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AUSENCIA DE GARANTÍAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA ANTE PRESUNTOS VÍNCULOS ENTRE MILITARES Y GRUPOS ILEGALES

Las Plataformas de Derechos Humanos, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, advertimos y denunciamos la presunta vinculación de algunos integrantes de la Fuerza Pública con casos de corrupción, que permitieron que grupos criminales actuaran y se fortalecieran, incrementando el conflicto en los territorios, la desconfianza de la sociedad respecto a la institucionalidad militar y policial y afectando las bases de la democracia colombiana.

A comienzos del mes de febrero, algunos medios de comunicación informaron sobre la recaptura del coronel (r) del Ejército Róbinson González del Río, al parecer, por ser parte de una estructura criminal al servicio de una banda narcotraficante que opera en el departamento de Nariño. Posteriormente se revelaron unos audios que implican, al ex comandante de la Sexta División del Ejército, General Jorge Hernando Herrera Díaz, con grupos ilegales. Así mismo, el pasado 15 de febrero se conoció públicamente un documento reservado de la Fiscalía donde se investiga al General retirado, Leonardo Alfonso Barrero Castillo, ex comandante de las Fuerzas Militares, por su supuesta vinculación con el “Clan del Golfo” con el alias “El Padrino” y menciona al jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, general Wilson Neyhid Chawez Mahecha. Según la Fiscalía, para la época de los hechos, este último militar estaba en el Comando Conjunto No. 2 Suroccidente, encargado de dirigir las operaciones conjuntas en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Estas relaciones entre fuerzas militares y bandas del narcotráfico se dan en las regiones donde más violencia se presenta y donde más líderes y lideresas sociales son asesinadas.  De igual forma, evidencian las razones por las cuales los grupos criminales, a los que el gobierno del presidente Iván Duque y la Fiscalía responsabilizan de asesinar líderes y lideresas sociales, personas defensoras de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación,  crecen exponencialmente. 

A esta delicada situación se suma que, el actual gobierno a través de la ministra del Interior de entonces, Nancy Patricia Gutiérrez, nombró al General (R) Leonardo Barrero como el coordinador del Plan de Acción Oportuna -PAO-, plan destinado a la protección de personas defensoras de DD.HH, líderes y lideresas sociales. Es decir, un militar asociado a grupos criminales, que precisamente el mismo gobierno señala de ser los victimarios de los liderazgos sociales. 

En su momento, cuando conocimos que el ex comandante de las FFMM tenía importantes investigaciones penales en su contra por violaciones a los Derechos Humanos, y a pesar de ello, se desempeñaba como coordinador del Plan de Acción Oportuna, en el Ministerio del Interior, denunciamos públicamente tal despropósito, que no sólo era una ofensa para las víctimas, sino que implicaba falta de garantías para la protección genuina de los líderes y las lideresas sociales. Y, nos opusimos a tener un ex militar al frente de la política de prevención y protección del Ministerio del Interior para garantizar el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, razones no escuchadas por el gobierno quien debe asumir la responsabilidad política por sus actuaciones que han contribuido a la continuidad del genocidio del movimiento social y de derechos humanos.

A estos graves hechos se agrega la negativa del gobierno nacional de avanzar en el desmonte del paramilitarismo y el crimen organizado a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo Final de Paz.

Ante estos hechos, es urgente avanzar en la reforma estructural de la Fuerza Pública, que aborde entre otros aspectos: la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, el fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano, la depuración de los estamentos de seguridad del Estado, así como la creación de una unidad especial en la  Fiscalía General y Procuraduría General que avance efectivamente en la investigación y juzgamiento sobre las alianzas de las Fuerzas Militares con estructuras narco paramilitares, el enriquecimiento ilícito y la corrupción, que se constituyen en prácticas sistemáticas que deben ser abordadas desde una perspectiva de macrocriminalidad. 

De igual forma, demandamos a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva de las actuaciones de los mandos militares y sus relaciones con bandas del narcotráfico y que se hagan públicos los resultados. Estos dos últimos casos, son indicativos de un problema de fondo y estructural en las Fuerzas Militares del país.