombre, y la garantía democrática elemental consagrada en la Constitución sobre el derecho a la protesta.
El día de hoy 18 de septiembre han sido capturados 3 jóvenes en la ciudad de Bogotá y se adelantan allanamientos en casas de otras personas. Así lo afirma la Concejal Heidy Sánchez en su cuenta de Twitter. Ante estos acontecimientos, como Movice hacemos un llamado en contra de la nueva “cacería de brujas” que pretende iniciar el Gobierno de Iván Duque.
ANTE ESTA SITUACIÓN:
- Alertamos a la comunidad internacional y a la opinión pública nacional sobre el inicio de una nueva oleada de persecución, criminalización y estigmatización de la protesta social en Colombia, que pese al Acuerdo de Paz sigue siendo tratada por el Gobierno Duque como un problema de seguridad nacional, desde la doctrina del “enemigo interno”, que señala que todo inconformismo social y ciudadano debe ser entendido como parte de la “amenaza insurgente”.
- Reafirmamos nuestra apuesta y convocamos a todas las fuerzas sociales y políticas interesadas en la defensa de la vida y los derechos humanos a exigir la reforma estructural a la Fuerza Pública, para avanzar a la construcción de una nueva Fuerza Pública para la paz, respetuosa y garante de los DDHH.
- Proponemos se conforme una Comisión de Alto Nivel que diseñe y consolide una reforma a la doctrina de la Fuerza Pública. Esta Comisión estaría conformada por un grupo nacional e internacional y deberá elaborar un informe independiente para el esclarecimiento de los hechos y propuestas de Garantías No Repetición que involucre acciones para una Fuerza Pública para la Paz, una reforma profunda de la Policía Nacional y el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, planteado en 1999 como transitorio.
- Exhortamos a la ciudadanía, a los movimientos sociales, y a las y los demócratas de todas las corrientes políticas a proteger la vida, los derechos humanos, el derecho a la protesta y a rodearnos ante la situación de criminalización, persecución y amenazas que se viene presentando.
- Responsabilizamos al gobierno de Iván Duque y al ministerio de defensa en cabeza de Carlos Hollmes Trujillo por las afectaciones que puedan sufrir los liderazgos, organizaciones sociales y comunidades estigmatizadas.