Boletín 10: Judicializaciones al movimiento social en Antioquia y Caqueta

El Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE) agrupa a las víctimas de crímenes de Estado entendiendo como víctimas cada colombiano y colombiana que ha sido afectado/a por la violencia estatal. Se calcula que desde los años ochenta el Estado Colombiano ha sido responsable de alrededor de 70.000 muertos y desapariciones por acción u omisión.
En su búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, el MOVICE ha tenido que enfrentar una persecución política continua. En un esfuerzo conjunto de varias organizaciones y personas nos hemos puesto la tarea de hacer un boletín informativo del MOVICE y sus integrantes de forma mensual.

 

Descargue el PDF en Castellano    | Download pdf in English    |  Doc. in English

Persecución al MOVICE y sus integrantes

Atentado contra integrante del MOVICE testigo clave en caso de ejecución extrajudicial¹

El señor Giraldo Barrera el 11 de marzo de 2006 fue presentado como guerrillero muerto en combate por integrantes del Batallón de Alta Montaña No. 3 Rodrigo Lloreda Caicedo en el municipio de Cali. El martes 5 de mayo de 2009, según la imputación hecha por la Fiscalía, el juzgado 19 Penal Especializado del Circuito Judicial de Cali había iniciado la audiencia contra los militares implicados por cargos de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público y ocultamiento y destrucción de elementos material probatorio. Entre los acusados figuran el Sargento Viceprimero, retirado del Ejército Nacional Luís Eduardo Mahecha Hernández y el mayor del Ejército Nacional, Manuel Arturo Pabón Jaimes. El 10 de mayo uno de los testigos claves en el proceso y hermano del señor José Orlando Giraldo Barrera, José Wilson Giraldo Barrera, fue disparado en la cabeza en horas de la tarde en medio de la ciudad por un hombre aún no identificado. Días anteriores al atentado su casa había sido visitado por militares que iban acompañados por una persona en civil. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho seguimiento al caso y ha expresado su condena al atentado mediante un comunicado de prensa el pasado 12 de mayo. A la familia Giraldo se les otorgó el 19 de mayo Medidas Cautelares por parte de la Comisión Interamericana de DDHH.

Atentado contra la hija de la consejera mayor del CRIC

La niña Mayerli Alejandra Legarda Quilcue, de 12 años de edad, hija de Aída Quilcue, vocera de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria y Edwin Legarda, quien fue asesinado el 16 de diciembre de 2008 por la Fuerza Pública en el municipio de Totoró, departamento del Cauca sufrió un atentado el día 11 de mayo. A Mayerli Legarda Quilcue, quien tiene medidas de protección, siendo aproximadamente las 6:00 de la tarde, cuatro individuos la apuntaron con armas cortas cuando se encontraba al frente de su casa de habitación.
Cuando la niña observó el peligro se internó en la casa y los delincuentes, que se movilizaban en un Carro Blanco del que no pudo identificarse sus placas, rodearon la casa, pero, al parecer, resolvieron emprender la huida con rumbo a la ciudad de Popayán al observar movimientos de la guardia indígena que se encontraba al interior de la vivienda.²

Judicializaciones masivas e informes de inteligencia en Caquetá³

En el informe de la inteligencia militar regional no. 6 MD-EJC-CIME-RIME6-53.1, fechado el 12 de febrero de 2008, se informa sobre un proceso de judicialización de 97 supuestos integrantes de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARC-EP. Hasta la fecha, alrededor de 10 de estas personas han sido detenidas en operaciones militares mediáticas, como fue la detención masiva de 21 personas en Cartagena del Chaira en mayo de 2008. Las personas mencionadas en el informe de inteligencia, se las ubica con nombre y/o alias y varios, con dirección de domicilio, número de teléfono y fotografía. Entre estas personas se encuentran varios integrantes del Capítulo del MOVICE en Caquetá, el presidente de la Corporación Caguán Vive, abogados de presos políticos, profesores de la Universidad La Amazonia, miembros de Asociación ASOTAXIS, ASOGRICAK, FENSUAGRO, el presidente regional de ASPU, ASODEMCA, la JUCO, miembros del Polo Democrático Alternativo y del partido liberal, así como varios candidatos a las alcaldías en la región, ex-concejales y candidatos a las asambleas municipales. El 07 de mayo la senadora Gloria Inés Ramírez hizo una constancia en el Senado en la que expresa “demando del gobierno nacional, el cese de la persecución a los líderes sociales y políticos de oposición y, en especial contra los defensores de DDHH a través de montajes espurios, que lo único que busca es menguar la fortaleza de quienes nos oponemos al autoritarismo, la corrupción y la impunidad como medios ilegítimos de ejercicio del poder.”

Movimiento de ddhh de Antioquia judicializado en la IV Brigada del Ejército

Organismos de seguridad y la Fiscalía pretenden, mediante temerarios informes de inteligencia, estructurar procesos penales que tienen como evidente propósito criminalizar el ejercicio legítimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación. Uno de estos procesos tuvo su génesis en una investigación previa iniciada por la Fiscalía Setenta y Cuatro Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército el 29 de diciembre de 2006, la cual de manera errada ha sido tramitada bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, lo que ha posibilitado que el ente acusador límite, sin el control de un Juez de Garantías, derechos constitucionales de las personas incriminadas. Fue la comparecencia voluntaria de varios estudiantes de la Universidad de Antioquia a la Fiscalía, la que permitió develar la entidad de la investigación previa que se venía tramitando, valiéndose para ello de la reedición de testimonios desestimados en su credibilidad en otras investigaciones penales, donde han pretendido vincular con organizaciones insurgentes, no sólo a estudiantes y trabajadores de la Universidad de Antioquia, sino también a sus directivas y a miembros de organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad de Medellín. Es de recordar partes del discurso pronunciado por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 8 de mayo, cuando para deslegitimar las denuncias sobre las Ejecuciones Extrajudiciales en el país, sostuvo que: “Estamos obligados a denunciar que también hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública”.⁴

Se suma la elaboración de un documento apócrifo, en el que se escanean el logotipo de la Corporación Jurídica Libertad y las firmas de dos de sus abogados; texto ficticio donde se consigna un informe de inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Convenio con las Fuerzas Armadas, el cual se presenta como una denuncia en contra de organizaciones y personas por parte de la Corporación por sus presuntos vínculos con organizaciones insurgentes.⁵

Estas judicializaciones y señalamientas vienen acompañados de “Hechos como la permanencia de controles ilegales de todo tipo en diversos sectores de Medellín, realizados por múltiples grupos armados ilegales, así como restricciones a la libre movilización de los ciudadanos y ciudadanas, junto con la proliferación de amenazas colectivas y generalizadas mediante panfletos e intimidaciones, al igual que desplazamientos forzados intraurbanos, dinámicas de reclutamiento forzado, trata de personas, acciones de violencia sexual, amenazas a la libertad sindical e intentos de construir procesos judiciales infundados y detenciones arbitrarias, son algunas de las prácticas más denunciadas durante esta Asamblea Ciudadana. Como responsables de estas violaciones de derechos humanos, aparecen un amplio y difuso conjunto de grupos armados ilegales, grupos de paramilitares y desmovilizados que mantienen acciones criminales, grupos de vigilancia ilegal ¨Convivir¨, así como integrantes de la fuerza pública y entidades estatales que sea por acción o por omisión, son responsables de acciones de restricción a las libertades ciudadanas.”⁶

Inminente nueva ola de detenciones masivas y arbitrarias en los Montes de María

La Mesa de seguimiento y acompañamiento a las comunidades de Montes de María ha tenido conocimiento que en las zonas donde operaron los paramilitares, el Ejército y en especial la Infantería de Marina, instrumentando testimonio pagos de aquellos, de delincuentes comunes, viciosos y desertores de la guerrilla como Luis Alfonso Hernández Sánchez “Comandante Horacio”, han elaborado “informes de inteligencia” en los cuales aparece como “narcoterrorista” la base social que no fue funcional a la estrategia paramilitar. En especial, líderes comunales y sociales. Al parecer la Fiscalía ha emitido cientos de órdenes de captura contra campesinos y líderes de los corregimientos de Tierra Grata y el Hobo en jurisdicción de Carmen de Bolívar –Bolívar- y Salitral y Don Gabriel en el municipio de Chalán –Sucre-.⁷

Amenaza a organizaciones y personas pertenecientes al Comité de Impulso y Capítulo
 Cundinamarca-Bogotá del MOVICE8

El 07 de mayo se conoció por parte del MOVICE un panfleto amenazante suscrito por las “Águilas Negras Bloque Metropolitano de Bogotá” que se ha distribuido en varias localidades de Bogotá. En él se anuncia que “seguimos con nuestra campaña de reconstrucción de Identidad Nacional y en respuesta a los requerimientos de muchos colombianos, hemos dispuesto el “total rearme de las fuerzas paramilitares” (…) seguiremos recurriendo al exterminio de toda clase de escoria social: guerrilleros y sindicalistas (disfrazados de defensores de derechos humanos) (…) nuestra lista de Objetivos Militares encabezada por la Senadora Piedad Córdoba, defensores de derechos humanos, que vienen sirviendo a la insurgencia de las FARC, ELN, Movimiento Juvenil Bolivariano, Guardias Rojos, Brigadas Antiimperialistas, anarquistas y bandidos guerrilleros, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (…), la Corporación Sembrar, la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Corporación Reiniciar, la Corporación Yira Castro, la Fundación Manuel Cepeda (Iván Cepeda), Asonal Judicial, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CUT (…), MINGA, FUNDIP, ASOPRON, ANDAS, ASDEGO, FENACOA, ASOMUJER, TAO y CODHES; y (…) En esta lista también se encuentran nombres de personas que trabajan activamente en el MOVICE. En un comunicado de prensa el pasado 13 de mayo el Defensor del Pueblo, refiriéndose a este panfleto, rechazó las amenazas y afirmó que “En un escenario progresivo y creciente de amenazas a la vida, la libertad y la integridad por parte de grupos al margen de la ley, señaló la urgente necesidad de fortalecer los programas de protección efectiva a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo amenazados, así como a líderes y voceros de las organizaciones de derechos humanos para garantizarles condiciones de seguridad”.

Atropellos en asentamientos de Cali y a defensor de ddhh

El 2 de marzo inició el proceso de desalojo de la comunidad de los Asentamiento Brisas de Navarro y Brisas de Córdoba. El 17 de Marzo de 2009 después de permanecer 6 días y 5 noches en una toma pacífica de la Plazoleta del Centro de Administración Municipal, la Comunidad llegó a un Acuerdo con la Administración Municipal del Alcalde Jorge Iván Ospina, donde se comprometió a brindar dos meses de albergue con alimentación incluida y a postular, seleccionar, adjudicar y asignar una vivienda digna a las familias de los Asentamientos en un plazo no superior a 12 meses.⁹ Aproximadamente a las 2:00 de la mañana el 18 de mayo, llegaron al asentamiento 10 miembros de la contraguerrilla, a las 6:40, 30 miembros del ESMAD arremetieron contra la comunidad disparando gases lacrimógenos y golpeando a la gente sin mediar palabra, los gases fueron disparados directamente a los rostros de las personas, dejando a Jeferson Valencia Rentería, con una herida de gravedad en el cuello. Durante varios minutos el ESMAD no dejaba sacar el herido para un centro de salud, aproximadamente a las 7:15 a.m. acceden para que un familiar acompañado del defensor de derechos humanos Jhon Fredy Caicedo trasladaran al herido a un centro de salud, cuando los dejan salir proceden a detener arbitrariamente al defensor de Derechos Humanos Jhon Fredy Caicedo perteneciente a la Fundación Guagua, a la Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla, al Nodo del Sur Occidente de la Coordinación Colombia Europa y al MOVICE capitulo Valle, quien ha estado acompañando a dichas comunidades para verificar el respeto a sus derechos.¹⁰

Violación a los derechos humanos de los miembros de Asociación Agraria de Santander¹¹

En lo que va corrido del año el Estado ha detenido a diez campesinos, asesinados a 2 y siete 7 familias han sido desplazadas de la región. El señor Alcalde de Sabana de Torres tiene previsto para el día 06 de mayo, el desalojo de sus tierras a más de 200 familias.

Violación a los derechos humanos a la población del Alto Ariari¹²

– Asesinato de María Sánchez de 60 años de edad, el 16 de abril, en horas de la noche en la vereda Caño Dulce. Se desconocen los autores del crimen, pero es de anotar que no hubo robo de enseres, maquinarias o demás elementos, según informan pobladores de la región.

– Asesinato de Héctor Eduardo Rojas y herido Manuel Murillo, el 29 de abril. Estos dos campesinos se dirigían en una motocicleta desde el casco urbano del municipio de El Castillo hacia la vereda Caño Dulce y a la altura del kilometro cuatro fueron atacados a bala por hombres armados. Según testigos, estos hechos ocurren a escasos metros de un reten del ejército nacional.

– En los caseríos de Medellín del Ariari y el casco urbano del Municipio de El Castillo- Meta, se han distribuido panfletos amenazantes, condenando a muerte a quienes ejerzan el robo, la prostitución y otras actividades delictivas. Los campesinos de la región se encuentran atemorizados por estas amenazas y por los hechos ocurridos en la región y ante la presencia de grupos al margen de la ley, supuestos grupos paramilitares que lidera alias “Cuchillo”. Por estas situaciones se temen nuevos hechos de desplazamiento y más atentados contra la vida de las comunidades.

Actividades del MOVICE y sus integrantes

Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Antioquia

Durante los días 15 y 16 de mayo contando con la participación de más de 250 víctimas de diferentes lugares del departamento como de la Comunas de la ciudad de Medellín.¹³ Quienes nos hemos reunido alrededor de esta Asamblea , hombres, mujeres, jóvenes y niños, convergemos en que Colombia, a pesar de la ficción creada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática, componente central del Estado Comunitario, vive en un desangramiento constante no sólo por las violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos, sino además por la falta de garantías y libertades, la criminalización que pesa sobre quienes osan levantar la voz ante este Estado de impunidad, el olvido de nuestros amores, de nuestros dolores, de nuestras luchas, al que nos obliga el terror difundido por doquier. Ver declaración:

https://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=1

Siluetazo

El 29 de mayo en la Plaza Bolivar se realizó un acto de conmemoración a los estudiantes y trabajadores detenidos asesinados por fuerzas estatales en 1982.

Primer encuentro Regional en la Costa Caribe

El 14, 15 y 16 de realizó en Barranquilla el primer encuentro Regional de Víctimas de Crímenes de Estado organizado por la Agenda Caribe, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el MOVICE, donde participaron más de 250 personas.

Luego de participar en el encuentro, Serafina Cantillo Moreno, líder de la población en situación de desplazamiento en el Municipio de Barrancas (La Guajira), defensora de los derechos de esta población y miembro del Polo Democrático Alternativo, fue amenazada por sujetos desconocidos en su casa.¹⁴

Cuarta Acción Humanitaria en el Nordeste Antioqueño

Las comunidades campesinas del nordeste antioqueño representadas en la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, CAHUCOPANA, realizaron la Cuarta Acción Humanitaria al Nordeste Antioqueño en la vereda Puerto Nuevo Ite, del municipio Remedios, Antioquia durante los días 15 al 19 de mayo del 2009, frente a la necesidad de dar a conocer la crisis humanitaria en la que se encuentran las comunidades campesinas del nordeste antioqueño, las violaciones a los derechos Humanos de las que son víctimas y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, causadas por la implementación de la Operación Atenea, en el marco de la política de Seguridad Democrática, muestra de ello son las ejecuciones extrajudiciales, en las que campesinos de la región son asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate.¹⁵

Campesinos del Catatumbo hacen resistencia pacífica desde un refugio humanitario

Unos 200 niños y adultos se concentraron desde el 29 de abril en un campo de la vereda Caño Tomás, en Teorama, Norte de Santander, para poner de manifiesto sus necesidades en inversión social.¹⁶

Audiencia Ciudadana por la Verdad en el Caquetá

Con la perspectiva de buscar caminos alternativos para esclarecer los Crímenes de Estado, promover la participación y reconocimiento de los derechos de las víctimas y construir una propuesta pública, ética y política que visibilice las acciones de las víctimas y sus procesos de organización y avances en la lucha contra la impunidad en el departamento del Caquetá, se llevo a cabo la Audiencia Ciudadana por la Verdad en el Caquetá el pasado 9 de mayo. Se presentaron en la audiencia 25 casos que relataron ejecuciones extrajudicial, “Falsos positivos”, desplazamiento, tortura, hostigamiento, entre otros. La mesa estuvo precedida Alberto de Colsa de Naciones Unidas, Oscar Prieto, Defensor Comunitario Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán, Iván Cepeda Vargas, del MOVICE, Camilo Alvarez Melo, Delegado de la Contraloría, la Senadora Gloria Inés Ramírez, Miloz Kusz, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas OACNUDH, María del Pilar Silva, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Domingo Emilio Pérez Cuellar, Presidente Corporación Caguán Vive.

Derechos de las víctimas y defensores/as

Recobran la libertad 12 líderes de Arauca17

El 13 de mayo recobraron su libertad, Martín Sandoval, Presidente de la Seccional en Arauca del Comité Permanente de Defensa de los DDHH y 11 líderes sociales más de la región acusados de rebelión por la estructura de apoyo de la fiscalía y detenidos desde el 4 de noviembre de 2008

Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Por 8va vez incluyó en el capítulo IV de su Informe Anual a Colombia por considerar que en el país persisten situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos

Humano. Leer informe: http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/indice2008.ht

Buscando pruebas para la verdad y la justicia en Colombia¹⁸

En una prisión de Washington D.C, los senadores de la República, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, en compañía de tres representantes del MOVICE, se reunieron con Salvatore Mancuso. El MOVICE considera que la extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico de los 16 principales jefes de los grupos paramilitares ha impedido que se conozca la verdad sobre los líderes políticos, agentes estatales y empresarios que ordenaron la perpetración de miles de crímenes de lesa humanidad en Colombia; obstruir los procesos de investigación y juzgamiento que se adelantan en el país y negar el acceso de las víctimas y sus representantes legales a la justicia. A pesar del insistente llamado a que se asegure el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, las autoridades de Estados Unidos y de Colombia no han suscrito aún ningún acuerdo de cooperación judicial que garantice la continuidad eficaz de los procesos. El objetivo de la reunión sostenida no ha sido un diálogo sino una escucha a los contenidos de sus solicitudes. El MOVICE ha exigido a los jefes paramilitares aportar a las autoridades judiciales la información sobre los responsables y beneficiarios de las masacres, asesinatos y desapariciones, violaciones sexuales, desplazamientos forzados que cometieron, así como las pruebas y documentos que sustenten esa responsabilidad. De igual forma se les ha exigido que sean restituidos los patrimonios y las tierras usurpadas a las víctimas.

Juicios por “falsos positivos”

El 22 de mayo fueron puestos en medida de aseguramiento 17 militares por los asesinatos de 11 jóvenes de Soacha. Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=EsAR7YowNhM&feature=related

El 26 de mayo la Procuraduría abre investigación a 5 militares por la muerte de Fabio Nelson Rodríguez, presentado como guerrillero en Antioquia. Las pruebas del Ministerio Público señalan que Fabio Rodríguez hacía parte de la población civil y no de un grupo armado ilegal.¹⁹