Boletín Nº 6: Enero con más inseguridad

El Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE) agrupa a las víctimas de crímenes de Estado entendiendo como víctimas cada colombiano y colombiana que ha sido afectado/a por la violencia estatal. Se calcula que desde los años ochenta el Estado Colombiano ha sido responsable de alrededor de 70.000 muertos y desapariciones por acción u omisión.

En su búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, el MOVICE ha tenido que enfrentar una persecución política continua. En un esfuerzo conjunto de varias organizaciones y personas nos hemos puesta la tarea de hacer un boletín informativo sobre la situación de seguridad del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y sus integrantes de forma mensual.

in English

Carta abierta sobre la persecución oficial a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO)1

El objeto de la carta es poner de manifiesto la profunda preocupación y rechazo a las constantes y reiterativas persecución política contra la federación, lo que ha trascendido al plano del encarcelamiento, el señalamiento gubernamental, los asesinatos contra sus afiliados, las amenazas por fuerzas al margen de la ley, y el destierro de miles de sus líderes en el territorio nacional; hechos que por demás que se denunciaron ante el gobierno nacional y la opinión pública nacional e internacional, no han detenido la oleada criminal contra FENSUAGRO. (…) Ya sobrepasan los mil quinientos (1.500) miembros de Fensuagro asesinados en sus treinta y dos años de existencia, ocho (8) de ellos en el año 2008 y lo que va corrido del 2009. A todos estos asesinatos se suma más de sesenta (60) líderes y lideresas, campesinos (as) detenidos y judicializados, muchos de ellos de forma arbitraria y sin el debido proceso. Hechos recientes:

– El día 1º de enero, es asesinado el dirigente agrario Adolfo Tique, directivo del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima SINTRAGRITOL y miembro del Polo Democrático Alternativo, Adolfo fue apuñalado por un individuo llamado José Vicente Acosta alias “Pacheco”, quien fue capturado y puesto horas más tarde en libertad por las unidades militares que se encontraban en el municipio de Prado Tolima donde ocurrió el hecho.

– El día 7 de enero, es encontrado asesinado el campesino Diego Ricardo Rasedo Guerra, en jurisdicción del municipio de Sabanas de Torres, departamento de Santander. Diego, afiliado a la Asociación Agraria de Santander “ASOGRAS” había desaparecido el día 4 de enero del mismo año y encontrado asesinado de un tiro en la boca.

– El 16 de enero, es asesinado el dirigente campesino Arled Samboni Guaca en el municipio de Argelia Cauca, por dos individuos que le dispararon en siete oportunidades.

Detención de Harry Yesid Caicedo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Nariño2

El 14 de enero fue detenido arbitrariamente el señor Harry Yesid Caicedo Perlaza, directivo del CPDH de El Charco, integrante de la Organización de Comunidades Negras de El Charco ORGANICHAR, el Concejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje y la Coordinadora Social del Pacífico. La detención y posterior allanamiento se realizó como producto de una permanente persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios de esta zona, quienes en anteriores ocasiones han sido víctimas de constantes señalamientos por parte de las autoridades, fuerza pública y grupos paramilitares. En el momento el compañero Harry Caicedo se encuentra detenido injustamente en la ciudad de Buenaventura – Valle del Cauca, acusado por el delito de rebelión y concierto para delinquir, situación que se ha repetido constantemente contra los defensores de derechos humanos y organizaciones encargadas de realizar denuncia pública en el departamento. Actualmente 5 miembros del CPDH están vinculados en falsos procesos judiciales.

Grupos paramilitares amenazan dirigentes en Putumayo3

El 14 de enero se recibió un fax en la oficina del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Nariño del Grupo Paramilitar “Bloque Central Nueva Generación Águilas Negras” declarando como objetivo militar a líderes y políticos del Putumayo. Estos hechos se suman a las reiteradas amenazas de grupos paramilitares que llegaron a organizaciones sociales y políticas en el departamento de Nariño durante todo 2008.

Presencia paramilitar en Inza y Antioquia

Un grupo de 50 hombres armados, algunos con morrales camuflados, con armas cortas y largas, con pasamontañas ingresaron desde el pasado 3 de enero al municipio de Inza. Los paramilitares afirmaron que van estar en la región, van a convocar a las reuniones y que tienen una lista de personas que no deben estar en la región. En este municipio se han presentado ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares y se han desatado dinámicas de falsas judicializaciones en la que han participado agentes estatales para obstruir la investigación de los crímenes de Hortensia Tunja y Manuel Tao, ambos presentados como falsos positivos en 2006. 4

El 16 de enero en la vereda Alto Tamar del municipio de Remedios (Antioquia) se presentó ante la comunidad campesina un grupo de hombres armados que se identificó como perteneciente a las “Águilas Negras”, quienes procedieron a hostigar y retener al señor Boris León, campesino de esta región. El 17 de enero en la vereda Carrizal, dos encapuchados vestidos de negro hicieron presencia ante la comunidad. Estos hechos generan intranquilidad en la comunidad campesina de esta zona, que ha sido víctima durante los últimos años de hostigamientos, amenazas, desplazamientos forzados y muertes selectivas. 5

Amenazas de exterminio a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó6

El sábado 17 de enero de 2009, Reinaldo Areiza, miembro de la Comunidad de Paz, recibió una llamada telefónica de Wilfer Higuita, un joven que habitaba antes en la vereda La Unión, quien le dijo que sabía que varios de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz tenían problemas muy serios con la Fiscalía, pero que había una persona que podría ayudarles a solucionar esos problemas. Reinaldo le respondió que él no tenía ningún problema con la Fiscalía y que por lo tanto no necesitaba hablar con nadie. Menos de cinco minutos después, Reinaldo recibió una llamada del celular No. 312-7206117, de alguien que se identificó como un Coronel de la Brigada XVII, quien le dijo que quería conversar con él sobre problemas de la Comunidad. Como Reinaldo le respondió que no tenía nada que hablar con ellos y que la Comunidad no tenía problemas judiciales, el Coronel le manifestó que buscaban su ayuda para destruir la Comunidad de Paz, para lo cual le ofrecerían mucho dinero. También le pidió ayuda para la entrega de dos guerrilleras que quieren entregarse al Ejército, ofreciéndole dos millones de pesos por cada gestión. Frente a la solicitud de encontrarse para concretar las ofertas, Reinaldo se negó rotundamente a cualquier concertación.

Desplazamiento forzado de indígenas por explotación minera7

A raíz del inició de la exploración ilegal, inconsulta, arbitraria del Cerro Usa-Kira para la extracción de oro, cobre, molibdeno la comunidad indígena que habita en Coredocito (Chocó) se ha visto obligadada a desplazarse. Los indígenas manifestaron que su desplazamiento se debió a la militarización de su territorio y la invasión inconsulta de la empresa Muriel Mining Corporation. Cerca de 400 indígenas de las comunidades y cerca de un centenar de afrodescendientes en un acto de protesta se movilizaron el 8 de enero a Coredocito en donde exigieron a la Empresa y a los militares respetar sus territorios colectivos y la decisión de no exploración ni explotación del Cerro.

Combates en territorio indígena8

Los días 3, 4 y 5 de enero se presentaron combates entre la Fuerza Pública y las guerrillas de las FARC, en la Vereda La María, El Trapiche y La Julia (resguardo Indígena de Tacueyó) en el departamento del Cauca. Las confrontaciones se iniciaron el día 3 cuando hace presencia el ejército en la zona, transportados en helicópteros y desembarcados en la cancha de la vereda.  De inmediato tomaron posiciones en las viviendas cercanas y escuelas, que fueron impactadas por disparos de fusil en paredes, ventanas y techos. Consecuencia de toda esta confrontación a día 5 de enero se encuentra una persona herida y 150 personas de la vereda que se encuentran  concentradas en la escuela por temor a los combates.

Allanamiento en la “Casa Salmón Cultural” y agresiones a Yuri Neira9

El 16 de enero el DAS por orden de la fiscal 304 ante el DAS realizó un allanamiento del centro social “el Salmón Cultural”, sin que hubiera encontrado cualquier material ilegal o delictivo. El 17 de enero a las 20:30 dos hombres se presentaron en el “Salmón Cultural”, uno de ellos preguntando por la Sra. Yuri. Cuando Yuri Neira le respondió que no se encontraba en el lugar, el otro hombre le dijo “este es, dele, dele”. El que preguntó cogió a Yuri Neira del brazo mientras el otro le repetía “hágale, hágale”. Afortunadamente llegaron varias personas y se pudo cerrar la puerta dejando a los dos hombres fuera del local, quienes intentaron frustradamente por cinco minutos entrar por la fuerza.

Actividades

Acto de memoria víctimas de la masacre del 16 de mayo del 1998 en Barrancabermeja10

El día 23 de enero en la ciudad de Bucaramanga la Fiscalía entregó los restos de 5 personas que fueron identificadas de la Masacre del 16 de mayo de 1998 cometida por los paramilitares. Se hizo una velación en el lugar de donde se llevaron algunos de los desaparecidos donde se colocaron los ataúdes de los 20 desaparecidos restantes y diferentes actividades en relación a la memoria de las víctimas.

Consulta de los Pueblos11

El 24, 25, 26, 27, 28 de febrero de 2009 se realizará la Consultas de los Pueblos en los territorios afectados por  la implementación del Proyecto Mandé Norte por parte de la empresa estadounidense Muriel Mining y el  Proyecto Pantanos – Pegadorcito por la empresa suiza a CARBOLOMA S.A. o CARBONES DE LA LOMA S.A., filial de la empresa Suiza GLENCORE INTERNACIONAL AG, que afectará  a comunidades indígenas, negras y mestizas. Las comunidades realizarán una consulta abierta a la presencia nacional e internacional de organizaciones de la sociedad civil donde  manifestaran su decisión respecto a la aceptación o rechazo de estos Proyectos Mandé Norte, que exploraría y explotaría oro, cobre y molibdeno.

Derechos de las víctimas

Procuraduría solicitó a la Fiscalía que acuse a militares por la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó12

El Ministerio Público le solicitó a la Fiscalía el 13 de enero que acuse a un coronel, un mayor y seis militares más por la masacre de 8 personas de la Comunidad ocurrida en 2005. Después de cuatro meses de que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento contra el coronel Orlando Espinosa y el mayor José Fernando Castaño, sindicados en el expediente de la masacre, la Procuraduría le solicitó a la Unidad de Derechos Humanos del ente investigativo que profiera resolución de acusación contra ambos oficiales, acusados como posibles autores de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y actos de barbarie. Por cuenta de este crimen están vinculados en el proceso 83 miembros de la institución castrense y ocho paramilitares. El 28 de enero la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al coronel Orlando Espinosa, el mayor José Fernando Castaño y otros ocho militares por su presunta responsabilidad en la masacre.13

Ejecuciones Extrajudiciales14

Un Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos profirió medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, en contra de trece militares de la decimosexta brigada del Ejército, con sede en Yopal Casanare por su presunta participación en asesinatos selectivos. La investigación que se adelanta, responsabiliza a los uniformados por la desaparición y muerte de varias personas de municipios del departamento del Casanare para luego ser presentados como bajas en combate. 

Iván Cepeda: “No es por plata”15

En diciembre pasado, el Consejo de Estado sentenció a la Nación a indemnizarme a mí y a mi familia por el asesinato del senador Manuel Cepeda. A pesar de reconocer la responsabilidad estatal en dicho crimen, el reconocimiento viola el derecho a la verdad. El alto tribunal aceptó la responsabilidad sólo por la omisión de los funcionarios públicos al no proteger la vida del senador Cepeda, y no por la acción criminal que urdieron y ejecutaron miembros del Ejército Nacional en compañía de paramilitares, como ya ha sido demostrado. En múltiples ocasiones se me ha acusado públicamente de lucrarme con los dineros de la reparación a las víctimas. Dichas acusaciones han provenido incluso del propio Presidente de la República, quien me ha calificado de “posar de víctima de violación de derechos humanos” y de utilizar la protección de las víctimas para “pedir plata en la comunidad internacional”. El hecho de que la sentencia proferida riña con mi derecho a la verdad, y que se utilice en forma permanente la calumniosa acusación de que me enriquezco con la labor de derechos humanos que realizo, me ha llevado a tomar una decisión. En forma individual, renuncio a toda indemnización por el caso del asesinato de mi padre. Donaré esos dineros a un fondo para que algunos de los hijos y descendientes de víctimas del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica puedan recibir educación.

Caso del asesinato del ex-alcalde del Roble (Sucre) será presentado a la CIDH16

El 5 de abril de 2003 hombres armados asesinaron Eudaldo Léon Díaz Salgado, ex-alcalde del Roble, un mes después de que el propio Salgado denunciara el hecho frente al presidente de la República, Álvaro Uribe, al decir en un consejo comunal: “Presidente, a mí me van a matar”. El defensor de la familia Díaz, anunció que “vamos a denunciar este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, porque son paramilitares y algunos miembros de la Fuerza Pública comprometidos en homicidio, desaparición forzada, homicidio agravado y concierto para delinquir”. En este momento solamente estén investigando a algunos paramilitares, cuando autoridades de la región en la época también estarían implicadas.

CIDH ordena medidas cautelares en favor de dirigentes del CRIC17
Se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 32 dirigentes y asesores del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC-, solicitó la CIDH al Estado Colombiano, en virtud de una petición presentada el pasado mes de octubre por la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". La exigencia de protección al Estado colombiano se produce un mes después de la ejecución extrajudicial cometida por el Ejército Nacional del comunero Edwin Legarda , esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Quilcué

La Justicia Militar pide que se le adjudique el caso del magnicidio del Palacio Justicia
La juez especializada Estela Lara, quien adelanta el juicio contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, investigado por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, rechazó entregar ese proceso a la justicia penal militar.18 Días antes, Amnistía Internacional se había pronunciado frente a la petición de traslado del caso. "El sistema de justicia militar ha sido clave para garantizar que la impunidad sigue siendo una característica distintiva del largo conflicto interno que afecta a Colombia”, ha declarado Marcelo Pollack, investigador de Colombia de Amnistía Internacional.19