Contra la desaparición forzadaEventos

Ante la persistencia de la desaparición forzada en el mundo, operación “Ciriri»

En un país donde se calcula más de 50 mil desaparecidos, donde se hallan fosas comunes con más de 4000 restos, en este país, donde aún existe el crimen de la tortura, de la desaparición forzada y del enterramiento clandestino, en este país de la “seguridad democrática” se realizó II Congreso Mundial Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, celebrado del 21 al 23 de abril en Bogotá.
Testimonios y el intercambio de las múltiples experiencias en la búsqueda de sus seres queridos, demuestran que la desaparición forzada ha sido y sigue siendo una cruel realidad en muchos países del planeta. Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Kashmiri en la India, el Sahara Occidental, México, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina tienen en su memoria el horror de este crimen de lesa humanidad cometido por los Estados. La desaparición un mecanismo de terror para acallar las voces disidentes, de aterrorizar comunidades enteras, a organizaciones políticas, el entierro de sueños de un mundo diferente, más justo, menos discriminatorio, menos violento y más incluyente.

Un sentido común, la necesidad de organizarse para reivindicar sus derechos como víctimas de este crimen de lesa humanidad, la presión, la persistencia de las familias, especialmente las mujeres, para buscar, para que haya avances en los instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional, para que de una vez por todo, desde la memoria cese la impunidad.

Todas y todos reafirmamos el derecho a un acompañamiento psicosocial, derecho todavía no reconocido, pero ejercido en algunos casos de modo creativo, en otros con una expectativa de su concreción. Traspasar el horror, convertir el dolor y la desesperación en la lucha por la Verdad y la Justicia y contra la impunidad ha sido una experiencia común de muchos de los más de 400 participantes de este Congreso.

En ello las y los familiares desarrollan una creatividad enorme, desde el arte, la música, la espiritualidad, desde medios de información (muchas veces alternativos), apoyado por gente solidaria en las organizaciones de DDHH, artistas, periodistas, expertos jurídicos y forenses, entre otros.
Uno de los desafíos ante esta afrenta a la humanidad es romper el silencio y la invisibilización. Los familiares de las víctimas del Franquismo en España que hoy aún están exhumando después de 70 años a sus seres ejecutados, torturados, nos confirman que esta búsqueda es una tarea larga.

El reconocimiento a Doña Fabiola Lalinde de Colombia por su valiosa y ejemplar búsqueda de su hijo desaparecido Luis Fernando Lalinde con lo que se ha conocido como la operación “Cirirí”. Este bello pájaro persistente, es símbolo de la lucha contra la impunidad desde la memoria fue acogido por las y los participantes del congreso.

Igualmente fue posible asumir el lanzamiento del Consenso Internacional sobre Normas Mínimas en Trabajo Psicosocial en Procesos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos. Este documento es el consenso que se basa en las propuestas compartidas a lo largo de tres años entre los diferentes continentes a partir del primer Congreso Internacional de Trabajo Psicosocial en Procesos de Exhumación, realizado en Antigua, Guatemala, en el 2007.

En Colombia previo al Congreso, se había realizado tres conversatorios en Bogotá y 5 encuentros regionales de victimas, sus asociaciones y organizaciones de acompañamiento para la validación de estas normas mínimas y un taller con funcionarios estatales en aras de darles a conocer las Normas Mínimas y conocer su opinión al respecto.

Retos para la implementación de las Normas Mínimas

La implementación de esas Normas Mínimas en el contexto colombiano es todo un reto y encuentra múltiples dificultades. Hoy la memoria y la exigencia de justicia se encuentran en medio de la continuidad de la desaparición forzada en Colombia en medio de la reingeniería paramilitar como estrategia de Estado, del desarrollo del conflicto armado. El negacionismo institucional niega la existencia de la desaparición forzada, del conflicto armado interno. Así se ampara la estigmatización y la falta de protección para las personas involucradas en la búsqueda de las personas desaparecidas, la alta impunidad y la indiferencia de amplias partes de la sociedad colombiana frente a este Crimen de Lesa Humanidad.

Algunos de los retos para Colombia se vienen derivando de la implementación y reglamentación de la “Ley de homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, y medidas para su localización e identificación” recientemente declarada constitucional rechazando al objeción presidencial por tener implicaciones presupuestales que no era posible asumir.

Esta implementación servirá para valorar la voluntad política del gobierno y del Estado colombiano en aras de garantizar la participación de las víctimas e incluir sus aportes, las de sus asociaciones y otros actores claves como las organizaciones de DDHH y psicosociales, entre otras. La ley de homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada es un avance en algunos aspectos, aunque se queda corto, por ejemplo al prever los recursos por parte del Ministerio de Protección Social para recibir atención psicosocial pública o privada, pero solo durante todo el proceso de entrega de los restos (Art. 8).

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los desaparecidos forzadamente nunca serán entregados, porque ni siquiera se les busca, porque fueron arrojados a los ríos o han sido enterrados en fosas clandestinas la medida es insuficiente, alejada de la realidad de las familias e incluso discriminatoria, dado que excluye la mayoría de las familias, provocando daños y revictimización en vez de ser reparador y promover el bienestar emocional.

Asimismo, la “Ley de homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, y medidas para su localización e identificación” prevé la creación de un banco de perfiles genéticos bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación (Art. 4), cuya implementación y reglamentación requiere la consulta con las víctimas, organizaciones de DDHH y expertos nacionales e internacionales en la materia, tratándose de un tema supremamente delicado para que no aumente aun más la ya existente desconfianza hacia las autoridades estatales. Será fundamental el respeto a las normas mínimas referidas a la información, prevención de revictimización, consentimiento informado, coordinación y apoyos independientes, entre otros.

También a nivel internacional queda mucho por hacer. Se buscará convertir este Consenso Internacional sobre Normas Mínimas en Trabajo Psicosocial en Procesos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos en un referente en el Derecho Internacional tanto a nivel de Naciones Unidas, los sistemas regionales de DDHH (el Sistema interamericano y el europeo), como en las decisiones de otros tribunales internacionales y mecanismos de justicia transicional (por ejemplo las Comisiones de la Verdad).

Sin embargo, más allá del reconocimiento formal, de instrumentos legales y protocolos son las experiencias, los resultados concretos de encontrar el ser querido, la sanción penal y social, los actos de memoria, de resignificación de lo ocurrido, la dignificación de las personas, la recuperación de su buen nombre y proyecto de vida los que nos reafirman a seguir conjuntamente el camino recorrido a lo largo de años de búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente.

Bogotá, D.C. abril 29 de 2010
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz