Boletín Nº 4: Sigue la persecución al MOVICE y sus integrantes

El Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE) agrupa a las víctimas de crímenes de Estado entendiendo como víctimas cada colombiano y colombiana que ha sido afectado/a por la violencia estatal. Se calcula que desde los años ochenta el Estado Colombiano ha sido responsable de alrededor de 70.000 muertos y desapariciones por acción u omisión. En su búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, el MOVICE ha tenido que enfrentar una persecución política continua. En un esfuerzo conjunto de varias organizaciones y personas nos hemos puesta la tarea de hacer un boletín informativo sobre la situación de seguridad del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y sus integrantes de forma mensual.

Persecución al MOVICE y sus integrantes

Detención integrante del Capítulo Sucre del MOVICE

El 15 de noviembre Carmelo Agámez, integrante del MOVICE en Sucre fue capturado y posteriormente encarcelado por orden de la Fiscalía. Carmelo goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 junto a 17 líderes sociales del departamento de Sucre pertenecientes MOVICE después de que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos comprometidos con la estrategia paramilitar en la región.1 Carmelo se encuentra actualmente detenido en el patio 2 de la cárcel de Sincelejo, en la que se encuentran muchos de los paramilitares de San Onofre que él  y las víctimas de Crímenes de Estado se han atrevido a  denunciar. Por la situación de seguridad de Carmelo Agámez pedimos su inmediato traslado.2

Detención masiva de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en Arauquita (Arauca)

El 04 de noviembre un operativo compuesto por la Fiscalía, DAS, CTI y Policía Nacional capturaron a 16 dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos. Entre ellos Martín Sandoval Rosso, defensor de Derechos Humanos y Presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y Guillermo Díaz, Presidente del Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios SINTRAOVA. Martín Sandoval Rosso y los compañeros del Sindicato SINTRAOVA, participaron activamente denunciando la represión sufrida en su contra y por las demás organizaciones y sectores sociales en la pasada Audiencia Pública por la verdad realizada por el MOVICE y la Comisión de Audiencias y Derechos Humanos del Senado, en Arauquita el pasado 31 de julio. 3

Capturas a miembros de organizaciones estudiantiles, profesores y egresados de las universidades públicas de Bogotá

Entre el 13 y 14 de noviembre la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos tuvo conocimiento de 6 capturas realizadas por la dirección de policía Judicial DIJIN, y emitidas por la Fiscalía 12 Especializada de la Unidad de Antiterrorismo y de un total de 70 órdenes de captura para estudiantes, profesores de universidades y colegios, y para lideres comunitarios y políticos de la ciudad de Bogotá. (…) Este proceso coincide con recientes amenazas que han circulado en diferentes universidades, suscritas por las Águilas Negras, donde acusan a los miembros del movimiento estudiantil de ser subversivos, declaran varias universidades como objetivo militar y dan un listado de estudiantes y trabajadores universitarios a los que amenazan directamente de muerte.4 A la vez, en el marco del mismo proceso se ha descubierto la intercepción de los correos electrónicos de aproximadamente 150 personas y organizaciones, entre ellos varios integrantes del MOVICE como Fensuagro, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Manuel Cepeda y Yira Castro; como también el reconocido periódico Le Monde Diplomatique, la FIDH, Justice for Colombia y una persona de las Naciones Unidas en Bogotá.5

El Observatorio para la Protección de los Defensores de DDHH denuncian amenazas contra defensores en Nariño

Grupos paramilitares llamados “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” amenazaron telefónicamente en el departamento Nariño a defensores, víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos, tales como la Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ), la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño (CPDH-Nariño) y la Corporación Humanidad Vigente, varios de estos perteneciendo al MOVICE. En las amenazas se afirma que estas organizaciones tienen un plazo de un mes para salir del territorio y señala a los miembros de las mismas como “guerrilleros hijueputas”. El 23 de octubre de 2008, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos de Nariño tales como el CPDH, el Capítulo de Nariño del MOVICE y la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, así como organizaciones defensoras de los derechos de los indígenas y en general los indígenas del departamento, recibieron por correo electrónico un comunicado público del grupo paramilitar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, el cual alega que ese grupo está obligado a seguir con lo que denomina “una lucha anti-subversiva y en defensa de los intereses de la Patria”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en noviembre su preocupación sobre la situación de amenazas a organizaciones en Nariño. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, por su lado urge a las autoridades colombianas a que adopten todas las medidas oportunas y apropiadas para que todos los defensores de derechos humanos en Colombia reciban una protección eficaz.6

Ataque a representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

El 1 de noviembre fue víctima de un atentado por paramilitares el representante legal de la Comunidad de Paz, Jesús Emilio Tuberquia. Jesús Emilio (…) fue abordado por dos hombres de civil y reconocidos paramilitares. Uno de ellos sacó un arma corta apuntándole a la cabeza y le dijo “te vamos a matar”. Jesús Emilio logró empujar el paramilitar que tenía el arma y en el forcejeo a Jesús Emilio se le cayó el morral en el que portaba documentos y papeles de la comunidad, su identificación, dinero de la comunidad y el celular. Los paramilitares recogieron la mochila y se fueron.7 El 16 de noviembre el ejército entró al caserío de la Unión (perteneciente a la Comunidad de Paz), encerraron el caserío y dijeron que esa h.p. comunidad era guerrillera y que la tenían que acabar como fuera.8

Asesinado Carlos Rodolfo Cabrera

El 28 de noviembre Carlos Rodolfo Cabrera fue asesinado sobre las 19:00 por sicarios en Arauqita (Arauca). Carlos Rodolfo lideraba actualmente el comité de desplazados de Arauquita, y se había desempeñado como secretario ejecutivo de la Asociación Campesina de Arauca (ACA). Había sido cobijado con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el programa de protección gubernamental, a raíz de la persecución desatada en contra de la ACA. Carlos Rodolfo era también sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.9

Amenaza integrante Colectivo José Alvear Restrepo (CCAJAR)

El 4 de noviembre un hombre que se identificó como Luis Fernando Urrego se comunicó telefónicamente con la madre de la Sra. Diana Nocua Caro, para indagar sobre su paradero, ya que requería con urgencia alertarla sobre una supuesta situación de riesgo. Aproximadamente a las siete de la noche del mismo día, el hombre llegó a la vivienda en una camioneta en compañía de otro sujeto, esta vez identificándose como miembros de la SIJIN – Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional. Los sujetos afirmaron a los familiares de la defensora de derechos humanos, que éstos se encontraban en peligro y que requerían medidas de protección. Dijeron que desde hace varios meses hacían seguimiento tanto a la Sra. Diana Nocua como a su compañero sentimental, que habían descubierto que éste "estaría involucrado en actividades de apoyo a la insurgencia", y que por ello era requerido por la Fiscalía General de la Nación. El 5 de noviembre de 2008 y ante la gravedad de los hechos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo averiguó con las autoridades correspondientes la veracidad de la información suministrada. Ni en la base de datos de la Policía Nacional ni en los servicios de inteligencia de la SIJIN aparecía registrado el sujeto Luis Fernando Urrego.10

Amenazas al integrante del MOVICE Iván Cepeda

El 5 de noviembre supuestas “Autodefensas de Cundinamarca” a través de un panfleto amenazaron de muerte al personero de Soacha, Fernando Escobar, que ha sido responsable para las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que se han presentado en la localidad. El personero afirmó que el panfleto también amenaza y señala como guerrilleros al senador Gustavo Petro; a Iván Cepeda; a la activista de Derechos Humanos, Jael Quiroga; y al director de Codhes, Jorge Rojas.11

Actividades del MOVICE

Visita de la Comisión Ética de la Verdad12

Entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre se encontraron en Colombia 6 de sus miembros, tiempo durante el cual visitarán comunidades en Putumayo, Sucre, Bajo Atrato y Antioquia. Con motivo de esta visita, el 6 de noviembre de 2008 se hizo la entrega pública del informe preliminar “Daños causados por el desplazamiento forzado en Comunidades del Bajo Atrato (Chocó) y Dabeiba (Antioquia)”.13

Derechos de las victimas

Audiencias Públicas por la Verdad

El día 20 de noviembre la Comisión de los Derechos Humanos del Senado, representantes de los organismos de control, la senadora Gloria Ramírez y el Alcalde de Soacha Luis Ernesto Martínez, celebraron junto con integrantes del MOVICE y representantes de la minga indígena una audiencia pública sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos. Recibió atención especial el caso emblemático de los 11 jóvenes de Soacha que fueron desaparecidos y luego encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) y mostrados a la opinión pública como guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército.14 La próxima Audiencia se va a realizar en Ocaña (Catatumbo) el 4 de diciembre, que también se va a enfocar en el tema de ejecuciones extrajudiciales.

Los “falsos positivos” del Ejército Nacional colombiano

El 2 de noviembre, el Ministerio Público tenía 1.019 investigaciones en curso en todo el país de casos de “falsos positivos”.15 Por presión de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional se han podido destapar algunos casos emblemáticos, que constituyen solo una parte pequeña del total de los casos denunciados en los últimos años. En Sucre se dio la separación del servicio activo de 13 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, por las muertes de siete jóvenes en Sahagún (Córdoba), registradas como bajas en combate cuando figuraban como desaparecidos. El nombre de esta unidad y sus operaciones ya figuraban dentro de hechos similares, como el de los 11 jóvenes desaparecidos hace un año en Toluviejo, y que murieron en supuestos combates.16

Sesenta Familiares de 50 víctimas de falsos positivos de la IV División del Ejército, al mando del General Guillermo Quiñónez, exigieron el 13 de noviembre verdad y justicia con carteles y fotografías de sus seres queridos frente de las instalaciones de La Fiscalía General de la Nación de Bogotá.17 Luego fueron hasta la embajada de Estados Unidos para entregar una carta donde pedían que el gobierno estadounidense deje de dar ayuda económica y militar a la IV división del ejército, como ya lo han hecho con tres unidades militares, y que se investigue y destituya al General Quiñonez.

Visita a Colombia de la Alta Comisionada de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, emitió el 1 de noviembre un informe en el que denuncia existen indicios que demuestran la "práctica sistemática" de ejecuciones extrajudiciales en Colombia por parte de las fuerzas de seguridad. "Estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales, parece ser que esta práctica es sistemática", afirmó Pillay en un comunicado de su oficina. También afirmó que estas muertes podrían ser delitos de lesa humanidad y, por tanto, perseguibles por el Tribunal Penal Internacional (TPI) siempre y cuando la justicia local no actúe para esclarecer los delitos y castigar a los responsables.18 En su visita, miembros del MOVICE tuvieron la oportunidad de reunirse con Pillay.

Pronunciamientos sobre la aprobación del proyecto de la Ley de Víctimas

El proyecto de Ley aprobado el pasado 13 de noviembre en el Senado desconoce la voluntad de las víctimas y sus organizaciones y es una vulneración frontal a los derechos y principios consagrados en la Constitución, y en tratados internacionales de DDHH. Para leer en detalle los puntos en los que el MOVICE explica su rechazo al proyecto de ley ir a: https://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=1

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tal como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Internacional de Justicia y Transicional han expresado su profunda preocupación por el texto aprobado ya que afecta seriamente la legitimidad de la política estatal de reparación. Además advierten que el proyecto actual de ley de víctimas introduce factores de discriminación entre las víctimas que son inaceptables desde el punto de vista de la universalidad del derecho a la igualdad.19

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a la República de Colombia del 17 al 21 de noviembre de 2008. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por el Comisionado Víctor Abramovich, Relator para Colombia, quien contó con el apoyo técnico de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva. El Relator planteó en las reuniones que tuvo con varios ministros y representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, sus inquietudes y preocupaciones con relación a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el proyecto de ley sobre reparación a las víctimas del conflicto armado, y las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, así como sobre situaciones de riesgo que afectan a defensores de derechos humanos.20 A la vez, organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos colombianos, entre ellos Iván Cepeda del MOVICE, se reunieron el pasado 20 de noviembre en Washington con congresistas demócratas y republicanos y con asesores de Barack Obama, para manifestar su rechazo ante el proyecto de ley.21