El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE rechaza y denuncia los bombardeos contra la población civil realizados el 27 de octubre del 2011 en el nordeste antioqueño. Dichas bombas cayeron en la finca de la vicepresidenta de la Corporación acción humanitaria por la convivencia y la paz del Nordeste Antioqueño – CAHUCOPANA, organización campesina que hace parte tanto del MOVICE a nivel nacional como de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio – ASORVIMM. Exigimos que se investiguen estos hostigamientos proferidos contra de la población civil que se sabe habita en la zona y que se abstenga de realizar este tipo de acciones bélicas que ponen en riesgo la vida, la integridad física y la permanencia de los campesinos.
Antecedentes
1. La Corporación Acción Humanitaria por la convivencia y la paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA, es una organización campesina que ha venido trabajando en los municipios de Remedios y Segovia desde el 2004 en torno a la defensa de los derechos humanos, la exigibilidad a una vida digna y el derecho a la tierra y el territorio.
Participó en la organización y el desarrollo del Encuentro Nacional de Comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia, evento en el cual también participó el MOVICE y diversas otras organizaciones integrantes del MOVICE.
2. Fanny del Socorro García Tapias, vicepresidenta de CAHUCOPANA, es miembro fundadora de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio – ASORVIMM. ASORVIMM he realizado un trabajo constante de memoria y formación con las comunidades campesinas del nordeste antioqueño, y numerosas personas de esta zona han participado en actividades del MOVICE a nivel nacional.
2. En el marco del trabajo que CAHUCOPANA lleva a cabo ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte, hostigamientos y ejecuciones extrajudiciales contra sus líderes e integrantes.
Hechos
1. El día 27 de octubre de 2011, en jurisdicción del Municipio de Remedios, Nordeste antioqueño, en la Vereda Dos Quebradas, a orillas del río Tamar, en la finca Tres Cruces, de propiedad de la señora Fanny del Socorro García Tapias, vicepresidenta de CAHUCOPANA, siendo las 11:05 de la noche, aviones pertenecientes al Ejército Nacional descargaron cinco bombas de alto poder las cuales cayeron a escasos 1000 metros de la vivienda, donde se encontraban 5 adultos y 3 menores de edad.
2. Esto tuvo como repercusión una afectación física y psicológica de los miembros de la familia y en general a las comunidades cercanas al sitio de los hechos. Una de las consecuencias ha sido la crisis nerviosa generada a la señora Fanny del Socorro García quien tuvo que ser dirigida a la ciudad de Barrancabermeja para que se le preste la atención medica requerida.
3. Estos hechos han generado en las comunidades miedo y preocupación generalizados por la incertidumbre de que estos sucesos pueden volver a presentarse, teniendo en cuenta además que ha sido una región violentada y con un alto riesgo de desplazamiento, debido a ser este, un territorio en disputa por actores armados legales e ilegales.
4. Por otro lado se vio afectado el proyecto productivo de la comunidad campesina, el cual es financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD a través del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que constan de la recría de búfalos. En estos hechos murieron dos Búfalas que estaban en proceso de reproducción. Estos daños y perjuicios a los bienes comunales y la economía campesina son hechos que vulneran la permanencia de los campesinos en su territorio.
Exigimos
1. La conformación de una comisión de verificación urgente al sitio de los hechos con el objetivo de corroborar la situación en la que ha quedado la zona y las comunidades, en pro de las garantías de no repetición de los hechos.
2. Al Gobierno local y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que garanticen el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de los líderes e integrantes de CAHUCOPANA.
3. A las Brigadas del Ejército con presencia en esta zona se aclaren los sucesos presentados y se aplique la sanción correspondiente a quienes dieron las órdenes y las ejecutaron, teniendo en cuenta la infracción al DIH y los derechos humanos de las Comunidades.
4. A la Fiscalía General de la Nación, se investiguen a quien corresponde los hostigamientos proferidos contra de la población civil que se sabe habita en la zona, se establezcan las razones por las cuales se realizan este tipo de acciones bélicas que ponen en riesgo la vida, la integridad física y la permanencia de los campesinos.
5. Exigimos una vez más al gobierno nacional, se brinden las garantías para que las comunidades puedan mantenerse en su territorio garantizándoles la vida y su integridad en el marco del DIH, excluyéndolas de ser parte del conflicto armado.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio – ASORVIMM
10 de noviembre 2011