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Ban Ki-Moon y la restitución de tierras

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Martes 25 de octubre de 2011

Cuando el Presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, invitó al evento al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, quien expresó su apoyo a la Ley y felicitó al Congreso y a Santos por aprobar esta inciativa. Pero ahora, el Secretario recibió una nueva carta pidiéndole su compromiso, ya no desde Presidencia, sino desde la oficina del Representante del Polo Iván Cepeda.
Este congresista escribió una carta al secretario en la que le solicita retirar a Cementos Argos del programa de la ONU que le permite participar en el mercado de carbono. Cementos Argos es una de las empresas con mayor número de tierras en Montes de María, donde ha llevado a cabo proyectos de reforestación. Como lo contó La Silla Vacía, uno de los atractivos de este negocio está en la venta de bonos en el mercado de carbono a nivel internacional.

Aunque la adquisición de estos predios por parte de Argos ha sido cuestionada, pues originalmente pertenecían a desplazados por la violencia, la justicia aún no ha determinado si se trata de tenedores de buena fe o no. El Superintendente de Notariado y Registro dijo en una entrevista que Argos era poseedor de buena fe, pero en realidad esto es algo que tiene que establecer la justicia.

Independientemente de cómo se desarrolle el proceso judicial, la pregunta es si la colaboración de Ban Ki-Moon incluye intervenir a este nivel.

 

Señor

Ban Ki-moon

Secretario General de las Naciones Unidas

New York

CC: Oficina de Naciones Unidas para el Cambio Climático


Respetado Señor Secretario General:


Con profunda preocupación me he enterado que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático aprobó un proyecto de la empresa colombiana Cementos Argos S.A. para la reforestación comercial de 3.000 hectáreas, dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y en el marco del Protocolo de Kioto, en una zona de la costa norte de mi país, que ha sufrido graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, conocida como los Montes de María.


Así como la opinión internacional valora de manera positiva las iniciativas que las Naciones Unidas auspician en el campo ambiental, también tiene la mirada puesta sobre el cumplimiento de los principios que el propio Acuerdo Global de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact) ha establecido para las empresas beneficiarias del lucrativo mercado de certificados de emisiones reducidas o de captura de CO2  en el mundo y ese es el motivo de la presente misiva.


La región de los Montes de María ha sido escenario, en los últimos quince años, de la violencia desatada por el grupo paramilitar Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y por la confrontación armada entre las fuerzas militares estatales y los grupos de guerrilla. En el caso de la organización paramilitar su ofensiva incluyó la ejecución 49 masacres que dejaron, según el Boletín Cifras de Violencia 2002-2005 del Departamento Nacional de Planeación, miles de campesinos asesinados, centenares de violaciones y desapariciones, y un total de 143.250 campesinos desplazados.


A partir del año 2007 cerca de 25 compañías se dedicaron a la compra masiva de las tierras abandonadas por los campesinos desplazados de los Montes de María, a quienes localizaron en los tugurios de las ciudades y convencieron con facilidad a vender, con la complicidad del hambre y la precariedad que padecían. Utilizaron, además,  todo tipo de trampas y artificios ilegales y violaron las medidas cautelares de protección de tierras de la población en situación de desplazamiento establecidas en la ley 387/97 y en el decreto 2007/01. Un informe de la Superintendencia de Notariado y Registro establece que, por lo menos se presentaron 1.600 irregularidades en los negocios jurídicos que permitieron la compra de 36.000 hectáreas en los Montes de María. Por otro lado, otras fuentes señalan que el total de tierras adquiridas por estos empresarios abusivos ascienden a 75.000 hectáreas.


De manera reciente los principales medios de comunicación del país -entre ellos los periódicos El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y la cadena radial RCN- han informado la existencia de las primeras investigaciones judiciales y disciplinarias contra funcionarios públicos y empresarios involucrados en el despojo de tierras en los Montes de María. Según estas fuentes, existen al menos 18 procesos disciplinarios contra funcionarios de notarías en Montería, Sincelejo, Corozal, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Tolú, Medellín, Sopetran, Cereté, San Onofre, Cartagena, Ovejas y Los Palmitos. Y la Fiscalía prepara audiencias de imputación de cargos en contra de un grupo de personas dentro del que se encuentran 23 notarios, alcaldes y otros funcionarios públicos.


Entre las compañías que compraron, a través de ladinos intermediarios autorizados por los compradores, y englobaron las parcelas de los Montes de María, se destacó Cementos Argos y su empresa filial Reforestadora del Caribe. Entre las dos compraron más de 12.500 hectáreas de las tierras de la región en la que se cometieron masacres ampliamente conocidas por la opinión pública nacional e internacional, por la crueldad de sus autores. Algunas de estas masacres como las de Palo Alto, Libertad, El Salado, Chengue, y  Macayepo, se perpetraron directamente en las zonas, donde hoy Cementos Argos desarrolla sus proyectos de reforestación comercial con la especie Tectona Grandis (Teca).


Mientras tanto, los campesinos desplazados y hoy despojados de sus tierras de los Montes de María, deambulan en condición de mendicidad y miseria en las ciudades capitales de los departamentos de la costa norte del país, a la espera de la entrada en vigencia, a partir de 2012, de la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. En todo caso, esta norma no les garantiza la recuperación material de sus parcelas, pues contempla que  cuando ellas han sido objeto de cultivos agroindustriales y forestales, se deben celebrar contratos de uso entre la empresa agroindustrial ocupante y el campesino, para priorizar la continuidad del proyecto productivo (artículo 99 de la ley 1448/11).


Ejecutivos de Cementos Argos han tenido relaciones con personas vinculadas con grupos paramilitares. Ricardo Andrés Sierra Fernández, ex Vicepresidente de Finanzas Corporativas de Cementos Argos, es hermano de Juan Felipe Sierra, quien fue capturado el 3 de agosto de 2008, acusado de ser el enlace entre la organización del jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía en Antioquia y Córdoba. Juan Felipe Sierra, además, fundó una empresa de seguridad, Control Total Ltda., que contaba entre su personal con desmovilizados de las AUC y prestaba servicios de seguridad a la empresa Argos S.A.  La licencia de Control Total Ltda., fue cancelada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y su nombre fue agregado en la lista Clinton como parte del organigrama de alias ‘Don Mario’. Victoria Eugenia Restrepo Uribe, actual gerente de Reforestadora del Caribe, se vio involucrada en las grabaciones realizadas por la Fiscalía, que ocasionaron la captura del ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio, el general Marco Antonio Pedreros y el empresario Juan Felipe Sierra por sus nexos con el paramilitarismo en Antioquia. Esto determinó su salida del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.


Cementos Argos ha pretendido pasar como tercero de buena fe en la compra de las tierras de los Montes de María, es decir, hacer creer que desconocía que sobre ellas se hubieran cometido masacres, asesinatos, violaciones y desplazamientos de los propietarios.  Pero su pretexto no es creíble, pues la ocurrencia de todas estas violaciones a los derechos humanos fue ampliamente conocida por la opinión nacional e internacional y, además, las medidas cautelares dictadas por las autoridades para evitar la venta de predios de población desplazada estaban anotadas en los documentos de notariado y registro, indispensables para la compra de las tierras.


Es importante destacar que la región de los Montes de María que de reforma agraria (ley 160/94), hoy se ha convertido en una zona con fuerte concentración de la propiedad de la tierra; principal obstáculo para el desarrollo, de acuerdo con los resultados del Informe de Desarrollo Humano de 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Dicho informe sostiene que en Colombia se ha producido una alta concentración de la propiedad de la tierra -el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15% de la población-. El coeficiente de Gini indica que la concentración de tierras en Colombia es de 0.58,  uno de los peores del mundo.


Señor Secretario General:


Por lo expuesto, y en consideración del decálogo de principios que las empresas avaladas por el Acuerdo Global de las Naciones Unidas (Global Compact) deben cumplir, y en especial del segundo, sobre plena seguridad de desvinculación con abusos a los derechos humanos; y atendiendo al principio 15 de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos  (Asamblea General de Naciones Unidas, A/HRC/17/31),  le solicito respetuosamente ordenar y gestionar ante la instancia competente de las Naciones Unidas, el retiro de la empresa colombiana Cementos Argos, de los beneficios de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), que le permiten participar en el mercado de la captura de CO2 en el escenario internacional.

Cordialmente,


IVÁN CEPEDA CASTRO

Representante a la Cámara